Tan pronto se levanten las restricciones relacionadas con el aislamiento obligatorio, Uber volverá a las calles colombianas, ahora con el respaldo de la justicia, dado que el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la prohibición que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) había establecido en diciembre de 2019, que dejó a esta plataforma fuera de circulación. El retorno de Uber encenderá de nuevo la absurda oposición a las economías colaborativas que empresas de taxis, algunos sectores políticos y el Gobierno del presidente Duque han mostrado insistentemente, y Colombia de nuevo estará en las noticias internacionales como el país que se opone a la modernización regulatoria. Es urgente disponer de un marco legal que solucione el conflicto. El proyecto de ley de regulación de plataformas de movilidad se hundió sin debate en el Congreso, y Mauricio Toro, su promotor, culpa de ello al Ministerio de Transporte. “El Gobierno se convirtió en gran opositor del proyecto por miedo a las empresas de taxis”, sostiene.
Ángela MarÍa Orozco, ministra de Transporte. El retorno de Uber no será el único factor que encenderá la polémica. Cuando comiencen las sesiones del Congreso, el próximo 20 de julio, serán radicados varios proyectos de ley para regular las plataformas de movilidad, pero el consenso político que se había logrado en la pasada legislatura alrededor de una única iniciativa está roto y será difícil recomponerlo. Toro anunció que presentará de nuevo el proyecto, pero habrá otros. Se sabe que el senador Álvaro Uribe prepara uno, que ha consultado en reuniones en Zoom con empresarios de taxis. ¿Cuál de los dos apoyará esta vez el Gobierno? Por su parte, Colombia Humana y el Polo Democrático se oponen a la iniciativa de Toro; en este punto, la izquierda está alineada con el Ministerio de Transporte en la defensa de las tesis de las empresas de taxis, que rechazan la expansión de los modelos de economía colaborativa en el país.
No se trata de defender una marca concreta, sea Uber, DiDi o similares, sino un enfoque económico surgido en la era digital. Fedesarrollo presentó el primer informe sobre el impacto de las plataformas en la economía colombiana, y resulta que aportan el 0,2 por ciento del PIB y generan 200.000 empleos, según el estudio ‘Las plataformas digitales, la productividad y el empleo en Colombia’. “Las plataformas no son sinónimo de precarización laboral”, afirma Cristina Fernández, una de las autoras de la investigación. El ingreso promedio de un conductor o de un repartidor de domicilios es de 780.000 pesos al mes. El problema es que ganan un salario por hora superior al mínimo vigente en Colombia, aunque no trabajan las horas suficientes para obtener el monto de un salario mínimo mensual. Según Fedesarrollo, cerca del 45 por ciento de la informalidad en el país corresponde a trabajadores independientes que ganan menos de un salario mínimo mensual, y el problema de informalidad es horizontal a todos los trabajadores independientes que generan ingresos en tiempo parcial, no solo a los asociados a plataformas digitales. El estudio pone de relieve la urgencia de avanzar con otro marco normativo que tampoco tuvo trámite en el Congreso: el de la flexibilización laboral que permita afiliarse a la seguridad social con cotizaciones inferiores al salario mínimo, así como permitir la cotización de trabajadores migrantes provenientes del exterior.
Un indicador de mucha importancia es el relacionado con la huella de carbono. El uso de apps ha permitido el ahorro de 40.000 toneladas anuales de CO2, la mitad de ellas en la capital del país, en donde se concentra el 54 por ciento de las actividades de las plataformas. Los colombianos que se dedican parcial o totalmente a trabajar con las apps tienen diferentes niveles educativos: 36 por ciento cuentan con formación técnica y 17 por ciento son profesionales con educación universitaria, muchos con carreras en administración, ingeniería o informática, y casi la mitad de ellos tienen las apps como su fuente principal de ingresos. El estudio corrige una idea generalizada en la ciudadanía: migrantes venezolanos constituyen apenas el 16 por ciento de los trabajadores de las plataformas. Estas empresas también han contribuido a la formalización de la economía. El 30 por ciento de los negocios aliados (generalmente restaurantes) asegura que afiliarse a las plataformas los ha incentivado a pagar más impuestos, como consecuencia de la aceptación de medios de pago digitales; el 22 por ciento a llevar contabilidad y el 18 por ciento a registrarse en las Cámaras de Comercio. Aunque existen centenares de plataformas digitales en el país, un puñado de ellas alcanzó magnitudes enormes. Rappi, por ejemplo, que es un emprendimiento colombiano, es utilizado por 70.000 comercios, y casi 50.000 personas se han dado de alta como ‘rappitenderos’. Rappi ha extendido su operación a nueve países, más de 100 ciudades en América Latina y genera 6.000 empleos directos.
La norteamericana Uber es la más grande en Colombia, con 88.000 conductores asociados. Tras el bloqueo de la app ordenado por la SIC en diciembre, el servicio fue retirado del país, pero regresó el 20 de febrero de este año con una polémica figura jurídica, la del “arrendamiento de auto con conductor”, mediante la cual la compañía evadía la prohibición. La polvareda que desató esa estrategia fue opacada tres semanas después con el inicio del confinamiento obligatorio, que puso en pausa cualquier actividad de transporte.
David Luna, presidente de Alianza In. El fallo del Tribunal Superior y el informe de Fedesarrollo no serán suficientes para vencer los obstáculos que estas empresas enfrentan. El exministro David Luna preside la Alianza In, un recién creado gremio de empresas de la economía colaborativa. Su tarea, dice, es hacer pedagogía acerca de esta economía y el papel que desempeña en el desarrollo del país. En su opinión, no es cierto que algunas plataformas estén en la ilegalidad. “En virtud del principio de neutralidad de la red, todas las plataformas gozan de piso legal, salvo que el Congreso de la República las llegara a prohibir”, explica.
Lo más difícil de un futuro proyecto de ley para regular las plataformas es convencer a los diferentes actores interesados de que no es viable intentar meter a la tecnología dentro de las regulaciones que están vigentes, sino que hay que concebir nuevas regulaciones. Mauricio Toro señala que una tendencia fuerte en la discusión del proyecto de ley de movilidad proponía “taxificar” las apps, es decir, obligar a las plataformas a convertirse en empresas tradicionales de taxis, lo que haría perder todo el sentido a una regulación moderna que responda a la evolución de la economía digital. “Las leyes que regulan a los taxis vienen desde los años setenta y son obsoletas”, afirma el congresista, quien propone quitarles también a las empresas de taxis cargas insostenibles, como los cupos, que constituyen un mercado no legal por valor de un billón de pesos. Quienes pagaron por cupos serían compensados mediante un fondo aportado por las plataformas.
Mauricio Toro, representante a la Cámara. Regular estos servicios no da más espera. En 48 de los 50 estados de Estados Unidos ya hay regulaciones específicas. En Ciudad de México, en La Paz, en Mendoza hay normas vigentes que crearon nuevas categorías de movilidad y aceptaron las diferencias con los modelos tradicionales de transporte. Hay leyes en Panamá, Brasil, Paraguay y Uruguay, y hacen curso legislativo proyectos de ley en Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica. Con enemigos poderosos, incluso entre usuarios inconformes con algunas empresas, la economía colaborativa tiene mucho camino por recorrer antes de cantar victoria. Pero cuenta con un argumento a su favor: un hallazgo relevante de Fedesarrollo indica que, si las plataformas no existieran, al menos el 39 por ciento de quienes hoy trabajan en ellas estarían sin empleo.