Denuncian presuntas irregularidades en contrato que generaría millonarios sobrecostos a Bogotá

El concejal de Cambio Radical, Rolando González, puso la lupa este miércoles sobre un contrato que tendría irregularidades y grandes sobrecostos para Bogotá. Según la denuncia, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá firmaron un convenio por 4.590 millones de pesos para el manejo de los residuos mixtos de demolición y construcción en la capital del país.

Además, de acuerdo con González, el manejo de estos residuos se lleva a cabo en un predio en la localidad de Ciudad Bolívar en donde, al parecer, hay un mal uso del suelo y una afectación al recurso forestal, por lo que ya cursa un proceso sancionatorio.

El concejal asegura que la firma de este contrato se habría hecho “a dedo” y argumenta que el convenio –que lleva el número 788 de 2020– contempla enormes sobrecostos que alcanzarían hasta el 266 % del valor real sin justificación alguna. “No sé si la UAESP pretende que pase de agache, pero resulta muy grave. En marzo pasado se firmó con el mismo operador un convenio por las mismas actividades y el mismo periodo de tiempo en un contrato por más de 2.000 millones de pesos menos”.

El contrato al que se refiere tenía un costo de 1.723 millones de pesos, por lo que el actual tendría un incremento injustificado de 2.867 millones.

El concejal González destaca también que la actual directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, le quitó el manejo de estos residuos mixtos en marzo de 2020 al operador del relleno sanitario para entregarle “a dedo” estas funciones a Aguas de Bogotá, sin tener en cuenta otros proponentes o empresas que podrían cumplir con esta labor sin problema alguno.

De acuerdo con lo investigado por el integrante de Cambio Radical, a este contrato se le sumaron actividades que no son propias del objeto, como arreglar y reparar la maquinaria y equipos propios de la operación si presentan fallas mecánicas. “Esto es un exabrupto”, dijo el cabildante. Y añadió que en su investigación se encontró que “el manejo de estos residuos mixtos se lleva a cabo en un predio en donde al parecer hay un mal uso del suelo”.

Según explicó, el convenio se ejecuta en el predio Buenos Aires que fue adoptado como “Punto Limpio”, pero es un terreno que no cumple los requisitos ambientales para operar como sitio de separación y aprovechamiento de residuos. Según su investigación, aún cursa un proceso sancionatorio por parte de la Secretaría de Ambiente en contra de la UAESP por presuntas irregularidades en el uso del suelo y afectación al recurso forestal.

Para el concejal, en este proceso hay un error administrativo y por eso pidió a la Contraloría Distrital y a la Personería de Bogotá investigar estos hechos lo más pronto posible. “No es la primera vez que la doctora [Luz Amanda] Camacho [directora de la UAESP] se salta los aspectos jurídicos y ambientales a la hora de firmar un convenio, parece que es una práctica muy común en esa entidad”.

González hizo un llamado a la entidad para que tome las medidas pedagógicas y sancionatorias correspondientes para evitar la proliferación del arrojo de basura y escombros clandestinos en la ciudad. Afirma que ya se tienen identificados 733 puntos críticos de concentración de estos residuos: “No puede ser que se siga pagando por una actividad que refleja la incapacidad administrativa de la entidad para evitar que la ciudadanía arroje residuos en las calles de la ciudad, sin ningún tipo de control”, señala.

SEMANA se comunicó con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para consultarles sobre la denuncia que se está haciendo desde el Concejo de Bogotá y aunque no se obtuvo una respuesta, se manifestó que en las próximas horas se emitirá un comunicado para explicar las actuaciones contractuales.