Cientos de propietarios, empresarios, nativos y el propio Estado han vivido más de cuatro décadas de incertidumbre en torno a la propiedad de la isla Tierra Bomba, ubicada a la entrada de la bahía de Cartagena, justo donde están puestas las posibilidades de desarrollo urbano de Cartagena. Esa zozobra parece haber terminado, pues la semana pasada el Instituto de Desarrollo Rural (Incoder) expidió la semana pasada la Resolución 4102, que pone orden en el tema. El instituto logró establecer que la Nación, a través del Ministerio de Defensa y el Distrito de Cartagena, es la propietaria de 871 hectáreas de la isla, mientras que los particulares –incluidos los nativos– tienen las 1.080 hectáreas restantes. La histórica decisión, celebrada por alrededor de 400 propietarios, pondría fin a uno de los procesos más dilatados sobre propiedad de tierras que existía en el país. Durante todo este tiempo muchos de ellos no habían podido llevar a cabo negocios con sus propiedades pues no había certeza de quién era el dueño de las mismas. La disputa comenzó a mediados del siglo XX cuando el gobierno nacional declaró de utilidad pública la totalidad de la isla, desconociendo los derechos de los particulares y la existencia de los corregimientos Tierra Bomba, Bocachica, Caño de Loro y Punta Arena, cuyos habitantes se dedican a la agricultura, la pesca y al turismo. Con el auge turístico, que comenzó hacia la década de 1970, la tensión por la propiedad de Tierra Bomba aumentó. Por un lado, algunas personas recurrieron al fraude o a la intimidación para adueñarse de algunos predios, mientras por el otro, nativos y poseedores no podían registrar sus propiedades o legalizar la compra venta de los mismos, porque a ciencia cierta no se sabía quién podía hacerlo. Para ponerle fin a este mayúsculo problema, la Corte Constitucional ordenó en 2013 al Incoder iniciar un proceso de aclaración de la propiedad. El instituto hizo un arduo trabajo en el que revisó los títulos de propiedad desde la Colonia incluidos documentos antiguos que reposan en el Archivo General de Indias en Sevilla, España. Tras un año de indagaciones se concluyó que el origen a la propiedad en la isla comenzó a mediados del siglo XVI, con el establecimiento de las haciendas Tierrabomba y Carex, así como la Tierra de Indios de Bocachica y el predio de El Chavo. Al seguir la evolución de todas las transacciones hasta hoy día, el Incoder estableció que de las 1.951 hectáreas que conforman la isla, 871 hectáreas solo pertenecen a la Armada Nacional y al Distrito de Cartagena, mientras que las 1.080 restantes son de particulares y nativos. Cada predio fue medido y ubicado con coordenadas exactas. Para Billy Escobar, abogado del 80 por ciento de los propietarios de Tierra Bomba, la resolución, además de marcar un hito en la solución de conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, representa un triunfo para todas las partes involucradas en el litigio pues ahora se sabe con certeza quiénes son los propietarios de la isla. “El conocimiento preciso de quiénes son los verdaderos dueños produce una seguridad jurídica a las transacciones que ellos hagan con sus propiedades”. Sin embargo, la resolución 4 no dejó contentos a todos los cartageneros. Fuentes consultadas por SEMANA señalaron que esta decisión legaliza propiedades adquiridas de manera fraudulenta y que algunas disputas tuvieron consecuencias fatales. No obstante, cada poseedor deberá aclarar o certificar la forma como adquirió su predio para poder registrar sus títulos. Una de las consecuencias de la decisión es que el proyecto de traslado de la Base Naval de Cartagena a la isla de Tierra Bomba quedará aplazado y muy seguramente deberá ser reformulado, pues algunas de las coordenadas que la Armada Nacional había usado para adelantar ese proyecto, son hoy propiedad privada.