El éxodo de 800 campesinos inició en la noche del domingo y la madrugada del lunes. Familias con niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad se agolparon dentro de las chivas coloridas para huir de la intimidación y la violencia impuesta por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias del frente 18, que los obligaron a salir de las zonas rurales. En un principio se dijo que solo eran dos las veredas afectadas por el desplazamiento forzado. Luego se supo que eran 12. Según el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), 847 personas y 306 familias fueron desplazadas, entre las que se contaron 14 líderes comunales y 13 excombatientes. El 25 de febrero se realizó el Comité de Justicia Transicional en el municipio, un espacio en el que participaron la Procuraduría, el Gobierno Departamental, la Dirección de Derechos Humanos de Antioquia, el Ejército, la Alcaldía y la comunidad. Los representantes campesinos expusieron un pliego de peticiones que, entre otras cosas, demandaba la presencia interinstitucional del Estado y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. La mesa de diálogo concluyó que las comunidades regresarían hoy a sus veredas; sin embargo, organizaciones campesinas y de reincorporados aseguran que esa no es la solución. Para ellos, el retorno es tan irresponsable como desconsiderado y alegan falta de garantías de seguridad en Ituango.
Más de 800 campesinos llegaron al parque principal de Ituango. Alcanzaron a empacar algunas de sus pertenencias con tal de huir de las amenazas y la violencia. © Twitter @FunSumapaz Impacto campesino Yesid Zapata, integrante de la Fundación Sumapaz, llegó al municipio el pasado fin de semana. Asistió al “Encuentro por la paz, por la vida y por los derechos humanos” para hablar sobre la vulneración de derechos y los riesgos que corre la comunidad ituanguina. A pesar de que al acto fueron invitadas las autoridades civiles, ninguna asistió. Junto a los campesinos, organizaciones y gremios del nodo Antioquia, Yesid denuncia qué ocurre en el departamento. Es común verlo en las calles o en el parque del pueblo charlando con los 'vecinos'. Su lema es escuchar a los campesinos para conocer la realidad del territorio y así proponer acciones concretas para protegerlos. Por su trabajo directo con la comunidad, se enteró de que a pesar de la latente emergencia humanitaria y la alerta 004 de 2020, las ayudas llegaron 48 horas después. «Los protocolos no se activaron de manera inmediata. Esto demuestra que lamentablemente no hay una preparación para este tipo de actividades y son las comunidades las que siguen siendo vilipendiadas en su unidad.» Yesid Zapata, integrante de la Fundación Sumapaz y del nodo Antioquia. Ante la situación, el gobierno ha afirmado que el mayor problema es el narcotráfico. Con seriedad, Yesid hace énfasis en que hay otras dificultades que, además de narrar en presente la historia de Ituango, complican el retorno y la permanencia de los campesinos: conflictos por la tierra, intereses bioenergéticos, tráfico y microtráfico y reclutamientos de niños, niñas y adolescentes. “Nos preocupa que el mismo gobierno quiera invisibilizar una situación de conflicto y de crisis humanitaria”, cuenta. Esa misma disputa territorial es tema de conversación entre los campesinos. Un integrante de la Red de Organizaciones Sociales Campesinas del Norte de Antioquia, que prefiere no decir su nombre por razones de seguridad, cuenta que la lucha involucra al Nudo del Paramillo, un accidente geográfico que comprende una parte de los departamentos de Antioquia y Córdoba. Allí hay un monopolio bélico donde participan los 'paras', el Clan del Golfo, 'Los Caparrapos', las AGC y las disidencias. La presencia histórica de los grupos armados coincide con algunos de los municipios más afectados por el conflicto: Ituango, Tarazá, Carepa, Puerto Libertador y Montelíbano, entre otros.
© Twitter @FunSumapaz «El Nudo del Paramillo tiene cinco fronteras que coinciden con el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el Urabá Antioqueño. En cada una se ha expresado el conflicto.» Integrante de la Red de Organizaciones Sociales Campesinas del Norte de Antioquia. “Esto no debería suceder. Ituango tiene aparente presencia de la autoridad”, comenta el integrante de la red. Ituango fue uno de los municipios priorizados en el marco del posconflicto: hace parte de la circunscripción de paz número 3, es municipio PDET y cuenta con el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía. Este último espacio evoca otra problemática: la seguridad de los excombatientes. En total, se cuentan 120 reincorporados en la región. Te puede interesar: Reconciliación como motor de desarrollo Violencia sistemática Manuel González o ‘Elmer Arrieta’, como era conocido, dejó las armas el 5 de julio de 2017. Ahora pertenece a la Dirección Nacional del partido Farc y es dirigente del Consejo Departamental del partido. Antes del 2017, su zona de operaciones fue el Bajo Cauca, el sur de Córdoba e Ituango. Su sentido de pertenencia, tan común en el gen paisa, le ha permitido conocer de primera mano los problemas del municipio antioqueño. Aunque cada ETCR tiene sus particularidades, Manuel considera que lo que ocurre en Santa Lucía e Ituango es una radiografía de todo el país. Evoca al Bajo Cauca, una zona que cuenta con unos 5.000 uniformados pero ha registrado casi 30 homicidios durante los primeros 20 días de este año. En el caso del municipio antioqueño, desde 2017 la comunidad advirtió la presencia de grupos ilegales en zonas que fueron ocupadas por otros actores armados. La Fuerza Pública solo permaneció unos cuantos días. Con su intermitencia inició una violencia que, en palabras de Manuel, es sistematizada. “Nosotros lo alertamos y lo pusimos en contexto en su momento. No nos escucharon. Hace rato se les salió de las manos esa situación”, cuenta.
