La justicia, el poder del mercado farmacéutico y la relación del Estado con la ciudadanía fueron los ejes centrales de la conferencia “Justicia y acceso a medicamentos en Colombia”. En ella, Claudia Vaca, farmacoepidemióloga y directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, resumió la situación actual del acceso de los colombianos a medicamentos. Según el Ministerio de Salud, el Plan de Beneficios en salud, POS, “cubre toda actividad de información, educación, capacitación y comunicación a los afiliados de todo grupo de edad y género, de manera preferencial para la población infantil y adolescente, población de mujeres gestantes y lactantes, la población en edad reproductiva y el adulto mayor, para fomento de factores protectores, la inducción a estilos de vida saludables y para control de enfermedades crónicas no transmisibles”. A pesar de que el POS es amplio y ambicioso, la situación de acceso a medicamentos no ha tenido mejoras significativas para los colombianos en los últimos años.   Según la Encuesta Nacional de Salud de 2010, 34% de la población Colombiana no recibió medicamentos prescritos   Las prioridades del mercado Las dinámicas de la industria farmacéutica propician, y en algunos casos alientan, la creación de monopolios. Por ejemplo, muchos países promueven la investigación científica para la producción de medicamentos a través de incentivos como la exclusividad de las patentes. Esto quiere decir que durante cierto tiempo solo un laboratorio, el que creó el medicamento, podrá producirlo y distribuirlo. Esas ventajas alientan un mercado con productos excesivamente costosos, que pueden conducir a dos escenarios: medicamentos caros que no aportan nada a los tratamientos y no tienen un verdadero efecto terapéutico o medicamentos que sí resuelven los problemas de salud de los pacientes, pero son simplemente impagables. Como consecuencia de la lógica de investigar y producir con la motivación de una patente y el privilegio de la exclusividad también se corre el riesgo de olvidar los tratamientos para ciertas enfermedades. Esto ya está pasando en el mundo, en especial en los países más pobres, que no son una prioridad para las grandes farmacéuticas. Además de enfermedades sin investigaciones ni avances para el hallazgo de nuevos medicamentos, ya hay desabastecimiento global de medicamentos esenciales, como el metrotexato, utilizado para el tratamiento de la leucemia.     Además de establecer precios altos, las marcas logran orientar las decisiones de los ciudadanos a la hora de comprar medicamentos. El problema es que, cuando se trata de salud, la orientación del gasto está directamente relacionada con la evolución, el tratamiento o la cura de las enfermedades. En Colombia se mantiene la percepción de que el medicamento más caro es el mejor.   En los últimos seis años Colombia gastó 1,4 billones de pesos en acetaminofén, pero el que más se consumió fue Dolex, que cuesta 5 veces más.

Mientras que una tableta de acetaminofén de tipo genérico puede costar entre 1.000 y 3.000 pesos, una de marca puede llegar a los 5000 pesos. © PIXABAY Medicamentos en zonas rurales “El modelo económico de acceso a medicamentos es terriblemente injusto en las zonas rurales”, dijo Claudia Vaca. Aunque Colombia cuenta con un sistema de salud pensado y diseñado para garantizar la cobertura de medicamentos que no se brindan en otros países, “cuando uno va a mirar, aquí esa realidad es tangible y verificable para las ciudades y para las zonas urbanas, pero en las zonas rurales la situación sigue siendo la misma o peor que la de hace diez años”.   Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2016, en la región Orinoquia y Amazonas, por lo menos 50% de los pacientes que requieren medicamentos no los reciben.   La información existente muestra que los pacientes en las zonas rurales de Colombia enfrentan un mayor riesgo de quedarse sin los medicamentos esenciales, los del POS. Y el panorama empeora cuando se trata de medicamentos de alto costo o que no están contemplados en el POS. Estos pacientes están en una situación de inequidad frente a los de zonas urbanas que, si bien deben enfrentar barreras y trámites que pueden demorar el acceso a los medicamentos, tienen más opciones de conseguirlos. Las dificultades que tiene el sistema de salud colombiano para garantizar el derecho de los  habitantes de las zonas rurales a recibir atención médica oportuna y de calidad no se limita a la disponibilidad y el acceso a los medicamentos, pues también se necesita la existencia de infraestructura adecuada, profesionales capacitados y un enfoque territorial que permita responder a las necesidades particulares de las poblaciones.   "Esta es la misma pelea que tenemos frente a la paz: la tensión periferia-centro es la que está dominando el discurso político y económico. Los que sufren la guerra son la periferia, las zonas dispersas, las zonas rurales. En el caso del sistema de salud pasa lo mismo. Como ciudadanía deberíamos entender que la discusión política es acerca de la inequidad y la deuda con el sector rural, con la ciudadanía rural, que muchas veces no es sujeto de derechos, no está informada, no está incluida, y la estamos excluyendo por todas las vías". Claudia Vaca    

Claudia Vaca hizo parte del Comité de Escogencia de los 51 magistrados de la Justicia Especial para la Paz. © CARLOS JULIO MARTÍNEZ / SEMANA