“No tenemos la solución perfecta para los habitantes de calle”

El concejal del Movimiento Progresistas Hollman Morris asegura que entre 400 y 600 habitantes de calle en Bogotá, después de la intervención del Bronx, merodean por localidades como Los Mártires y Santa Fe, lo que ha disparado la inseguridad. Según cuentas de la Alcaldía, ese grupo de personas, que ha desencadenado protestas de ciudadanos y comerciantes, no supera los 240.

Morris, cercano a la anterior administación, sostiene que desde que se agudizó la crisis aumentaron las muertes de habitantes de calle. La Alcaldía asegura que, según datos de Medicina Legal, del primero de enero al 21 de agosto de este año se presentaron 32 homicidios en esta población, 32 % menos que en el mismo período del año pasado.

Fuentes como la Personería denuncian abusos de la Policía hacia los habitantes de calle; el Distrito responde que quienes tengan evidencias deberían hacer las denuncian formales. Se dice que no existe una radiografía clara sobre esta problemática en la capital, y el Distrito responde que la administración anterior “no dejó el presupuesto” para hacer un nuevo censo.

En esto se convirtió la crisis de los habitantes de calle en Bogotá: en un intercambio de señalamientos entre el Distrito, la oposición y los organismos de control. Al margen de ese ruido, han surgido propuestas de organizaciones sociales y del mismo Concejo para buscar una salida. El secretario de Seguridad, Daniel Mejía, plantea su posición.

Semana.com: ¿Qué piensa de la propuesta del concejal Hollman Morris de crear un campamento humanitario para atender esta emergencia?

Daniel Mejía (D.M.): Es una locura. Es como decir que este es un problema cosmético. ¿Esa es la solución? ¿Aislarlos y decir “mientras no los veamos no hay problema”? No señor. Tenemos que visibilizar este reto de política social. Los habitantes de calle son un reto de política social de la ciudad, no de la administración de turno.

Semana.com: Esta crisis se desencadenó después del operativo del Bronx, que acabó con uno de los peores focos del crimen de la capital y desterró a 1.700 habitantes de calle. La Defensoría critica que no se previó lo que pasaría después de la intervención…

D.M.: Para ellos parece que habra siído mejor haber dejado el Bronx quieto.

Semana.com: Pero la crítica no es a la intervención, sino a la falta de un plan concreto para atender lo que se venía…

D.M.: Pongamos las cosas en perspectiva. ¿Cuántos habitantes de calle salieron del Bronx? Entre 1.700 y 1.800. ¿Y cuánta es la población flotante hoy? Entre 220 y 240. ¿Era mejor que esos 1.700 permanecieran en el Bronx? Tenerlos confinados en medio de torturas, explotación sexual, descuartizamientos… Yo no creo.

Semana.com: Pero la discusión no es esa…

D.M.: Si alguien tiene la solución perfecta, bienvenida. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Que no tenemos la solución perfecta, lo acepto y creo que lo acepta toda la administración distrital.

Semana.com: Hay organizaciones que proponen estrategias de atención a esta población sin abstinencia, teniendo en cuenta que muchos rechazan ir a los albergues porque de entrada tienen que renunciar a las drogas…

D.M.: Estaríamos violando unas normas de seguridad al interior de los albergues.

Semana.com: Pero hay ejemplos de albergues que funcionan así en el mundo…

D.M.: Y también hay ciudades en el mundo como Vancouver y Ginebra, donde les dan drogas de manera controlada como terapia de sustitución. Pero hay que distinguir entre la adicción a derivados de la cocaína, como el bazuco, y a derivados de la heroína que tienen un tratamiento de sustitución con la metadona. Para los derivados de la cocaína no existen terapias de sustitución. No se les puede dar droga de manera controlada para tratar la adicción.

Semana.com: ¿Y el plan que tenía el exalcalde Gustavo Petro? Él le solicitó al Gobierno expedir un decreto que permitiera la formulación médica de consumo de marihuana para reemplazar el bazuco…

D.M.: Que me muestren la base científica. No hay ninguna base científica que diga que la marihuana alivia los síndromes de abstinencia o la adicción a los derivados de la cocaína.

