El representante Rodrigo Lara, de Cambio Radical, puede abrir la caja de Pandora si logra que el reciente proyecto de ley que presentó ante el Congreso prospere. El legislador propone implementar una ley para dar seguridad jurídica a las empresas que están incursionando en el mercado de las aplicaciones móviles y a la vez proteger a los trabajadores que allí laboran. Los nuevos modelos de negocio disruptivo, que se basan en aplicativos móviles, han generado una serie de cuestionamientos respecto a la seguridad laboral de los trabajadores que prestan, en la práctica, los servicios. Para ejemplificar esto basta con exponer el caso de Uber con una pregunta ¿la seguridad social y los servicios de salud para los conductores que utilizan la plataforma para prestar un servicio de movilidad deben ser pagados por la multinacional? El caso es similar con aplicaciones nacionales como Rappi (que funciona para entregar domicilios en varios puntos de Bogotá), ¿la seguridad social de los mensajeros que entregan los pedidos debe ser pagada por los desarrolladores de la plataforma? Lo que propone Rodrigo Lara es que se defina las partes del nuevo tipo de relación laboral: por un lado, las empresas se denominarán Plataformas de Trabajo Colaborativo, y por el otro quienes se ocupan en ellas serán Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes. La ley garantizaría la afiliación de los trabajadores autónomos económicamente dependientes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema de Riesgos Laborales y estipularía unos requisitos de aseguramiento que incluyen seguros de vida por muerte e incapacidad total y pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, cuyos costes serán asumidos por partes iguales por trabajadores y plataformas. Asimismo, la iniciativa busca garantizar el Derecho de Asociación a los trabajadores autónomos económicamente dependientes al obligar a las empresas a facilitar las condiciones y mecanismos que los trabajadores requieran para organizarse. Con este modelo se podría equilibrar la balanza entre las plataformas y los prestadores de servicio. Por ejemplo, la plataforma Airbnb –en la que particulares prestan su casa como hospedaje de viajeros- podría llegar a un acuerdo de colaboración, enmarcado por la economía colaborativa, con los particulares que prestan el servicio. La complejidad radicaría en la forma en que se sustente este acuerdo. Tarea pendiente El alcance del proyecto de ley podría tener connotaciones históricas. En caso de que el proyecto llegue a buen puerto sectores poderosos como el de los taxistas, en el caso de Uber, o el de los hoteleros, representados por Cotelco, podrían protestar. De entrada, el proyecto de ley legalizaría a las plataformas móviles, algo que al menos en el caso de Uber no ha ocurrido ante las autoridades regulatorias. En segundo término, el proyecto de ley podría darle la razón a Uber que desde el primer momento ha insistido que ellos no prestan un servicio de transporte, lo que hacen es facilitar una intermediación entre un usuario que necesita moverse y un conductor que tiene el medio para transportar. El caso es el mismo con Airbnb, que funciona como conector entre los viajeros y los particulares que pueden facilitar una habitación.