La noche del 21 de noviembre, la Policía y el Ejército llegaron a 336 sectores de Cali en los que hubo reportes de actos criminales. El alcalde había decretado toque de queda desde las siete de la noche y los habitantes de conjuntos residenciales del norte, sur y oeste aseguraban que grupos de delincuentes estaban intentando entrar a sus propiedades. La mayoría optó por quedarse en las porterías y parqueaderos, armados con palos, cuchillos, machetes y armas de fuego para detener a las supuestas hordas criminales. “A mí me da pena con las personas que sufrieron esto porque para ellas fue real, pero no hay evidencia de que los delincuentes se hubieran metido a las unidades. La Policía y el Ejército me reportaron que en ninguna de las 336 verificaciones se confirmó lo que los ciudadanos aseguraban. Tampoco hay muertos ni heridos por esos supuestos ingresos, ni denuncias en la Fiscalía por casos relacionados”, le dijo a SEMANA el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar. Le puede interesar: "A Duván lo hirieron en la marcha. Rogamos para que vuelva a sentir las piernas". A estas pruebas se le suma el reporte entregado por la Cámara Colombiana de Seguridad Privada, asociación de empresas de vigilancia privada en el país que el viernes 22 de noviembre que no tenía ningún registro de hurtos en edificios de vivienda en Cali. La única novedad reportada fue un accidente de tránsito en el que un guarda murió. La supuesta organización minuciosa de las bandas criminales para establecer rutas y horarios de saqueos, como circuló en redes sociales y grupos de WhatsApp, despertó el temor en los caleños. Muchos hicieron turnos de guardia para no descuidar las porterías de los conjuntos residenciales, pero ahora, con la calma de los días posteriores, ha surgido una pregunta: ¿Cali está controlada por una gran estructura delictiva capaz e interesada en ejecutar golpes simultáneos en distintas partes de la ciudad? Para el historiador Alberto Sánchez, la criminalidad que se vive en la capital vallecaucana hace parte de un escenario fragmentado y no obedece a una megaestructura. La caída del cartel del Norte del Valle durante la década pasada hizo que delincuentes entrenados y armados se volcaran a la ciudad, armando estructuras menores que empezaron a controlar sectores de la sociedad y ejercieron un liderazgo criminal. “Muchos bandidos que estaban en mandos medios empezaron a liderar organizaciones criminales en Cali. Sin embargo, nunca ha habido una estructura que controle toda la ciudad. Ni siquiera el cartel de Cali jugó ese rol”, explicó Sánchez. El historiador añadió que a los grupos delictivos no les interesa controlar la ciudad porque no es un lugar de acopio de la droga y, mucho menos, de producción: “Cali es una plataforma de relacionamiento criminal, muy relacionada con el lavado de activos y transacciones que se hacen sin violencia”. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) publicado en mayo de este año, reveló que en Santiago de Cali existen 182 agrupaciones vinculadas a la ilegalidad o a estructuras criminales con diferentes niveles de organización. Sin embargo, la mayoría de estructuras son agrupaciones juveniles de baja complejidad que están en riesgo de vinculación o vinculadas a negocios ilícitos relacionados con el hurto y el narcomenudeo. Le recomendamos: Medellín, Cali y Barranquilla tampoco han parado de protestar. “En el problema de la criminalidad, también es evidente que Cali tiene un déficit de pie de fuerza. Sucede lo mismo en toda Colombia, pero el asunto se agrava porque esta es la zona más convulsionada en delincuencia. Somos de las ciudades con menos pie de fuerza por cada 100.000 habitantes. Se lo dije muy claro al ministro de Defensa y no ha habido respuesta”, aseguró Villamizar. La delincuencia en la capital del Valle no está ligada únicamente al narcotráfico, sino que obedece a otras economías ilegales como el préstamo ‘gota a gota’, la microextorsión y las rentas de la minería ilegal. En lo que va de 2019, la Policía Metropolitana ha desarticulado 74 grupos delincuenciales dedicados, en su mayoría, al homicidio (23), al tráfico de estupefacientes (20) y a la extorsión (14). Estas desarticulaciones han dejado 733 capturados entre los que se encuentra Martín Bala, líder de una estructura que coordinaba actividades delictivas en nueve comunas de la ciudad. Para María del Pilar Castillo, coordinadora del componente de caracterización del Plan de Intervención a Jóvenes Vulnerables TIP, la inversión social que realiza el Estado no es suficiente para lograr una reducción significativa en la acción criminal. Los jóvenes inmersos en círculos de pobreza y marginalidad se integran a pandillas y establecen vínculos con bandas que les proveen armas y drogas para vender. “En estos chicos, el consumo de drogas arranca entre los 10 y los 14 años. Tienen bajas expectativas de vida. Dicen que quieren trabajar, pero muchas veces chocan con las condiciones del mercado laboral debido a las características del entorno en el que crecieron. Lo que los impulsa a la criminalidad no es tanto la pobreza, sino la desigualdad”, explicó Castillo. Inseguridad, asunto de percepción Aunque alrededor de Cali hay una imagen de inseguridad por delitos como el hurto y la extorsión, hay mediciones que sugieren que esa percepción de los caleños ha disminuido. Según el informe Calibrando 2018, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Icesi, la satisfacción de los ciudadanos con relación a la seguridad va en aumento desde 2016. El informe muestra que el 38 por ciento de los encuestados aseguraron haber sido víctimas de algún tipo de delito o conocer a alguien que lo hubiera sido, mientras que este porcentaje en 2017 fue del 49 por ciento y en 2016 del 41 por ciento. “Menos del 20 por ciento fueron víctimas directas de los delitos. Cali es insegura, eso no lo podemos negar, pero tal vez no tan insegura como percibe la gente”, dijo Lina Martínez, directora del Observatorio. Para Martínez, no existe una relación fuerte entre pobreza y crimen, aunque más del 65% de los homicidios se concentren en los estratos 1 y 2, donde viven la mitad de los caleños: “Estudios indican que la relación es mucho más fuerte entre inequidad y crimen. No creo que esta ciudad tenga muchos vándalos, sino que hacen mucho daño y mucho ruido. Lo que sí se ha visto es que la gente, en todos los estratos, vive con miedo. Y por miedo está dispuesta a hacer muchas cosas”. Puede interesarle: "Los actos criminales de unos pocos": alcalde de Cali cuenta las razones del toque de queda. La Encuesta de Percepción Ciudadana 2019 publicada por el observatorio ciudadano Cali Cómo Vamos también mostró que la percepción de inseguridad en los barrios y en la ciudad ha mermado desde 2016. Según esta medición, solo el 14% de los 1250 entrevistados aseguraron haber sido víctimas directas de algún delito durante el último año, mientras que los dos años anteriores la cifra sobrepasaba los 20 puntos porcentuales. El delito más frecuente fue el raponazo. Un analista de temas de seguridad ciudadana, quien pidió reserva de identidad, aseguró que lo que ocurrió la noche del pasado 21 de noviembre durante el toque de queda, cuando los habitantes de varios conjuntos residenciales salieron armados con el ánimo de defenderse de unos vándalos nunca identificados, demostró que la violencia en Cali no se limita a los estratos bajos. “Los problemas de inequidad social que generan desorden urbano están muy relacionados con los problemas territoriales del oriente de la ciudad, pero la disposición para ejercer violencia que se mostró ese día atraviesa toda la sociedad caleña. El problema realmente grave es ese: que en Cali permanece una disposición a ejercer violencia”.