Semana.com: ¿Entonces esta propuesta es inviable?

D.M.: La ley no lo permite. El Ministerio de Salud tendría que reglamentar esa ley. ¿Por qué nos atacan a nosotros por no hacer una cosa que la ley no nos permite? Pídanle al Ministerio de Salud que reglamente la ley para poder hacer eso.

Semana.com: Pero, como la administración de Petro, la propuesta podría surgir de ustedes…

D.M.: ¿O sea que para que la política de habitante de calle sea efectiva, según estas organizaciones, nosotros tenemos que vernos obligados a darles drogas o dejarlos consumir dentro de los albergues?

Semana.com: Es una propuesta entre tantas que están surgiendo para buscarle salida a esta crisis…

D.M.: Hay que distinguir entre no tener salida y unas limitaciones legales que nosotros estamos respetando. Lo que yo entiendo es que la ley no lo permite. Si se pudiera hacer, habría que evaluar si ese es el mejor mecanismo.

Semana.com: ¿Y hay otra salida para quienes se niegan a ir a alguno de los 28 albergues del Distrito?

D.M.: Seguir persistiendo.

Semana.com: ¿Convencerlos es la única opción?

D.M.: ¿Entonces nos rendimos?

Semana.com: Pero sólo están proponiendo una salida…

D.M.: Es que la ley nos impide hacer muchas cosas que podríamos hacer como medida de protección para ellos.

Semana.com: ¿Cómo qué?

D.M.: Llevar a un sitio de protección en salud a los están demasiado graves, y que bajo el criterio de un comité de expertos necesitan atención. Como Estado, y por humanidad, deberíamos atenderlos. ¿No será que como Estado tenemos que proteger a esas personas? La ley dice que no podemos hacerlo, así esas personas estén corriendo peligro.

Semana.com: ¿Entonces cuál es la propuesta concreta?

D.M.: Deberíamos tener herramientas que nos permitan darles medidas de protección a personas que están corriendo peligro. Que podamos llevarlos a un sitio seguro a que, por lo menos, pasen la noche. No estoy diciendo que se queden internados o en un tratamiento obligado.

Semana.com: ¿Y de quién depende eso normativamente?

D.M.: Puede ser la modulación de un fallo de la Corte Constitucional, en el sentido de decir: si la vida de la persona está corriendo peligro, pueden tomar medidas de protección.

Semana.com: ¿Y qué están haciendo para lograr eso?

D.M.: Estamos mirando qué hay en los fallos de la Corte, a ver hasta dónde podemos llegar. Creo que ya ha habido una señal de la Corte de que no va a hacer nada. Entonces la secretaría jurídica del Distrito está evaluando qué nos permite la ley hoy, con la premisa o el objetivo de proteger a los habitantes de calle que están corriendo peligro. Sin violar ninguna ley.

Atención sin abstinencia: la propuesta de la ONG CPAT

Marcela Tovar, fundadora del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT), es una de las promotoras de las estrategias sin abstinencia, para atender a la población de calle. “En ciudades como Sao Pablo existen programas donde no se les exige dejar de consumir para atenderlos, o el consumo no es un motivo para sacarlos del programa y quitarles los beneficios”.

Según Tovar, el abandono de las drogas no debería ser una condición para ingresar a los programas de atención del Distrito sino una consecuencia del tratamiento que se les presta allí. Y cita programas como Brazos abiertos, de la Alcaldía de Sao Paulo (Brasil), que ofrecen viviendas permanentes y trabajo para esta población. “Esto genera un impacto directo en el consumo al sentirse útiles”, señaló.

“Llevamos muchos años con esta misma estrategia que ha mostrado que no es efectiva, la gente no quiere ir a esos centros, la gente reincide. ¿Por qué no intentar otras cosas que han venido funcionando?”