El pasado sábado 23 de febrero, mientras el país tenía puesta su atención en la tensa situación en la frontera con Venezuela, en redes sociales creció un reclamo que en pocas horas se volvió la primera tendencia en Colombia: hay que mirar también hacia Chocó. Seis municipios en la cuenca de los ríos, al sur del departamento, amanecieron inundados tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río San Juan, uno de los más caudalosos de esta región y que pasa por otros tres departamentos. En total, se salieron de su cauce el San Juan, Iró, Condoto, Cértegui y Quito y ocasionaron inundaciones súbitas y progresivas en Condoto, Tadó, Cértegui, Andagoya, Río Iró e Istmina, según el reporte de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés). Esta oficina indicó, además, que más de 15 mil 450 personas y 3 mil 200 familias resultaron afectadas. En Itsmina, donde el nivel del agua superó el metro de altura, el número de personas damnificadas es superior a las 7 mil 200. Una semana después, este censo no contempla todavía las zonas rurales. Elizabeth Moreno, Representante legal del Consejo Comunitario Acadesan, explica que esta emergencia ha afectado por lo menos a 52 de las 72 comunidades afrocolombianas que están agrupadas en este Consejo. “En este momento podríamos decir que todas están afectadas en sus cultivos de plátano, arroz y borojó, muchas personas perdieron sus enseres y sus cultivos”, relata Moreno.
En el barrio San Pedro, miembros del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tadó y funcionarios de la Administración Municipal realizaron el censo a las personas damnificadas por el desbordamiento del río San Juan. ©Twitter | @UNGRD La representante también lamenta que muchas familias perdieron sus animales de corral y “en cuanto a las ayudas sabemos por la oficina de riesgo llegaron unas ayudas a Andagoya, pero solo se ha repartido en la zona urbana y hasta hoy en la zona rural aún no se han ido a repartir, allí hay unas 1200 familias damnificadas”. * * * Cuando Edison Navarro Valderrama llegó a su negocio, construido a un metro sobre la vía, vio que por primera vez, tras incontables inundaciones desde 1989, el agua se metió en su distribuidora de carne, pollo y pescado. El aguacero fue tal que las cavas donde almacena su producto también quedaron anegadas. “Antes habían sonado las sirenas y eso nos daba tiempo de bajar e ir guardando las cosas, pero esta vez la sirena no sonó, yo creo que hace dos años está mala”, relata Edison, quien es también Presidente de ASOCOIST, la Asociación de comerciantes de Istmina. Navarro señala que esta no es la primera gran inundación que ha sufrido la región y que cada año se pueden presentar entre dos o tres. Explica que lo que hizo más crítica esta emergencia fue la combinación entre la cantidad de lluvia mucho mayor a la normal y la falta de coordinación entre la Policía y otras autoridades.
Los locales comerciales quedaron totalmente inundados luego del desbordamiento del río. ©Cortesía Asociación de comerciantes Chocó es conocido como uno de los lugares en los que más llueve en el mundo, con hasta 323 días de lluvias por año, por eso cualquier falla en la previsión o en la atención es un riesgo inmitente. Jorge Romaña, Coordinador de Gestión del Riesgo de la Corporación Autónoma del Chocó explica que en 12 horas se precipitaron más de 200 milímetros de agua, una tercera parte de lo que se espera que reciba por mes. “Las comunidades ya se han adaptado a estas lluvias, pero con el cambio climático esto ha empeorado. En esta ocasión, en el San Juan cayó el 30% de las lluvias que caen en el mes en la región. Esa cantidad de lluvia es muy difícil de soportar para los ríos”, explica Romaña. La Asociación que preside Navarro ha podido censar hasta ahora a 100 comerciantes y restan alrededor de 300, solo en Itsmina. Algunos de estos se quejaron porque perdieron entre el 80 y 100% de su mercancía y algunos contabilizaron pérdidas hasta de 200 millones de pesos en inventario. “Nos reunimos en la Asociación e hicimos un balance. Miramos de qué manera el Gobierno Nacional nos podía ayudar en ese tipo de desastres ya que nunca hemos recibido ayudas y es primera vez que nos pasa de esa magnitud. Nadie se lo esperaba”, relata el comerciante y señala que por cuenta de una de las quebradas que alimentan al San Juan, donde el agua quedó represada, en menos de una hora y media quedaron completamente inundados pues el agua alcanzaba entre dos y cuatro metros.
