Durante los últimos meses de la pandemia se han venido incrementando las agresiones verbales en los hospitales, en contra de trabajadores de salud en los servicios de urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo. Un elemento distintivo de estos episodios es la acusación, por parte de los agresores, acerca de su supuesta complicidad con el llamado “cartel del covid”. La Academia Nacional de Medicina ha manifestado su preocupación por estos hechos y por las consecuencias negativas que esto ha tenido para los hospitales, para los médicos, y para los demás trabajadores de salud del país, por lo cual se hace necesario dar claridad sobre esta materia. El asunto del cartel del covid surgió el 23 de mayo pasado cuando el senador Carlos Abraham Jiménez denunció que en Cali había una mayor proporción de pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo (UCI) en comparación con el resto del país. Basado en este dato, el senador señaló la posibilidad de que existiera un “cartel de covid” que consistía en que los hospitales, en vez de internar a un paciente en una cama normal, lo internaban en la UCI. “Si a un colombiano lo hospitalizan, el sistema de salud paga 10 millones. Mientras que si entra a una UCI se paga 30 millones”, planteaba el senador en su denuncia pública.
Una semana más tarde, el ministro Fernando Ruiz, en audiencia en la comisión segunda del Senado, dijo: “Sabemos que hay un incentivo en muchos hospitales y clínicas particulares para tener pacientes en estos servicios más allá del tiempo que se necesita y con un interés puramente económico de tener la cama ocupada y facturar”. Estos dos hechos, fueron ampliamente difundidos en medios masivos, y estimularon una oleada de noticias falsas en las redes sociales sobre los hospitales y sobre los médicos, creando un manto de duda sobre todos ellos. Se decía que los hospitales no solo ingresaban innecesariamente pacientes covid a la UCI para cobrar los supuestos 30 millones (otros hablaban de 50 millones), sino que además hacían pasar pacientes no covid como pacientes covid para poder cobrar ese dinero. Más aún, muchos opinadores, posiblemente en su afán de ganar seguidores y de acumular “likes”, se atrevieron a decir que los hospitales cobraban ese dinero por cada paciente que falleciera por covid-19. Esto generó en el público temores tan absurdos como, por ejemplo, que si su ser querido era ingresado a la UCI era para intubarlo y con esto acelerar su muerte para poder cobrar el dinero. Es claro que los pacientes en estados graves requieren intubación para iniciarles ventilación mecánica invasiva, y también es claro que por la misma gravedad de su estado tienen una alta probabilidad de fallecer. Pero esta relación entre gravedad, intubación y muerte era interpretada por muchos familiares de pacientes en un sentido incorrecto, es decir, el paciente falleció porque lo intubaron y no porque su cuadro era muy grave. Esta nueva narrativa también se reforzó en las redes sociales.
Como consecuencia de estas noticias falsas, lamentablemente se ha lesionado la confianza del público en sus médicos y en los hospitales. Por estas razones es urgente analizar estos rumores, al igual que las declaraciones del senador y del ministro que dieron lugar a ellos, a la luz de otros hechos que explican por qué es muy difícil que exista el supuesto cartel del covid. Entender por qué no existe es importante para dar tranquilidad a la gente sobre el proceder correcto de médicos y hospitales, para recuperar la confianza en estos y para evitar que sigan creciendo las agresiones a los trabajadores de la salud por su supuesta connivencia con este fantasma que deambula por las redes sociales. Para empezar, desde principios de la pandemia se habló sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional asumiera los costos de la atención de pacientes covid en UCI, que estuvieran por encima de lo que las EPS normalmente pagaban por atención de pacientes en UCI antes de la pandemia. En otras palabras, si las EPS tradicionalmente pagaban $100 mensuales en total por atención en UCI, y durante la pandemia este costo se aumentaba, por ejemplo, a $110, el Gobierno nacional pagaría los $10 de diferencia. Estos $10 de diferencia, se le girarían directamente a los hospitales, sin pasar por las EPS. Esto aún no ha ocurrido, como se explicará más adelante. Otro elemento que se suma a esto es que, el Gobierno, siguiendo las recomendaciones de expertos y de la OMS, dio la directriz al comienzo de la emergencia sanitaria a los hospitales para que aumentaran la disponibilidad de camas de UCI para atender la mayor demanda de pacientes covid que se proyectaba para los meses siguientes. Parte de esta directriz consistía en cancelar aquellas cirugías electivas que necesitaran cuidado intensivo en el posquirúrgico inmediato. Adicionalmente, el temor de la gente a contraer el covid generó una disminución sustancial de la demanda de servicios en los hospitales. Estos factores sumados llevaron a una caída drástica en la ocupación de las UCI durante los meses de abril y mayo.
