El Ministerio de Medio Ambiente acaba de suspender la extracción maderera en Bahía Solano (Chocó) que adelanta la empresa R.E.M. INTERNATIONAL C.I.S.A.. El caso había despertado una gran polémica luego de que algunos medios de comunicación y grupos ambientalistas denunciaran la tala de árboles por parte de esa compañía colombo canadiense. El problema giraba alrededor del permiso que la CAR del departamento les había concedido para una explotación a gran escala en una de las zonas más ricas en biodiversidad del país. La historia de una explotación en la mitad de esa selva desconocida llamó la atención de la opinión. Incluso, el abogado ambientalista Juan Ceballos no solo interpuso una demanda para intentar frenarla, sino que se amarró a un árbol de la zona durante tres días seguidos. En otras ciudades hubo manifestaciones por el mismo tema. Hace un mes, SEMANA había publicado cómo en estos corregimientos chocoanos los madereros habían instalado 17 helipuertos y, a punta de retroexcavadoras, habían construido un campamento en la mitad de la selva que se comunicaba por una vía de acceso de más de medio kilómetro (Ver artículo Herida en la Selva). En una de las operaciones, un grupo de hombres taló cerca de 800 árboles de especies como abarcos, cohibas, nísperos, granadillos, amargos, guayacánes y marequendos. Juntos hacían una pila de un volumen de casi 3500 metros cuadrados que nadie recogió. Toda esa madera se pudrió en la mitad de la selva. Esa escena fue recogida por la resolución del Ministerio de Ambiente que frena la explotación. La entidad encontró que además de los helipuertos, que habían sido construidos sin licencia ambiental, en el lugar había líneas de abastecimiento eléctrico, 15 cabañas para los operarios, cocina, enfermería y un almacén. Mucha de esta infraestructura, en especial la relacionada con el manejo del agua (una bocatoma en una quebrada y vertimientos hacia la misma) según el Ministerio, tampoco cuentan con la licencia para su operación. Según la empresa, la operación se ha hecho conforme a las normas ambientales y se han tramitado los permisos. Esta semana la dirección de licencias ambientales decidió suspender provisionalmente las actividades de la empresa mientras se adelantan los respectivos permisos. La medida no es definitiva pues puede ser levantada si esta cumple con unas condiciones en el manejo del agua, de los vertimientos, entre otros. El conflicto ambiental, sin embargo, viene de tiempo atrás. En 2006, la comunidad afro descendiente del corregimiento logró la autorización de la CAR (Codechocó) para explotar 300 hectáreas. Ese permiso luego fue vendido a la compañía extranjera que hoy reclama sus derechos a sacar madera de allí. En los últimos dos años, Codechoco ha tomado varias medidas de suspensión que posteriormente fueron levantadas y el caso está siendo analizado por el Tribunal de Antioquia, por una demanda. Desde este año, el ministerio decidió asumir la competencia del caso (que es originaria de la CAR) ante el posible daño ecológico que representaba la actividad maderera. Y esta es la primera decisión que toman al respecto.