La discusión sobre la necesidad de incluir al campesinado como un sujeto particular y de especial protección es extensa y no solo se ha dado en Colombia, sino en el mundo. Tan es así que la misma Organización de las Naciones Unidad creó una declaración sobre los derechos de estas poblaciones; declaración, que por lo demás, el Estado colombiano aún no ha suscrito y que las organizaciones campesinas del país no paran de exigir. Pese a ese 'desplante' de Colombia con la declaración internacional, el país viene dando pasos en el reconocimiento del campesinado. Por un lado, por las múltiples sentencias de las altas cortes que así lo han pedido después de las acciones judiciales que han interpuesto organizaciones campesinas, pero también en los últimos dos años porque el Gobierno del presidente Iván Duque los incluyó en algunas de sus apuestas. Quizás la más importante, aunque aún no se haya materializado, es la de incluir un artículo en su Plan Nacional de Desarrollo que lo obliga a crear, junto con las organizaciones campesinas, una política pública para esta población. De allí se desprenden las otras dos acciones que hasta al momento sí son tangibles y que son pasos importantes para la política: definir qué es campesino actualmente y, posteriormente, medir con instrumentos estadísticos a la población campesina del país y sus condiciones de vida. Para lo primero se creó una comisión de expertos que emitió una conceptualización del campesinado en Colombia. Según este documento, recogido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), el campesino es un “sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza; inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado y/o en la venta de su fuerza de trabajo”. Le puede interesar: ¿Cuál será el papel del agro en la reactivación? Y para lo segundo, el Departamento Nacional de Estadística (Dane) ya ha venido midiendo, con base en esa conceptualización, la población campesina del país y su estado. El año pasado lo hizo en su Encuesta de Cultura Política y este año lo hizo en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, que permitió conocer cuántos colombianos se identifican como campesinos, dónde están ubicados, cuál es su situación de pobreza y, en general, cómo viven y cómo acceden a la oferta de derechos fundamentales como la educación, la salud, los servicios públicos domiciliarios, etc. Los resultados de esta encuesta muestran, como se temía y por lo cual se creía necesario tener políticas afirmativas para el campesinado, que esta población tiene unas brechas económicas y sociales con respecto a los demás habitantes de Colombia. Por ejemplo, mientras en el total nacional el 17,5 por ciento de los hogares viven en pobreza multidimensional, ese porcentaje llega a 29,3 cuando se trata de hogares campesinos. Lo mismo ocurre con el acceso a acueducto, gas natural, agua potable, logro educativo, etc.
“Al campesinado se le ha violado su derecho a la igualdad y esto ha sido reconocido por la Corte Constitucional en varias sentencias en las que ha dicho que el sujeto campesino es de especial protección constitucional, entre otras razones porque está en una situación más desventajosa. Y para poder sacarlo de esa situación y que el derecho a la igualdad sea una realidad y no un cuento se requieren políticas públicas y una respuesta del Estado dirigidas específicamente a esta población”, explica Ana Jimena Bautista, investigadora en temas de tierras y de los derechos del campesinado en Dejusticia, organización que ha acompañado en litigios a las asociaciones campesinas. En ese camino para definir la política pública del campesinado en el país, que el Gobierno ha dicho que hará de manera coordinada con las organizaciones campesinas, una de las inquietudes que surgían es por qué hacer una política diferente a las que el Estado ha venido adelantando para buscar el desarrollo rural, especialmente aquellas que se desprendieron del Acuerdo de Paz de La Habana. La respuesta, que Bautista resumen en “no todo lo rural es campesino ni todos los campesinos están en la ruralidad”, se ve sustentada en algunas de las cifras que presenta el Dane. De los 10.769.372 colombianos que se autorreconocieron como campesinos, 3.961.980 no estaban en territorios rurales, es decir, un 36,7 por ciento. Y en el sentido inverso, no todos los que viven en la ruralidad reúnen las condiciones que la comisión determinó para ser considerado campesino y que pasan por dimensiones territoriales, culturales, productivas y organizativas. “El pequeño productor no es necesariamente campesino, pues esto depende de la forma de relacionarse con los otros, de su tradición cultural y de su forma de organización comunitaria. Tampoco lo serían los grandes productores del agro o quienes en la ruralidad se dediquen a otras actividades”, explica Ángela Penagos, una de las expertas que participó en la comisión que definió quién es y quién no es campesino. Sin embargo, una preocupación que mantiene la misma Penagos es que a partir de la definición que se estableció sí se termine excluyendo a personas que necesitan de las políticas públicas del Estado y que, por alguna razón, no se autoreconocen como campesinos. “A mí me preocupaba que en términos de la autoidentificación no iban a estar los jóvenes ni las mujeres, sino hombres viejos. Siento que, si no avanzamos en algo un poco más comprensivo, es tremendamente patriarcal, excluyente y en la vieja idea de lo que es ser campesino. Por ejemplo, la definición dice que son aquellos que están directamente relacionados con el trabajo de la tierra. Pues las mujeres no están, porque no son propietarias o se dedican a otras labores como las del hogar”, alerta Penagos.
