Bernardo Guerra, contra la pared en una disputa política del liberalismo paisa

La política paisa volvió a estar en el ojo del huracán y esta vez por cuenta de una investigación por pérdida de investidura contra uno de los concejales liberales y abanderado de la lucha contra la corrupción. El afectado por el proceso que se adelanta en el Tribunal Administrativo de Antioquia, es el concejal Bernardo Alejandro Guerra, a quien señalan de favorecer con contratos a sus familiares.

Precisamente la semana pasada se realizaría la primera audiencia, pero el corporado no asistió porque su abogado, Mauricio Urquijo, tenía que responder por otra diligencia en el municipio de Bello. La ausencia del defensor hizo que se fijara una nueva cita para el pasado lunes 18 de febrero, pero a esa audiencia solo asistió el abogado Urquijo y aprovechó para argumentar que todo se trataba de una venganza política. La decisión del tribunal se conocerá en las próximas semanas.

En esa misma audiencia, la representante del ministerio público, Xiris Mora Alvarado, aseguró que los 12 casos presentados en contra de Guerra habían sido probados y que “por ello debe decretarse la pérdida de investidura del concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos”.

La demanda fue interpuesta por el exalcalde de Frontino y excontralor de Antioquia, Jorge Hugo Elejalde, quien es miembro de una familia de tradición en el Partido Liberal. Curiosamente Guerra también es miembro de otra reconocida casa liberal. Su padre es el afamado dirigente y patriarca Bernardo Guerra Serna, que por décadas fue director del librealismo. De ahí que algunos se atreven a vaticinar que este parece ser el capítulo final de una pelea al interior de la tradición política antioqueña.

¿De qué lo acusan?

Los argumentos hallados por Elejalde después de una pesquisa profunda, son varios y se dividen por temas. Por un lado está la contratación de familiares de Bernardo Alejandro Guerra en entidades públicas de Medellín. En total son doce contratos comerciales de publicidad pagada a la emisora Ondas de las Montaña, propiedad de la familia Guerra, y que envuelven a sus hermanos Andrés, precandidato a la Gobernación por el Centro Democrático; a Federico, gerente del medio de comunicación; y a Fanny Patricia, periodista. Esos contratos sumarían más de 80 millones de pesos.

Por otro lado está la contratación con la fundación Sembremos país, organización que fue creada por Andrés Guerra Hoyos y de la que ha sido representante legal y tiene un programa radial en la emisora familiar. Dice Elejalde que los contratos de Telemedellín con esa fundación suman 73 millones de pesos, sin contar con un llamativo contrato que tiene con la Contraloría de Medellín, por 7 millones de pesos. 

“Cuando crearon el directorio Liberal, los Guerra abrieron la Fundación Cecilia Lince y todos los alcaldes y concejales del directorio daban plata para la Fundación, porque cuando eso se podía, y con eso se compraron dos edifcios donde está hoy la emisora Ondas de la Montaña y donde es la Casa de Mármol. Lo raro es que de un momento a otro Ondas ya no apareció a nombre de la Fundación sino a nombre de Federico Guerra Hoyos. Pero en las últimas semanas cambiaron y ahora aparece como titular a una mujer que no es conocida. A mí modo de ver el tipo puso la emisora a nombre de otra señora para poder contratar, porque ya nadie quiere contratar con ellos”, dice Elejalde.

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Además de los contratos de entidades públicas y descentralizadas con la familia de Guerra, Elejalde señala que el concejal benefició a su hija con varias decisiones que se tomaron desde la corporación municipal. Se trata de Alejandra Guerra, quien trabaja en la subdirección de Planeación Integral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y ha tenido en los últimos tres años tres contratos por 70 millones de pesos con la entidad; el dinero con el que se pagan dichos contratos proviene de la sobretasa ambiental, recursos que aprueba el Concejo de Medellín para la protección del medio ambiente.

Elejalde sostiene que “Bernardo Guerra aprobó los recursos de la sobretasa ambiental sabiendo que su hija se beneficiaba”, por lo que en 2016 votó para que el dinero se trasladara al Área Metropolitana durante la vigencia del 2017, lo que se repitió para 2018 con la gran diferencia de que el concejal Guerra fue el ponente del proyecto, y en 2019 fue el coordinador de ponentes. “Nunca se declaró impedido para participar en los debates”, aseguró Elejalde.

Además de lo laboral, dice Elejalde que Guerra también benefició a su hija, pues en 2011 había comprado un apartamento en el edificio Asensi, construido por CDO, la misma constructora a la que el 14 de octubre de 2013 se le vino abajo la torre 6 del edificio Space, conjunto que, hoy se sabe, tuvo graves errores de diseño. El edifico Asensi fue desalojado por fallas constructivas y desde el Concejo, Bernardo Alejandro conformó una comisión accidental para estudiar los casos de malas prácticas en CDO, desde donde promovió debates que sacaron a la luz varios problemas e ilegalidades.

Pese a que su hija era una de las afectadas, fue uno de los concejales que pidió la exención del impuesto predial y la valorización que por entonces se derramó en el sector de El Poblado para los dueños de los apartamentos evacuados, propuesta que fue aplaudida por todas las personas afectadas y que los beneficiaba hasta 2017. Luego, Guerra votó a favor de una norma sobre impuestos en que dicha exoneración se extendía hasta 2023.

