Ningún país en el mundo, incluido Colombia, estaba preparado para enfrentar una pandemia como la del Covid-19. Esta situación ha generado grandes retos y desafíos para los sistemas de salud a nivel global, dentro de los que se destaca el manejo de las enfermedades crónicas no COVID y las enfermedades huérfanas.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia una enfermedad huérfana es aquella condición que tiene una prevalencia menor a 1 por cada 5.000 habitantes, puede llegar a ser crónicamente debilitante y poner en riesgo la vida de quien la padece. En esta categoría se incluyen algunas afecciones oncológicas que por su incidencia son catalogadas como huérfanas y que en muchos casos requieren tratamientos específicos con acceso limitado. El Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo señala que, aún cuando se cumple con el proceso de brindar atención a los pacientes con afecciones oncológicas, existe una creciente prevalencia, incidencia y mortalidad como resultado de una situación crítica relacionada con los tiempos, desde cuando se diagnostica hasta cuando se inicia el tratamiento, lo que demanda un cambio estructural que permita agilizar estos procesos.
Aún cuando el país priorizó la atención y recursos en la pandemia por COVID – 19, es fundamental que se realice un recuento del panorama de las enfermedades huérfanas no transmisibles y oncológicas, con el propósito de asegurar la continuidad de los tratamientos y el manejo integral de estos padecimientos, para evitar posibles complicaciones que puedan desencadenar en mayores tiempos de hospitalización, incremento de visitas a urgencias y futuras complicaciones.
Así mismo, con la COVID-19 los pacientes con enfermedades huérfanas y oncológicas tienen un riesgo más alto de sufrir complicaciones por infección del coronavirus, situación que ha venido modificando sus estilos de vida y los ha llevado a posponer o cancelar sus tratamientos. Algunos, incluso, no cuentan con empleos fijos y esto impacta directamente en sus ingresos y en los pagos regulares de sus obligaciones con el sistema de salud y social, lo que afecta la reclamación de sus medicamentos, así como la continuidad de sus tratamientos. Esto no es un problema nuevo para el sistema, pues algunas enfermedades clasificadas como huérfanas, antes de la COVID-19, ya carecían de una ruta de atención clara, dada su condición poco frecuente, su difícil diagnóstico y en algunos casos el elevado costo de su tratamiento.
Para los pacientes oncológicos la situación también es preocupante. De acuerdo con el Observatorio Interinstitucional de Cáncer en Adultos (OICA), durante la pandemia por COVID- 19 se ha presentado un importante número de cancelaciones de citas con especialistas, así como cambios de tratamientos a quimios orales, sumado a la imposibilidad de generar traslados a ciudades que manejan una especialidad oncológica de manera más apropiada o la reprogramación de cirugías y aplicación de quimioterapias y radioterapias.
Ante este panorama, y desde la perspectiva de estos pacientes oncológicos, se prevé un aumento en tratamientos de las patologías en estadios avanzados, pues actualmente no existe una práctica o una ruta segura para reanudar los exámenes de diagnóstico. Esto mismo sucederá con aquellos pacientes de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, pues al posponer las visitas a controles médicos, es probable que muchos no se diagnostiquen a tiempo o que, quienes estaban controlados, no tengan hoy un buen manejo de su condición.
La pandemia por COVID-19 cambió los esquemas de atención de las entidades prestadoras de servicios de salud. Muchas de ellas instalaron nuevas tecnologías como la telemedicina, solución que presenta algunas barreras para ciertos segmentos poblacionales del país. Asimismo, la entrega de medicamentos a domicilio y asignación de consultas médicas vía whatsapp, han modificado los patrones de interacción entre pacientes y prestadores de servicio.
A pesar de ese gran esfuerzo en los procesos de entrega domiciliaria de medicamentos, la mayoría de las EPS priorizó exclusivamente como beneficiarios a los mayores de 70 años, dejando a un lado a los pacientes oncológicos que no cumplen con ese criterio etario. Por esta razón, resulta fundamental que los aseguradores identifiquen como beneficiarios a todos los pacientes sin importar su edad.
También es importante aclarar que estas enfermedades deben manejarse con un criterio de integralidad. Esto significa que no debe limitarse exclusivamente al acceso a tiempo al medicamento, sino que también debe tener una complementariedad con su acceso a los controles con los especialistas. La atención integral significa que el paciente puede contar con el manejo, control y seguimiento de las otras comorbilidades que pueden presentarse. Este manejo integral permite tener un rastreo del progreso del paciente y bienestar frente a su padecimiento. Además, asegura el acceso a terapias físicas, visitas odontológicas, exámenes de rutina, entre otros, para realizar un seguimiento del paciente y evitar la cadena de complicaciones que puede variar desde una visita a urgencias, hasta una hospitalización. Pero esto, en momentos de pandemia, como la que se vive con la COVID-19, implicaría mayor riesgo de infección, contagio y complicaciones.
En los pacientes de cáncer la integralidad del manejo de su condición debe incluir también la detección temprana y el inicio oportuno de las terapias. Pero la COVID-19 dejó manifiesta una debilidad en los métodos de detección y confirmación de las afecciones oncológicas. Esta demora podría aumentar la mortalidad por los cánceres más severos, como los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama.
Por esta razón, los pacientes con sospecha de cáncer o con diagnósticos confirmados no deben demorarse en iniciar o continuar sus terapias bajo el contexto de la COVID-19. Por el contrario, se deben establecer mecanismos que garanticen su acceso a medicamentos y a la asistencia oportuna por parte de los especialistas.