El sector comercial fue uno de los mayores afectados, dejando millonarias pérdidas.©Twitter | @PiedadCordoba Cuando el Presidente Iván Duque visitó esta región tras la emergencia, los comerciantes lograron que el gobierno escuchara algunas propuestas concretas a las que aún no dan respuestas. Una de ellas consistía en la aprobación de créditos hasta 100 y 200 millones, de bajos intereses y con un año de gracia para empezar a pagar, , como se hizo en la tragedia de Mocoa. “El lunes (25 de febrero) hicimos una videoconferencia y al miércoles próximo nos enviarían respuesta”. Al cierre de la edición de este artículo, los comerciantes de esta zona aún esperan la respuesta del Gobierno nacional ante sus propuestas para recuperar lo perdido, señalan también que pidieron que se congelen los créditos que tienen en los bancos “porque muchos comerciantes a raíz de la problemática que tenemos desde el presidente Santos de intervenir la minería ilegal y con la entrada del presidente Duque, hicieron créditos para subsistir, ya que el gobierno atacó a la minería pero nunca nos mandaron un plan B”. Estas poblaciones, que siempre han estado acostumbradas a las lluvias, a la vez han tenido que subsistir con la explotación minera que por siglos ha modificado el lecho y el cauce del río San Juan y sus afluentes. Una inundación que en principio pareciera un desastre natural, es también consecuencia de múltiples factores en los que ha tenido incidencia la mano del ser humano.
Más allá de las fuentes lluvias, una historia de explotación desmedida Aunque a la zona han llegado ayudas (24 toneladas por parte del Gobierno nacional y otras por cuenta de la Iglesia Católica y la Cruz Roja) que intentan mitigar esta emergencia, tras declararse calamidad pública por parte de la Alcaldía municipal, algunos de los líderes de esta región piden que las acciones de las instituciones vayan más allá de las ayudas humanitarias. Que vuelquen su mirada a soluciones estructurales en esta región y que a no se explique la emergencia solo desde el punto de vista climático, pues la minería y la tala indiscriminada de bosques también tiene parte en la responsabilidad. Los ríos que recientemente se desbordaron sufren una amplia historia de explotación minera legal e ilegal que viene desde la colonia, de dónde se extraía constantemente oro y platino. Esto lo explica ampliamente el sociólogo Alfredo Molano en su libro De río en río, donde relata todo el proceso de explotación iniciado por mineros españoles que aún hoy se practica en la cuenca del San Juan, y que tiene en permanente tensión a los pequeños y medianos mineros que no tienen acceso a un título minero ni a una licencia ambiental, en comparación con las grandes empresas como la Chocó Pacífico. Estas compañías lideraron la actividad minera hasta 1978, cuando las compró la empresa Mineros de Colombia y sus sucesoras hasta 1990, que le abrieron paso al cultivo de coca y al narcotráfico como uno de los renglones económicos más dinámicos. Actualmente, el cultivo y tráfico de coca y la minería con gran maquinaria amarilla tienen a los ríos de esta zona con un alto nivel de sedimentos. “Desde que estuvo la compañía minera americana Chocó Pacífico se hicieron unos trabajos de dragado y el material fue ubicado en los lados de los ríos y está generando grandes problemas de erosión en varias infraestructuras que tienen el peligro de colapsar”, explica Jorge Romaña de Codechocó. También asegura que recientemente se han hecho cinco operativos para destruir maquinaria de minería, pero que la que más se persigue es “la minería mecanizada, auspiciada por extranjeros y aquellos que llegan de la zona del nordeste de Antioquia (El Bagre, Zaragoza o Remedios) donde ha disminuido la minería, pues ya