A pocos días de que se cumplan tres años desde que la Corte Constitucional produjo la setencia T 302 de 2017, con la que pretendía ponerle fin a la muerte de miles de niños por desnutrición y falta de agua potable en La Guajira, nada ha cambiado. Este sábado, en medio de una operación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a una de las miles de rancherías dispersas por el desierto en Bahía Honda, alta Guajira, los funcionarios rescataron tres niños en estado agudo de desnutrición. En un dramático video, que está circulando en redes sociales, se ve como los funcionarios también se encuentran con una joven wayuu de 21 años quien apenas si puede mantenerse en pie.   Otros dos menores de edad, según pudo establecer SEMANA RURAL, murieron en días recientes al parecer por un cuadro viral asociado a diarrea, vómito y fiebre. Según reportes de veeduría ciudadana en La Guajira, los niños —pertenecientes a una misma familia— vivían en la comunidad indígena de Jiwalain, en el kilómetro 121 de la línea férrea, a una dos horas de Uribia. "Johan Manueal Ipuana murió la semana pasada en la comunidad y el otro menor, Fredy José Ipuana, de un año, falleció la noche del viernes en el camino, cuando era trasladado al hospital de Uribia", dijo Ruth Chaparro, presidente de la veeduría.  La situación, según representantes de esa comunidad indígena que suplicaron por ayuda, es dramática y urgente. "Hay unos 70 niños en total, muchos de ellos en condiciones de hambre. Las ayudas no son suficientes. Apenas nos han enviado un solo carrotanque de agua. Ayúda por favor", le dijo a SEMANA RURAL una habitante del corregimiento de Urú, en zona rural de Uribia.    Por su parte, la abogada Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se refirió a la acción. "Activamos de manera inmediata la ruta de atención médica a tres niños de cuatro, seis y siete años y a una joven de 21 años (...). Los cuatro fueron trasladados a la Clínica Materno Infantil desde donde irán al Centro de Recuperación Nutricional del ICBF en Manaure. Este tipo de casos son inaceptables", dijo la funcionaria.  Hace tres años, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la violación de los derechos al agua, la salud, la alimentación y la participación de las niñas y niños wayúu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao. El alto tribunal ordenó al Estado construir una política pública con participación de las comunidades wayúu que cumpla con objetivos mínimos constitucionales como el acceso al agua potable, la consecución de programas de atención alimentaria y aumento de la cobertura y la mejora de las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional, entre otros.