Al mismo tiempo, durante abril y mayo, como resultado de la evolución propia de la pandemia, empezaron a aumentar los casos de pacientes en estados severos de covid. Cuando estos pacientes llegaban al hospital con síntomas respiratorios, los médicos se enfrentaban al temor de que el paciente pudiera complicarse rápidamente, por lo cual, teniendo muchas camas disponibles en UCI, muchos preferían ingresarlos a esta para reducir la incertidumbre. Debido a la falta de conocimiento sobre el posible agravamiento de la condición del paciente, lo cual se explica porque la enfermedad apenas se estaba conociendo, muchos médicos pensaban que era mejor tener el paciente en la UCI para vigilarlo de cerca y actuar oportunamente en caso de agravamiento. Hasta ahí, el ingreso de pacientes a UCI mostraba una variación que en términos de la práctica médica se considera aceptable. La inmensa mayoría de hospitales y clínicas del país son entidades serias y con altos estándares éticos y de calidad, que hacen difícil que ocurran ingresos a UCI que no tengan una justificación médica. Aun así, posiblemente algunos pocos hospitales trataron de ingresar a UCI pacientes que no necesitaban tratamiento allí, con la expectativa de generar ingresos para la institución y compensar así la pérdida de ingresos debido a la baja ocupación. Sin embargo, es poco probable que esta conducta, si es que ocurrió en algunos hospitales al inicio de la pandemia, haya pasado sin ser detectada por los sistemas de control de las EPS, pues, como se señaló anteriormente, estas son las que actualmente están respondiendo por los costos de atención de los pacientes en UCI, sean o no covid. Las EPS no le pueden exigir al Gobierno que les haga pagos adicionales por pacientes covid, pues es su responsabilidad cubrir esos costos con sus ingresos corrientes, que son básicamente la UPC y, desde marzo de 2020, los presupuestos máximos para cubrir las atenciones por fuera del plan de beneficios. Por su parte, los hospitales tampoco le pueden cobrar al Gobierno por los pacientes covid, mientras no se supere el costo que tradicionalmente las EPS cubren con sus ingresos corrientes (es decir, los $100 del ejemplo anterior), lo cual, hasta la fecha no ha ocurrido.
Esto muestra que el argumento del pago de 10 millones por hospitalización y de treinta millones por UCI es falso. Hasta el día de hoy, el Gobierno no ha pagado por los pacientes covid que se tratan en UCI porque aún no se han superado los valores que históricamente pagan las EPS, por lo cual estas han venido pagando las estancias en UCI, tal como les corresponde. De paso, cabe anotar que el hecho de no haber superado los valores históricos de costo por atención en UCI es una señal del éxito logrado con las políticas de contención y mitigación de la pandemia, y aunque ha habido períodos de insuficiencia de camas de UCI en algunos hospitales por algunos días, los pagos totales de las EPS a los hospitales por este concepto no han excedido el valor esperado. Ahora bien, precisamente por tener que cubrir estos costos con sus ingresos corrientes, las EPS hacen control minucioso de los servicios que pagan a los hospitales. Estos controles los han ejercido desde los inicios de su existencia en 1995, y ha sido una fuente permanente de innumerables tensiones con los hospitales y los médicos, tensiones que con frecuencia se traducen en demoras, trámites y barreras de acceso que en muchos casos terminan afectando a los pacientes. No tiene lógica entonces pensar que, teniendo herramientas de control tan minuciosas que incluso causan afectaciones a los pacientes, las EPS hubieran dejado pasar desapercibidos ingresos innecesarios a UCI, o estancias prolongadas sin justificación médica.
Más aún, ante la evidente caída en la ocupación de UCI al inicio de la pandemia, como consecuencia de las directrices del gobierno y del temor del público a acudir a los servicios de salud, el mismo gobierno nacional respondió al clamor de los hospitales por compensar su baja ocupación. El Gobierno entendió esta situación y decidió pagarles a los hospitales por día de cama UCI disponible, es decir, no ocupada. Esto hace menos probable que ocurra una internación en UCI no necesaria. Si en la etapa inicial de la pandemia hubo casos de ingresos a UCI injustificados o estancias prolongadas innecesariamente, es muy poco probable que esto ocurriera después de haber levantado las primeras alertas, porque todos los ojos se pusieron sobre las UCI: las secretarías de salud controlan el censo diario de pacientes, las EPS controlan con más severidad la justificación médica del ingreso a UCI y de la duración de la estancia, el gobierno nacional solicita reportes mensuales para entregar los pagos por disponibilidad de camas de UCI, y la opinión pública está alerta por las noticias falsas del cartel de covid. En estas circunstancias es muy improbable que ocurran ingresos a UCI no justificados o estancias prolongadas innecesariamente. Es necesario enfatizar que los médicos que están enfrentando la pandemia en los hospitales tienen una alta vocación de servicio, ética y profesionalismo, y un alto rigor en la toma de decisiones clínicas de acuerdo con la evidencia científica. Además, la inmensa mayoría de los médicos en los servicios de urgencias, hospitalización y UCI del país reciben un salario por su trabajo y no reciben pagos adicionales por tener más pacientes o menos pacientes en la UCI. Más aún, el ingresar pacientes sin justificación médica incrementaría su carga de trabajo innecesariamente. Por esta razón, no tiene mucho sentido pensar que los médicos se benefician de ingresos injustificados a la UCI o de la prolongación innecesaria de los días de permanencia en estas unidades. La sociedad, en lugar de agredirlos, debería darles muestras de agradecimiento por esa labor de dedicación con sus pacientes.