El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) nace el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Hasta la fecha, 193 países formamos parte de este, ratificado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 165 de 1994. El CDB tiene tres objetivos: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del manejo de los recursos genéticos. Esto significa que los ecosistemas, las especies y los recursos genéticos deben ser usados en beneficio del humano sin llevar a la pérdida de la diversidad biológica y que cada país asume la responsabilidad de su conservación. El convenio reconoce que las comunidades locales y poblaciones indígenas tienen sistemas de vida tradicionales, prácticas para la conservación de la diversidad biológica y empleo sostenible de sus componentes, lo que tiene importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento. La Ley 165 de 1994 le indica al Gobierno en su capítulo sobre la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica que debe adoptar medidas a fin de evitar o reducir al mínimo los efectos adversos. Se debe proteger y alentar a ese manejo consuetudinario de los recursos biológicos conforme a las prácticas culturales tradicionales compatibles con las exigencias de la conservación o sostenibilidad. También, se debe prestar ayuda a poblaciones locales para prepararlas y aplicar medidas correctivas en zonas degradadas, donde la diversidad biológica se ha reducido. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), ratificada en Colombia mediante la Ley 17 de 1981, tiene como objetivo velar por la conservación y el uso sostenible de las especies de flora y fauna silvestres que son objeto de comercio internacional. En el país, la Cites es implementada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —autoridad administrativa— y los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), el Instituto de Investigación Marina y Costera José Benito Vives de Andréis (Invemar), el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Instituto Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia —somos las autoridades científicas—. La Cites establece tres apéndices para regular el comercio de especies silvestres. Apéndice I: incluye especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. Apéndice II: incluye especies que, si bien en la actualidad no están en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo. Salvo que se controle estrictamente su comercio. Apéndice III: para especies protegidas en por lo menos un país. En la Bahía de Cispata, Córdoba, la población del caimán aguja se puso en peligro de amenaza hace más de 30 años debido a la caza indiscriminada con fines comerciales, por lo que en 1968 el Ministerio de Agricultura restringió su caza. Muchos años mas tarde, la población del caimán seguía mostrando disminución y llegó a tener menos de 20 individuos. En 2002, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) categorizó esta especie como amenazada en Peligro Crítico (CR). Desde 1990, los biólogos Giovanni Ulloa y Clara Sierra —expertos en caimanes y cocodrilos— adelantaron estudios con fines científicos junto a la comunidad y lograron que en Cispata se diera la recuperación de la especie con más de 11.000 individuos para 2018. Hoy, la comunidad de San Antero —en esta región— es la protectora del caimán aguja: ayuda a las estrategias de conservación, hace uso sostenible de la especie y transformó la situación en un proyecto. Es ejemplo para el mundo de una comunidad antes cazadoras que aprendió a cuidar para sobrevivir y conseguir el sustento, razón por la que recibió premios a la conservación de la Fundación Natura y Caracol. *Profesor asociado y director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias. Presidente del Comité Colombiano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.