Sólo hasta el 21 de noviembre de 2015 y después de dos años de rigurosos y acalorados debates, Guerra se declaró impedido en las últimas horas de una sesión a la que había llamado su misma comisión accidental. Allí dijo: “Señor presidente, para dejar una constancia, yo le había solicitado a usted tenerme en cuenta para la ponencia y la coordinación de la misma, pero para evitar dificultades con mi curul en los próximos cuatro años, en vista de que una de las personas afectadas en Asensi es mi hija, en el 50 por ciento de propiedad de uno de los aparta estudios que allí existían… le solicitaría que no me tuviera en cuenta para la coordinación de la ponencia ni para la integración del mismo ni aun para la discusión. Yo llego hasta este punto”.

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En síntesis esos son los argumentos que parecen tener acorralado a Bernardo Alejandro Guerra en una pesquisa que lidera la Procuraduría y que pareciera enfrentar a dos viejas castas políticas liberales. La mayoría de las faltas consisten en conflictos de intereses. Pero todo tiene un inicio.

¿Guerra pegó primero?

Hace varos meses Guerra denunció desde el Concejo que Indeportes Antioquia, entidad que era dirigida por Hernán Elejalde —hermano menor de Hugo—, había contratado a Metroparques para que se encargara de la alimentación y la preparación de los deportistas de alto rendimiento del departamento, a su vez, Metroparques tercerizó la labor con una empresa llamada Publiproyecciones productora de eventos, cuyo objeto social era el de agenciar modelos y reinas.

Los incumplimientos no se hicieron esperar y Metroparques abrió convocatoria para remplazar a Publiproyecciones, el ganador resultó ser la Corporación Cuatro por Cuatro, que tenía el mismo lugar de domicilio y los mismos representantes legales que la anterior. Todos esos contratos pasaban por las manos del subdirector de alto rendimiento de Indeportes, Luis Felipe Jiménez, funcionario al que Hernán había despedido desde antes que empezaran las denuncias.

“Yo no hablo de ellos, yo no me meto con ellos, lo que he dicho es que en Indeportes se perdieron 10 mil millones de pesos, en un solo contrato se fueron 2.500 millones. Ellos quisieron por todos los medios parar el debate de Indeportes. Yo soy claro, a mí me quieren cazar para cazar a Andrés (Andrés Guerra, fuerte candidato a la Gobernación por el Centro Democrático), porque él tiene mucha opción. Es una carrera por la gobernación. Andrés siempre ha sido aparte de mí”, afirmó Bernardo Alejandro Guerra, quien dice que le parece muy raro que a Hernán Elejalde siempre le metan goles, una vez en el Área Metropolitana y luego en Indeportes.

Aunque el concejal aclara que no quiere volver sus denuncias en una pelea de familia, ni en un fraccionamiento del liberalismo antioqueño, se defiende asegurando que ningún concejal de Medellín tiene inhabilidades para que uno de sus familiares trabaje en el Área Metropoitana, y subraya que su hija hizo un posgrado en Barcelona, España, y después calificó como cualquier ciudadano al puesto que hoy ostenta.

“Ahora bien, hay una corporación que crearon un grupo de amigos que se llama Corporación Centro de Estudios y que estuvo ahí cuando yo aspiré a la Alcaldía en 2011. Todo fue para recoger fondos, generar líderes y analizar temas de ciudad. Algunos que han sido miembros de esa corporación los he tenido como asesores míos, cuál es el problema, yo no firmo, yo avalo, ellos no son contratistas del Estado, no tienen ningún contrato”, explicó.

Sobre los supuestos favorecimientos para su hija, dice Guerra: “El estatuto tributario es una norma de interés general. Mi hija no tiene manejo de recursos, ejecuta diseños de obras como cualquier persona. Y sí, es víctima de los Villegas, yo hice parte de las mesas de acuerdo con los Villegas para los subsidios de habitabilidad porque me llamaron las víctimas. Y aquí monté una comisión accidental hace diez años a raíz de las falsas VIP. Mi hija es víctima de CDO, ¿y entonces que yo diga que no les cobren a esta gente el predial y la valorización es un delito? Esto es de justicia a las víctimas, yo no estoy haciéndolo como un negocio. Como sí hubo concejales que aprobaron exoneración para constructores de falsas VIP, yo los denuncié y la Procuraduría los absolvió”.

Sobre los debates en los que habló de las víctimas de CDO, dice que se declaró impedido a tiempo, pese a que el entonces presidente del Concejo, Fabio Echeverri, lo había nombrado como coordinador ponente. “No voté ni el primero ni el segundo debate, aunque lo podía discutir. Después de que ellos votaron entró un artículo y ahí se habló de las exoneraciones de los afectados por CDO a 2023, pero no es individual, no era para Alejandra Guerra, era general. ¿Entonces porque mi hija es víctima no puedo hablar del tema?”.

En las próximas semanas se conocerá quién gana este pulso de denuncias. Guerra tiene experiencia y se ha debatido con peces gordos, aunque esta vez parece que lo tienen contra la pared. Sea cual sea el veredicto, es seguro que irá a una segunda instancia, donde el Consejo de Estado tomará la última decisión.