A Heiler Martínez se le apaga la voz cada que recuerda cómo salió aquella mañana de la iglesia de Bellavista (Chocó) completamente aturdido y 'loco' con la explosión. Luego los ojos se le nublan mientras evoca las imágenes de sus cinco niñas y de su esposa Luz del Carmen Palacios quien estaba embarazada. Todas murieron dentro de la iglesia. El dos de mayo de 2002 la guerrilla de las Farc arrojó una pipeta cargada de explosivos contra un comando paramilitar atrincherado en el pueblo de Bellavista, o Bojayá, que es como aparece en los mapas. La bomba rompió el techo de la iglesia y estalló exactamente sobre el altar. Más de quinientos civiles estaban allí resguardándose de los combates que habían empezado un día antes. 79 personas fallecieron de inmediato, otros morirían después por las secuelas de ese hecho. El sacerdote Antún Ramos cuenta que los heridos eran 220 y hoy la comunidad habla de 98 víctimas fatales, incluyendo a 9 niños no nacidos que estaban en el vientre de sus madres. Ahora en Bojayá el Estado colombiano acaba de realizar la mayor entrega colectiva de restos en la historia del país. Te puede interesar: 17 años después de la tragedia: así luce hoy Bojayá Han pasado 17 años y las víctimas de Bojayá pudieron sepultar a sus familiares según los usos y costumbres ancestrales del pueblo negro del Atrato. El proceso final de identificación y exhumaciones comenzó en 2016 y en el participó un equipo de Medicina Legal y la Fiscalía compuesto por genetistas, odontólogos, forenses, balísticos y otros técnicos, quienes culminaron la identificación de 72 cuerpos, de los 84 restos que fueron rescatados tras la masacre. Los restos regresaron a Chocó el 11 de noviembre resguardados en 98 cofres de madera que llegaron en dos helicópteros de las Naciones Unidas a Vigía del Fuerte, después cruzaron el río Atrato en lanchas en un recorrido simbólico hacia Bellavista. Los velorios culminaron en un sepelio colectivo el lunes 18 de noviembre. Bojayá fue el primer lugar donde los comandantes de las Farc acudieron voluntariamente a pedir perdón por sus actos, cuando aún estaban en medio del proceso de diálogos de La Habana, en diciembre de 2015, muchos en la comunidad consideran que aquel fue un gesto genuino e importante. Ahora Bojayá es epicentro del primer proyecto piloto para que excombatientes en proceso de reincorporación se integren a una comunidad étnica, aunque “no pertenezcan ni sean oriundos de las comunidades”, asegura Loredana Profeta, delegada de la Misión de Verificación de la ONU para el Chocó.
Medicina Legal logró identificar 72 cuerpos de los 84 restos rescatados de la masacre. © Matts Olsson Te puede interesar: Tragedia de Bojayá: perdonar o no perdonar El 12 de noviembre, en el marco de las ceremonias y actos con las víctimas que se realizaron en Bojayá, la Misión de la ONU en conjunto con la iglesia, el Consejo Comunitario Mayor del Atrato (COCOMACIA) y con la mediación de Leyner Palacios, secretario general de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), se firmaron unos acuerdos con 12 excombatientes de las FARC que se han asentado en cuatro caseríos del río Bojayá para garantizar y “blindar” su permanencia en el territorio, según explica Loredana Profeta. “La Misión de Verificación de las Naciones Unidas desde el inicio de 2019 empezó unos diálogos buscando un acuerdo con la COCOMACIA, que es la autoridad y dueña de los territorios colectivos en la región del Medio Atrato”. “Aportamos para que se haga un proceso de paz territorial. Eso para nosotros es muy importante, porque se convierte en una experiencia piloto” asegura Alexis Heredia, vicepresidente de la COCOMACIA. “Hemos dicho que estamos de acuerdo en que los reincorporados que eran de nuestros territorios pueden venir, pero sometiéndose a los reglamentos internos. Hay que tener en cuenta que existe una autoridad legítima del territorio”.
El dos de mayo de 2002 la guerrilla de las FARC arrojó una pipeta cargada de explosivos contra un comando paramilitar atrincherado en el pueblo de Bellavista, o Bojayá, que es como aparece en los mapas. La bomba rompió el techo de la iglesia. © Matts Olsson En 2015 y 2016 alrededor de 500 guerrilleros de las FARC de los frentes 34, 57 y Aurelio Rodríguez que operaban en Chocó se concentraron en dos Zonas Veredales Transitorias de Normalización: Brisas, en Carmen del Darién, y Vidrí, sobre el río Arquía. No obstante, muchos de ellos empezaron a migrar hacia otras regiones del departamento y el país, lo que complejiza el proceso de reincorporación. “Ha habido una dispersión enorme de los excombatientes en todo el país”, reconoce Loredana Profeta, “ahora en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) hay alrededor de 3.000 personas. Esa dispersión ha resultado también en un relacionamiento distinto con las comunidades” agrega. En Chocó, por ejemplo, el ETCR de Vidrí sobre el río Arquía, en la zona rural de Vigía del Fuerte, quedó completamente abandonado a pesar de contar con una infraestructura para doscientas personas. Recientemente fue desmantelado por el gobierno y en el río Arquía quedaron sólo una treintena de excombatientes que eran oriundos de la región. Otros se asentaron colectivamente en Santa Cecilia, Risaralda y la zona de la carretera Medellín – Quibdó, pero la gran mayoría simplemente volvió a sus comunidades o terminó viviendo en Quibdó, Medellín y otras ciudades.
Los velorios colectivos culminaron el 18 de noviembre. © Matts Olsson El problema el Chocó, y en buena parte del Pacífico, es que el acceso a la tierra es complicado por las figuras de titulación colectiva que se contemplan en la ley 70 de 1993. Aquello significa que cualquier iniciativa en estos territorios debe concertarse con los Consejos Comunitarios afrocolombianos, o con las autoridades de los resguardos indígenas. “Los excombatientes no deben quedarse todo el tiempo como excombatientes, deben reintegrarse y ser parte de la comunidad” explica Rocío Allín, otra directiva de los Consejos Comunitarios que ha liderado el proyecto piloto de reincorporación en Bojayá. “Entonces COCOMACIA, por ser la dueña del territorio, está incentivando a que vivamos todos en paz, para que ellos cumplan los reglamentos internos y las normas que tenemos dentro del territorio”. Finalmente, tras varios meses de diálogo entre los excombatientes y la comunidad, propiciados por la iglesia y la Misión de la ONU, se concretó un acuerdo para fijar unas reglas de convivencia y unos protocolos de relacionamiento con la comunidad: los excombatientes deben respetar las tradiciones y reglas de los concejos comunitarios, y pueden acceder a la tierra con contratos de usufructo que son avalados por la COCOMACIA. No obstante, el apoyo institucional sigue siendo pobre y estas iniciativas deberían rodearse de programas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDET), para que la reincorporación sea más robusta. Loredana Profeta lo resume en una frase: “hay un gran abandono del Estado”. Bojayá, que fue escenario de las peores escenas de la guerra, hoy se ha convertido en un laboratorio de paz. Bellavista ha sido escenario del perdón, de la reconciliación y el duelo colectivo de las víctimas que por fin pueden enterrar a sus muertos para cerrar la página de la guerra, y es escenario de la reincorporación real de los ex combatientes. “Es un camino largo. Las cosas se pueden y se deben resolver, la misión ha notado que la gente está cansada de vivir en el conflicto” añade Loredana Profeta, “para la misión de verificación es una apuesta”.