Hay muchos estudios, nacionales e internacionales, que demuestran que el glifosato es un veneno para el ser humano y para la naturaleza en su conjunto. Existen millares de testimonios de campesinos y campesinas que relatan como este químico esteriliza a las mujeres y mata las abejas, lo cual amenaza la soberanía y seguridad alimentaria en los territorios. Así mismo, y ante la falta de oportunidades para tener una vida digna, los campesinos han sido condenados a sobrevivir de la estigmatizada hoja de coca, de la marihuana o de la amapola. Eso o morir de hambre. Contra ellos, el Gobierno nacional, sin embargo, ha aplicado los métodos más agresivos y dolosos como el uso de la aspersión área con glifosato, mientras las cadenas del narcotráfico gozan de aprecio y hasta eligen gobiernos locales y nacionales, como ha sido ampliamente denunciado. El 29 de mayo de 2015 el Consejo Nacional de Estupefaciente (CNE) expidió la resolución 0006 que ordena “la suspensión en todo el territorio nacional del uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea autorizadas en el artículo 1º de la Resolución 0013 de junio 27 del 2003”. Sumada a esta resolución está la sentencia T- 236 del 2017 de la Corte Constitucional, que concluyó que "existen elementos para afirmar, provisionalmente, que el glifosato es una sustancia tóxica que, dependiendo de nivel de explosión, puede causar cáncer u otras afectaciones a células humanas”. Sin embargo, Iván Duque, siendo candidato a la presidencia por el Centro Democrático en 2018, empezó a posicionar el discurso de que Colombia estaba nadando en coca y que iba rumbo al abismo. Que había que tener mano dura. Que había que volver a las aspersiones. Estas eran, según él, la manera eficaz para acabar el problema. Que su gobierno sería el de la legalidad, con el objetivo claro de desconocer los acuerdos de paz negociados en La Habana (Cuba), entre esos el que busca solucionar de raíz y con garantías lo que concierne al eslabón más débil de la cadena en ese asunto: el campesinado. El 7 de agosto del 2018 empezó así el gobierno de la ‘legalidad’ y de inmediato se empezó a buscar la forma de envenenar a las comunidades con glifosato, desconociendo las normas jurídicas expedidas por CNE y la Corte Constitucional. No entiendo de qué manera se aplica la legalidad y, todo esto, me hace pensar que detrás de la aspersión con glifosato hay intereses más allá de acabar con los cultivos de coca. El 30 de diciembre de 2019, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), mediante Auto 12009, dio inicio al trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución 1065 del 26 de noviembre de 2001 para la actividad “Programa de erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato – PECIG”, programa a cargo de la Policía Nacional, que busca retomar las aspersiones aéreas con este veneno en territorios de 104 municipios distribuidos en 14 departamentos del país. Al menos dos Asociaciones de campesinos de Policarpa, al oriente de Nariño, interpusieron tutelas solicitando la protección de sus derechos a la participación, la consulta previa y el debido proceso, que vieron vulnerados por la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de realizar, en modalidad virtual, la audiencia pública con la que se buscaba aprobar el Plan de Manejo Ambiental para reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia. Una de las tutelas, la de una lideresa de productores de cacao de ese municipio, fue admitida por una jueza de Pasto, que ordenó suspender provisionalmente la audiencia hasta tanto su despacho emitiera una sentencia en no más de 10 días hábiles. No entiendo de qué manera se aplica la legalidad y, todo esto, me hace pensar que detrás de la aspersión con glifosato hay intereses más allá de acabar con los cultivos de coca. El 16 de abril de 2020, la Anla expidió el Auto Nº. 03071, “Por el cual se ordena la celebración de una Audiencia Pública Ambiental y se toman otras determinaciones”, se dispuso que mientras dure el aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno nacional, mediante los Decretos, 451, y 531 de 2020, las reuniones informativas y la audiencia pública se realizarán siempre y cuando la Policía Nacional contara con los medios tecnológicos, y que estos garantizaran la debida identificación y participación de los aspirantes convocados a participar en la misma. En sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Nariño del 10 de julio de 2020 se concedió de “manera definitiva la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, a la consulta previa, a la participación y acceso a la información de los nombrados demandantes, los cuales son objeto de amenaza y vulneración, en el desarrollo del procedimiento ambiental para la modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – PECIG”. De esta manera, por orden judicial, está suspendido el retorno de la aspersión con glifosato hasta que se pueda garantizar la participación de las comunidades. Después de todas estas decisiones judiciales, que deberían ser acatadas por el gobierno de la legalidad, el Presidente y su Gobierno siguen con la obsesión de envenenar a los territorios y a sus habitantes con el herbicida que la Corte prohibió. A nosotros nos quedan varios interrogantes: ¿quién se beneficia económicamente con estas fumigaciones?, ¿quién vende el herbicida?, ¿quién se enriquece con la venta del combustible para los aviones que fumigan?, ¿serán las empresas que aportan a las campañas electorales? En estas preguntas está la obsesión de Duque por el glifosato. *Jose David Ortega es vocero de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba. Responsable de la marcha patriótica Córdoba. Defensor de DD.HH. y firme defensor del acuerdo de paz. Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL.