La autopista Transversal de las Américas es tal vez una de las vías más esperadas del país. Desde el anuncio de su construcción, en 2015, los habitantes de los ocho municipios del Urabá antioqueño que ella atraviesa han sido testigos de la ejecución de un proyecto que, por su magnitud, no tiene precedentes en la zona. Pero la entrada en operación de tres casetas de peaje en el trayecto que va desde Chigorodó hasta Necoclí, de unos 95 kilómetros aproximadamente, despertó desde un comienzo la inconformidad de la gente. El proyecto de dos peajes: Cirilo, entre Necoclí y el corregimiento El Dos (con caseta en ambos sentidos) y otro con casetas en Río Grande, entre Currulao y Apartadó —que solo se pagará en sentido sur-norte— y entre Chigorodó y Carepa — que solo se pagará en sentido norte-sur. Los tres entraron en operación, de manera oficial, el pasado primero de enero. TE PUEDE INTERESAR: El lío de los peajes que trasnochan a los habitantes de Urabá
| Las jornadas de protesta dejaron 36 capturas y por lo menos 9 policías lesionados FOTO: Felipe Castillo Caycedo / Especial para SEMANA RURAL LAS PROTESTAS Desde el pasado 3 de enero, cuando se convocó a un paro cívico, los habitantes de la región han mostrado su descontento por la ubicación de los 3 peajes. En medio de la protesta, inicialmente pacífica, los conatos de violencia se hicieron mayores y salieron a las calles grupos de jóvenes y niños a protestar por lo que consideran afecta a los 650 mil habitantes de la región. Con una población flotante superior a las 60 mil personas, la región de Urabá y en especial el Eje Bananero (conformada por los municipios Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo), reclaman actualmente una libre movilidad por la zona, que ven obstaculizada por la instalación y cobro de tres peajes a lo largo de 70 kilómetros en la doble calzada que conecta los corregimientos de El Tigre (Chigorodó) y Cirilo, en Turbo.
| Felipe Castillo Caycedo / Especial para SEMANA RURAL Según la Gobernación de Antioquia, las jornadas de protesta dejaron 36 capturas y por lo menos 9 policías lesionados; mientras que líderes sociales señalan que murieron dos manifestantes en confusas circunstancias, y otros tres presentan heridas de gravedad. Las protestas también dejaron como resultado atentados a las alcaldías de Apartadó, Chigorodó y Carepa y la quema de dos de los peajes señalados. Ante el panorama de violencia e incertidumbre que reinaba en la región el pasado viernes, la Diócesis de Apartadó hizo un llamado al diálogo: "pedimos encarecidamente al alto Gobierno abrir una mesa de diálogo con las instituciones de la región para que busquemos las mejores soluciones y recobremos el control social y demos respuestas justas a las situaciones que este paro va dejando manifiestas", reclamó la Iglesia en este comunicado. Horas más tarde, tras un consejo de seguridad, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por solicitud de los alcaldes de la región, anunció la suspensión temporal del cobro de los peajes, mientras se encuentran decisiones definitivas. TE PUEDE INTERESAR: Urabá despertó y ahora muestra su cara de potencia industrial
Foto: Daniel López Rodríguez LOS RECLAMOS El Comité Iniciativa Ciudadana nació el 4 de febrero de 2017 después de que líderes transportadores, comerciales y sociales de Urabá, decidieron conformar una asociación para dialogar directamente con la ANI, entidad estatal a cargo de la instalación de los peajes. SEMANA RURAL habló con su vocero, Iván Acevedo Lopera quien explica lo que la sociedad civil urabaense reclama en medio del descontento generalizado y ardientes protestas en la vía principal.
IVÁN ACEVEDO LOPERA SR: ¿Qué es exactamente lo que está reclamando actualmente la población de Urabá? IAL: Que sea escuchada. Que el gobierno se baje un poco de su pedestal al decir “no se puede” ante un requerimiento de la comunidad urabaense. Hace un año venimos dialogando: hemos ido a la ANI, al Ministerio, al Congreso de la República, a la Asamblea Departamental, a la Gobernación… hemos hablado con los alcaldes, pero desafortunadamente no hemos sido escuchados activamente. Nos han recibido con un pequeño protocolo, pero nada de lo acordado o discutido con otros entes ha sido escuchado. “Pedimos que los ubiquen en las fronteras, que Urabá no tenga al interior del Eje bananero unos peajes que lo que hacen es encarecer el costo de vida y bloquear la movilidad”. Se habla de que Urabá tiene la agroindustria, un sector muy bien manejado, pero eso no alcanza para el empleo de todos. Hay un sector comercial que se viene haciendo con dificultades y hay un rebusque inmenso y esas personas se mueven en transporte público. Acá la gente está muy enojada porque se ha dicho que “los peajes son para los ricos, para quien tenga carro”, resulta que de cada 10 carros que transitan por el sector, 7 pueden ser de servicio público y apenas 4 particulares. Quiere decir que quien pagará los peajes para el mantenimiento de la doble calzada y obras para el occidente (de Antioquia), serán los habitantes de menos recursos de Urabá porque hay personas de estrato 0, 1 y 2. ¿En cuánto ha incrementado el transporte público en Urabá? De Apartadó a Chigorodó yo tomo un taxi colectivo de 4 pasajeros, antes del peaje costaba 5 mil pesos. Hoy, el conductor está pagando un peaje de 8.800 pesos, yo pregunto: ¿quién los va a pagar? Si los paga el conductor tendrá que hacer un incremento porque finalmente el vehículo es una empresa. Ahora sumándole el pago del peaje, lo normal es que esos 8.800 se dividan en cuatro pasajeros, lo que daría 7.200 pesos por cada pasaje, un incremento muy elevado. Este incremento todavía no se ha presentado porque las empresas ahora tienen que esperar a que el Estado apruebe la solicitud de incremento de pasajes intermunicipales, si no se las aprueban, el transporte público podría desaparecer en Urabá porque trabajaría a pérdida.
| Desde enero del 2017, el Gobierno nacional, las administraciones locales, representantes de la comunidad y la Gobernación de Antioquia instalaron mesas_de diálogo para alcanzar un consenso sobre el tema de los peajes. Felipe Castillo Caycedo / Especial para SEMANA RURAL La ANI ha venido diciendo que no se reubicarán los peajes, ¿qué herramientas tienen ustedes ahora para intentar revertir esa decisión? El lenguaje que la ANI ha usado durante el último año es el que nos tiene en un momento difícil. Durante un año el equipo vocero de Urabá ha esperado que nos escuchen y haya una reacción positiva pero siempre la respuesta es “no”. El llamado es que el Gobierno se baje de ese “no” rotundo que tiene. El Ministro del transporte dijo que si no había peajes entonces Urabá quedaba por fuera del desarrollo nacional, y eso ha molestado; finalmente, nos han tenido fuera del desarrollo nacional. El llamado es: primero, a los jóvenes que se calmen, que los queremos, necesitamos y ya hay gremios y empresas como Augura, Cámara de Comercio, alcaldes y sociedad civil interesados en la reubicación y el cambio del lenguaje de la ANI para estudiar entre todos, una reubicación de los peajes. ¿Y la tarifa preferencial, que tienen para vehículos matriculados en Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa y Necoclí? Esos vehículos beneficiados no superan los 500. Además, las condiciones para acceder al beneficio se parecen mucho a la letra chiquita de la telefonía móvil, con tantos requisitos que lo hacen muy complicado. De todas maneras, la gente no está pidiendo eso, la gente pide reubicación y tarifa plena. Nosotros queremos tener nuestra circulación metropolitana libre porque ese incremento no afectará solamente al transporte de personas sino también al de alimentos, de servicios, material de construcción, hasta la recolección de basuras. Los beneficios son muy pocos y el gobierno no se puede llenar la boca diciendo que nos dará un beneficio como el no cobro de motos, por ejemplo. Las tarifas no se han socializado, los vehículos no han ido por la documentación porque las oficinas están cerradas. El gobierno nos quería coger cansados de las fiestas de diciembre para aplicarnos la norma. “Hoy le estamos pidiendo al Estado: no digan más ‘no’, dejen a Urabá dialogar. Hay jóvenes exponiendo sus vidas y no queremos eso”. Se ha asociado esta protesta con las Bacrim y con el Clan del Golfo que hace presencia en la región, ¿ustedes qué dicen al respecto? Eso fue una salida en falso que ya se ha rectificado en los últimos dos días por parte de la Secretaria de Gobierno y el mismo Gobernador de Antioquia. Lo que pasa es que Urabá, además de estar lejos geográficamente de los centros sociales de este país, tiene un problema al haber estado en manos de actores armados que nos han secuestrado y asesinado, pero nosotros no hacemos parte de las bandas criminales. Hace años pedimos que esa estigmatización nos la quiten y no hemos podido… “Entendemos que tiene que haber peajes para generar recaudos, pero estos peajes para Urabá son casi una reforma tributaria en contra nuestra”. Por: YENIFER ARISTIZÁBAL | Editora en Antioquia Fotos: FELIPE CASTILLO CAYCEDO