Una empresa estadounidense anunció este lunes que apelará la decisión judicial que la obliga a indemnizar con 450.000 dólares a un empleado, al que despidió tras sufrir un ataque de pánico a causa de una fiesta de cumpleaños organizada contra su voluntad.
Kevin Berling, quien dice sufrir ansiedad, había advertido a sus superiores en la firma Gravity Diagnostics que no deseaba celebrar este día, explicando que le traía malos recuerdos relacionados con el divorcio de sus padres, según documentos judiciales.
Pero el 7 de agosto de 2019, durante la pausa para el almuerzo, Berling se vio sorprendido por el saludo de “feliz cumpleaños” de varios colegas y una pancarta alusiva a la ocasión en la sala de descanso de la empresa, ubicada en Kentucky (centro este). Luego se dirigió a su automóvil, en el que, según afirma, sufrió un ataque de pánico.
Al día siguiente, durante una reunión con su jefa y otro colega para hablar de lo que había ocurrido, “agredió verbalmente a ambos, apretando los puños y los dientes, con la cara roja y temblando”, pidiéndole a la mujer que “se callara”, sostuvo John Maley, abogado de Gravity Diagnostics, en un correo electrónico a la AFP.
La supervisora y el otro empleado presente “temieron por su seguridad”, agregó, lo que llevó a la empresa a despedir a Berling. Antes del incidente, este hombre nunca había sido sancionado o amonestado por su comportamiento.
Para impugnar su despido, Berling demandó a Gravity Diagnostics por “discriminación por motivos de discapacidad”, obteniendo a finales de marzo una orden de indemnización de 150.000 por la pérdida de ingresos y 300.000 por la humillación, la pérdida de autoestima y el sufrimiento causado.
La compañía, que niega cualquier discriminación y dice que no fue informada de los problemas de ansiedad del empleado, interpondrá un recurso de apelación, explicó Maley.
“Los empleadores, particularmente en este momento de violencia en los lugares de trabajo, tienen el derecho y deben tomar medidas inmediatas, como aquí, para proteger a sus empleados”, dijo.
En otras noticias, una ciudadana colombiana que vive en Estados Unidos, y que consideraba que la actual regulación para el ingreso de personas residentes en el exterior frente a la covid-19 violaba sus derechos fundamentales, acaba de perder una batalla judicial ante el Consejo de Estado.
La tesis principal de María* (se cambia nombre por seguridad) consideraba que se le estaba obligando a vacunarse contra la covid-19 para poder visitar a su madre enferma de cáncer.
La mujer presentó una tutela expresando que las exigencias para personas que no hubieran iniciado su esquema de vacunación obligaría a que los mayores de 18 años no residentes en el país tuvieran que aplicarse la dosis de inmunización contra la enfermedad, en detrimento de sus convicciones religiosas.
El Consejo de Estado aclaró que “la norma permite el ingreso de la persona residente en el exterior que, aunque no tenga el esquema completo de vacunación, presente una prueba PCR o antígeno con resultado negativo”.
Asimismo, sostuvo que “a la demandante no se le están violando los derechos fundamentales con la aplicación de esta medida, pues no se le está exigiendo la inoculación de la vacuna para permitirle el ingreso a Colombia”.
*Con información de la AFP.