Bogotá
¿Corrupción en Bogotá? Concejal denuncia que cuñado de alto funcionario recibió millonario contrato
Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, denunció presuntas irregularidades en la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
El concejal Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció un presunto caso de corrupción en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, pues un familiar de un alto funcionario habría recibido un contrato por aproximadamente 1.400 millones de pesos.
De acuerdo con Forero, el caso compromete al jefe de Tecnologías de Información y Comunicaciones de esa entidad, Alexánder Ricardo Andrade.
En junio, el concejal Forero denunció el tema ante el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. “En ese debate el señor no dijo absolutamente nada”, advirtió el concejal.
El pasado 15 de julio, Forero reiteró su denuncia ante el subsecretario Juan Esteban Martínez Ruíz, quien estaba encargado de la Secretaría.
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En diálogo con SEMANA, Forero explicó que inicialmente detectaron que Andrade “contrató a dedo” con la empresa Fundatic, en la que el funcionario había trabajado en el pasado como voluntario.
“Mi equipo estaba preparando los documentos para enviarlos a los entes de control y nos dimos cuenta de que el tema era más grave y es que la empresa era del cuñado de este señor (...) Esto viene desde Tuluá, Andrade era funcionario de la alcaldía del municipio. Es bastante grave”, explicó Forero.
El funcionario decidió reiterar la denuncia frente al secretario encargado, por considerar que el secretario Estupiñán no tomó ninguna medida.
El contrato y los presuntos impedimentos
De acuerdo con Forero, Andrade solicitó en julio de 2020 una cotización para hacer un análisis de mercado a Fundatic, “a sabiendas de que esta empresa es de propiedad de Oscar Iván Soto Flórez”, su cuñado. Soto está casado con una hermana de Andrade, el funcionario de la Secretaría de Movilidad.
El contrato inicial, con fecha del 11 de agosto de 2020, tenía un valor de 428.275.880 de pesos. Para el 30 de abril de 2021, se le hizo una adición al contrato por 882.000.000 de pesos.
El contrato es para la actualización, el mantenimiento y la gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Secretaría de Movilidad.
La adición tuvo como objetivo la contratación de los servicios técnicos y logísticos para poner en marcha un piloto del laboratorio de innovación.
En dicho estudio previo del proceso de contratación, Andrade escogió a la fundación de Soto Flórez.
“Cumple con lo requerido por la Secretaría Distrital de Movilidad, toda vez que contempla todo lo solicitado en la cotización realizada el 2 de julio (...) Es importante evidenciar que la oferta económica presentada por la empresa Fundación para el Fomento de las Tecnologías y las Comunicaciones-Fundatic es la más favorable para la entidad”, dice el documento firmado por Andrade, quien agrega que se puede deducir que la fundación cuenta con idoneidad y experiencia.
De acuerdo con el Código Disciplinario Único (ley 734 de 2002), esto correspondería a una falla gravísima, por tratarse, presuntamente, de una actuación u omisión, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.
También por configurar una posible intervención “en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución”.
Además, el concejal Forero argumentó que, según la ley 1437 de 2011, habría un claro conflicto de intereses y una causal de impedimento y recusación, pues todo servidor público que deba adelantar acciones administrativas, entre otras actividades, podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento.
En este caso, “en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental”.
La respuesta de la Secretaría de Movilidad
La entidad se pronunció frente a las denuncias e informó que desde que conoció de los cuestionamientos, el pasado 15 de julio, procedió a la revisión de los contratos y documentos de representación legal para verificar.
De acuerdo con el comunicado, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) trasladó los hallazgos a la autoridad disciplinaria competente.
Asimismo, señaló que es respetuosa de los principios de la función administrativa y que ha adoptado y adoptará las medidas de contractuales, disciplinarias y administrativas pertinentes.
“La investigación está en curso, en conocimiento de los organismos de control y la SDM colabora y aporta toda la documentación e información necesaria para esclarecer estos hechos”, dijo la entidad.