A principio de año, 62 reincorporados anunciaron que abandonarían el municipio. La violencia y las amenazas fueron las principales razones. © Luis Benavides Ituango es el municipio con mayor número de asesinatos a reincorporados. Hay 14 homicidios registrados. El reclamo de los excombatientes siempre ha sido el mismo: no hay seguridad. El caso más reciente es de enero. Darío Herrera fue asesinado cuando iba al espacio de reincorporación Roman Ruiz. Fue la víctima número cinco del 2020. A principios de febrero Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Paz y la Estabilización, aseguró el traslado de cientos de excombatientes que estaban en el ETCR de Santa Lucía. Hubo algunos que se quedaron por decisión propia y alegando motivos personales. La mayoría de los reincorporados han dicho que las movilizaciones y la presencia de la Fuerza Pública no significan mayor seguridad. Otro que advirtió sobre la crisis humanitaria fue Gustavo López o ‘Agustín Rivera’, como se le conocía en las Farc. Llegó a Ituango cuando la mitad de la población desplazada se hallaba en los albergues. Es delegado ante el Consejo Territorial de Reincorporación de las Farc. Su trabajo, dice, es un canal de comunicación. Viaja por la región para acompañar a los excombatientes, asesorar a los líderes campesinos y exponer los beneficios de los Acuerdos de Paz. El desplazamiento también afectó la economía local y los proyectos de reincorporación. Excombatientes, hombres y mujeres, han unido sus esfuerzos para crear servicios de internet, iniciativas de ganadería y agricultura y productos como el café Paramillo, uno de los más reconocidos. No obstante, los asesinatos y las amenazas a excombatientes han hecho que su ejecución sea intermitente. Además, la ausencia de la tierra o la falta de formalización de los predios para llevar a cabo estas ideas trunca su desarrollo. “Firmamos la paz pero somos víctimas de la estigmatización”, cuenta Gustavo. «En medio de este conflicto, cualquiera pueda sufrir las consecuencias.» Gustavo López (‘Agustín Rivera’) Garantías para el retorno Si le preguntan por la paz, Manuel cuenta que tiene forma de mesa y cada pata es requisito para lograr una paz estable, integral y completa. Si alguna de las patas falta, la mesa cojeará. Manuel hace de carpintero y construye una. Lidera un proyecto de turismo, hotelería y gastronomía en el que participan 35 jóvenes que dejaron las armas. Trabaja en Medellín y reúne a aquellos que creen en la reincorporación. Para la otra patica, y en consonancia con el desplazamiento forzado, Yesid y Manuel coincidieron en ayudar a las víctimas. El movimiento ciudadano “Defendamos la Paz” creó una jornada de donaciones en la Casa del Común, en Medellín. Con el respaldo de organizaciones por los derechos humanos y el partido Farc, recibirán alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas y comida para perros y gatos. Sobre la construcción de las otras paticas de la mesa hay un consenso. Representantes campesinos, líderes del partido Farc y reincorporados se unen para exigir la implementación del Acuerdo de Paz y la voluntad del Estado colombiano.
Un campesino compartió los compromisos del Gobierno nacional. © Cortesía Yesid Zapata. «Los acuerdos no son para nuestro beneficio, para un carro casa o beca. No es la revolución. El acuerdo es una herramienta fundamental para aliviar los problemas sociales y humanitarios de este país.» Manuel González, líder del partido Farc Hay un punto coyuntural: el tema de tierras. En cuanto al partido Farc, Manuel comenta la participación del gremio en la comunidad internacional, la implementación de los acuerdos y la disposición de diálogo para frenar el genocidio, en sus términos, contra ellos, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos. “El único que hizo una casa en el aire fue Escalona. Cuando queremos implementar un proyecto productivo nos niegan la tierra”. Yesid, hablando en nombre de los campesinos y de su Fundación, menciona que el punto de tierras es importante para el desarrollo económico y social del campo y para las garantías de no repetición. Quiere evitar la revictimización de la comunidad ituanguina. Para ello, dice que es fundamental el trabajo de instituciones como la Fiscalía General y el Ejército para desarticular, desmantelar o someter a las estructuras ilegales. “Le solicitamos a la Defensoría un papel protagónico y a la Procuraduría que advierta sobre esta situación de alto riesgo. El Estado no tiene capacidad para garantizar la vida ni la permanencia de esta comunidad”, dice Yesid. Mientras tanto, más de 800 desplazados regresan a las zonas veredales en compañía de la Séptima División del Ejército. Las organizaciones de derechos humanos, los grupos campesinos y los reincorporados exigen, una vez más, garantías para retornar y permanecer. Sus representantes y líderes hablan sin perder la valentía que los ha impulsado a denunciar los hechos violatorios contra la comunidad. Esperan que esta vez la crisis humanitaria de Ituango pueda ser atendida. Te puede interesar: Ellos cambiaron los fusiles por los tractores