Con golpiza y corona fúnebre amenazan a lideresa social del sur de Bogotá por denunciar el microtráfico

Rosa María Talero Franco tiene 44 años, 30 de los cuales se los ha dedicado a la junta de acción comunal del barrio Gustavo Restrepo, en el sur de Bogotá. Lo que inició como actividades ambientales y mejoramiento del sector, terminó con la presidencia de este órgano popular desde 2016 a la fecha.

Si bien el trabajo comunitario le ha traído orgullo a esta administradora de empresas y abogada, también le ha generado un sinfín de problemas, amenazas y presiones, los cuales ahora tienen su vida en riesgo. La situación más grave tiene que ver con una casa de inquilinato ubicada en su misma cuadra, la carrera 12 j con calle 27 sur, que funciona como un “Pagadiario”.

“Eso significa que alquilan un camarote o colchón por días a las personas que trabajan en la informalidad. Le cobran a la gente más o menos 8.000 pesos por la noche y ahí se encuentran siempre un promedio de 35 personas, en su mayoría extranjeros”, explica Rosa.

El problema con dicho inmueble no tiene que ver con su humilde condición, sino con que supuestamente se estarían vendiendo sustancias alucinógenas ahí. “Yo no tengo pruebas fehacientes para mostrarle a las autoridades sobre el microtráfico en ese lugar, pero lo que sí puedo corroborar es que desde que llegaron aumentó la inseguridad y el consumo de drogas en el barrio Gustavo Restrepo”, asegura la presidenta.

Incluso se recogieron 330 firmas de vecinos y residentes del sector, quienes señalan al Pagadiario como “Foco de delincuencia y vicio de la localidad”. Si bien esto parecería una disputa entre vecinos por la sana convivencia, la situación empeoró cuando doña Rosa recibió el pasado 25 de febrero de 2021, debajo de su puerta, un sobre de manila coronado con una cinta negra mortuoria. Dentro se encontraba una hoja blanca, la cual tenía un mensaje anónimo amenazante, escrito con recortes de revistas y periódicos.

“Los sapos mueren, la tenemos vigilada sapa. Sé cómo vive: cuidado con sus papás, hijos, el taxista, el policía, el ingeniero, Lida Camila. Usted es de la junta, si se queda callada no les pasará nada, sapa”, reza el texto, entregado por Rosa a la SIJIN de la Policía.

Por su trabajo como lideresa social (Registrada ante la organización comunal) el caso de Rosa fue remitido a la Unidad Nacional de Protección, donde evaluaron su riesgo y le entregaron un chaleco antibalas y un teléfono móvil. “Para mí no es suficiente, porque esas cosas no garantizan que a uno no lo puedan matar. El que quiera hacerme daño lo tiene fácil”, explicó.

De las amenazas, los delincuentes pasaron a los hechos. El 19 de mayo, hacia la una de la tarde, la presidenta se disponía a ingresar al salón comunal del barrio para recoger unos documentos, cuando fue abordada por dos hombres altos y morenos quienes la tomaron con fuerza de sus brazos y la lanzaron contra el piso. Escuchó como uno de los sujetos le gritaba “Calladita se ve mejor”, para luego soltarla e irse hacia la avenida Caracas sin afán alguno.

“Entré al salón y traté de calmarme, pero estaba muy nerviosa y adolorida. Luego me fui rápido para mi casa y traté de actuar normal, pues mis seres queridos ya conocen sobre las amenazas y viven muy alterados. Lo último que quería era generarles preocupación. Al día siguiente revisé mi cuerpo y encontré un enorme hematoma en mi brazo derecho, además de otro golpe muy fuerte en mi cadera que me causaba mucho dolor”, relató la mujer.

Finalmente, Rosa decidió contarle lo sucedido a sus familiares, quienes la convencieron de interponer una nueva denuncia en la Fiscalía General de la Nación, buscando evidenciar su nivel de riesgo. Han pasado tres meses desde entonces y la lideresa no ha recibido ni siquiera un correo electrónico o alguna comunicación del ente investigador.

“Los únicos que se comunicaron conmigo fueron los de la UNP, quienes me mandaron un analista a la casa que tomó mi testimonio sobre lo sucedido. prometieron que iban a revisar el caso y revaluar mi nivel de riesgo, pero hasta el momento no ha pasado nada”, denunció.

Como si no fuera suficiente intimidación el pasado 27 de junio de 2021, hacia las diez de la mañana, llegó al salón comunal un nuevo y escabroso paquete: se trataba de una corona fúnebre, de las que se ponen en los féretros en las velaciones y entierros, la cual estaba atravesada por una cinta púrpura con la leyenda “Paz en su tumba, presidenta Rosa”. La corona estaba acompañada por un sufragio o nota de condolencia, en la que de nuevo se le mencionaba como occisa.

“Ese día estábamos haciendo pruebas covid-19 en el salón, por lo cual la encomienda la recibió una señora afiliada. Ella fue hasta mi casa y cuando le abrí se encontraba muy consternada, con los ojos llorosos y temblando, y lo primero que me preguntó fue que si estaba bien. De inmediato llamamos a la Policía. Les entregamos las pruebas y un teniente se las llevó para investigar, pero de nuevo no ha pasado nada. Incluso me dicen que ahora solo aparece la corona y que el sufragio está “refundido”.

El acoso se ha vuelto recurrente, con llamadas anónimas en las que nadie habla pero respiran muy fuerte. Rosa intenta no salir de su casa, excepto para lo estrictamente necesario, pues ella y su familia viven con miedo.

“Mis papás se enfermaron por la angustia; a mi hijo tuve que sacarlo del país y a mi hija del sector. Aunque me han insistido en que me vaya del barrio por seguridad, la verdad me da mucha ira y tristeza, porque no siento que sea justo que deba abandonar el lugar donde crecí y por el que tanto he luchado. Tengo miedo pero sigo aquí”, aclaró Rosa.

SEMANA se comunicó con las autoridades implicadas: Policía de Bogotá, Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, quienes conocen acerca de la situación de doña Rosa, pero no entregaron mayores datos, pues se encuentran en etapa de investigación.