La definición que se estableció podría dejar por fuera a mujeres y jóvenes y estar dirigida principalmente a hombres mayores. Foto: Andrés Rosales SEMANA RURAL Esa subrepresentación de las mujeres y los jóvenes podría estar presente en las estadísticas que presentó el Dane en las últimas semanas. Mientras el 30,5 por ciento de los hombres colombianos se identifican como campesinos, solo el 26,5 por ciento de las mujeres lo hacen. Y en cuanto a la edad, queda claro que el grupo de 15 a 25 años es el que menos se autorreconoce como tal. “Yo sí pienso que tiene que haber políticas para campesinos, pero bajo una identificación moderna e incluyente donde estén los jóvenes y las mujeres, y estando atentos a que los pequeños productores que no necesariamente son campesinos y que también necesitan del Estado para cerrar sus brechas económicas y de derechos sean tenidos en cuenta”, concluye Penagos, directora para Colombia del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp). Pero superada esta discusión, la preocupación que surge actualmente de cara a la elaboración de la política pública es cómo entonces articularla con las estrategias que ya le vienen apostando al desarrollo rural. Como lo dijeron varias de las organizaciones campesinas que participaron en la audiencia pública que citó la Procuraduría hace unos días (video), los planes y proyectos que se vienen adelantando como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la restitución de tierras, la política de agricultura campesina, entre otros, no pueden ser vistos por el Gobierno como el reemplazo de la política campesina, sino que deben contemplarse acciones diferenciales particulares.
El líder campesino Óscar Salazar expreso que “ya es hora de pagar la deuda histórica que se tiene con el campesinado colombiano, que ha sido visto como factor de atraso y que, paradójicamente, durante esta pandemia ha sido catalogado como héroe porque mantiene alimentado al país. De manera que son necesario políticas afirmativas y particulares que nos ayuden a salir del atraso en el que estamos”. En el mismo sentido, Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), afirmó que la política pública no será suficiente si no se le destinan los recursos presupuestales para poder cumplirla y se plantean metas concretas, que no necesariamente son las que están contempladas en los proyectos de desarrollo rural o agropecuario. “Los espacios de concertación deben ser vinculantes para que los campesinos también decidamos sobre la política pública. Debemos hablar sin miedo y sin vergüenza de lo campesino porque tenemos características específicas que no nos pueden confundir con otros actores que están en el campo pero que no son campesinos”, aseveró Jiménez, mientras le hizo un llamado al Gobierno para que no utilice al campesinado en la destinación presupuestal que termina en las manos de otros actores o empresas. La preocupación entonces está planteada sobre cómo no borrar lo campesino con los proyectos rurales. Y como la realidad es que la diferencia es tan delgada y los objetivos de ambos terminan convergiendo en muchos sentidos, habrá que plantearse metas específicas de atención de las poblaciones campesinas dentro de las estrategias que atienden a la ruralidad. Un ejemplo concreto que pone Ana Jimena Bautista y que resume la ardua labor de planificación que viene es que en la restitución de tierras se puede establecer que un porcentaje determinado debe ir a hogares campesinos. "Lo que no puede pasar es que, por ejemplo, determinados subsidios de Finagro, que no van dirigidos al sujeto campesino en realidad, se cuenten como fortalecimiento de la economía campesina", explica Bautista. La discusión empezará en las próximas semanas en mesas de trabajo que ha citado el Gobierno nacional con los representantes de los campesinos. De entrada el debate estará difícil, pues aunque el Ejecutivo ha dicho que el campo es una de sus prioridades en la reactivación económica tras la pandemia, el presupuesto del 2021 le redujo los rubros al Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural, algo que los campesinos ya empiezan a criticar como falta de voluntad política.