no hay grandes empresas explotando”. Estos operativos, según él, han “desestimulado” la explotación por parte de “algunos brasileros que se han ido de la zona por cuenta de esta persecución”, indica. Molano describe con más detalle el legado riesgoso que dejó esta empresa norteamericana y del cual aún no se libran los habitantes de esta zona. La emergencia del fin de semana pasado es un ejemplo: “Los daños que hizo la Chocó Pacífico a lo largo del río eran, a mediados de los años 1990, visibles y escandalosos. Toneladas de cascajo apiladas por las dragas en las orillas, enormes huecos abiertos por las retroexcavadoras, destrozo de playas del río y de la selva, pérdida de vidas vegetal y animal”. Las dragas y otra maquinaria amarilla para la explotación han sido una “preocupación constante” para los integrantes del Consejo Comunitario de Ascadesan, pues consideran que la dinámica de los mineros no permite que se ejerzan los procesos organizativos. Señala Moreno que el barequeo y el zamarreo, formas de minería artesanales y de subsistencia, tienen un impacto mucho menor y no generan los mismos riesgos que quienes llegan con grandes máquinas. “La lucha consiste en que las comunidades se organicen en temas de territorio y ver cómo se buscan las estrategias para que esas grandes mineras desalojen los territorios, pero nos hemos visto muy impedidos en algunas ocasiones para ejercer la soberanía como procesos organizativos”, señala Moreno y, aunque no lo dice explícitamente, hace referencia a ciertas presiones de los grupos armados que están detrás de la producción de coca y de las rentas de la minería.
©Twitter | @AABenedetti La tala indiscriminada de bosques también tiene su cuota en la configuración de esta emergencia. Cuando se tala “los troncos que se depositan en el río, sumado a los lodos y arenas de la minería, generan bancos en el cauce que al final consolidan la sedimentación en el río”, explica Romaña. Esta tala evade controles locales y nacionales que regulan el corte sostenible de árboles. Muchos de ellos no cumplen con las medidas adecuadas para la producción de madera y en este caso son cortados con fines criminales como el tráfico ilegal o la siembra de cultivos de uso ilícito. Una advertencia que hace el Coordinador de Gestión del Riesgo de la Corporación Autónoma del Chocó tiene que ver con la relación entre el hombre y el río. Las poblaciones afrodescendientes y los indígenas necesitan de este, más que nada, para sobrevivir y gran parte de su vida y cultura está volcada a él. Sin embargo, ellos también arrojan desechos que aumentan su contaminación. Es común ver flotando colchones y muebles, y si se le suma que estas poblaciones no cuentan con alcantarillado, al río llegan toda clase de desechos, incluso los quedan del proceso de producción de pasta de coca. Desde Codechocó se han propuesto un par de soluciones a esta crisis ambiental, pero ambas tienen costos que no están fijados en los presupuestos por el gobierno departamental ni el nacional. La primera es el dragado del río, que puede sobrepasar los 11 mil millones de pesos, y la segunda es la reubicación de las poblaciones que se están viendo afectadas, lo que además de ser costosísimo traería notables consecuencias sociales. Pese a esto, Elizabeth Moreno, Representante legal del Consejo Comunitario Acadesan, asegura que ellos sí estarían dispuestos a hacer todas gestiones necesarias para su reubicación. Nuevamente la falta de planeación y de abordaje correcto del problema, hacen que en el panorama cueste ver un cambio a corto plazo. En el Chocó seguirá lloviendo y se seguirá inundando, y así la alarma tampoco se escuche, hay que buscar el problema "río arriba". Yénifer Aristizábal | Correponsal en Antioquia @Yenaristizabal