Impopular: así definen los domiciliarios la restricción a parrillero en Bogotá

Luego de un consejo de seguridad llevado a cabo en las últimas horas en la Alcaldía de Bogotá, Claudia López tomó la decisión de expedir un decreto (que será firmado en las próximas horas) en el que se establecen nuevas restricciones para las empresas de domicilios en la capital y sus trabajadores, esto con el fin de reducir la criminalidad, que en esta semana llevó a la muerte de un patrullero de la Policía y a varios tiroteos en la ciudad.

El decreto establece que:

1) Cualquier empresa o plataforma es corresponsable de lo que hagan sus domiciliarios en Bogotá.

2) Será prohibido vincular laboralmente como domiciliarios a gente indocumentada y con antecedentes. Deben cumplir todos los requisitos legales y compartir esa información en tiempo real para que la Policía y el Ejército, que va estar haciendo esos controles, pueda verificar si es realmente alguien que está trabajando.

3) Todo vehículo que se use para esta actividad de domicilios, sea bicicleta, moto o carro deberá tener una identificación, tanto en el carro, en el chaleco, en el maletín del domicilio y en el casco.

4) Las empresas de cualquier tipo de domicilio deben contar con espacios privados para ubicar su personal y sus trabajadores. Estará prohibida la aglomeración desordenada en el espacio público de este servicio.

5) La prohibición del parrillero en moto de domicilio. Al respecto, la alcaldesa indicó: “Los domiciliarios no necesitan parrillero. No tiene por qué haber parrillero en moto de domicilio, no se necesita. De manera que el parrillero en moto de domicilio queda prohibido y restringido en toda la ciudad de Bogotá”.

Es justamente este último punto el que ha causado controversia entre las empresas de delivery y los motociclistas que se ganan la vida llevando y trayendo domicilios en la capital.

La compañía Rappi se pronunció a través de un comunicado de prensa, en el cual señaló que que la criminalidad no es responsabilidad de sus colaboradores y que las estrategias para combatirla no deben desencadenar en “discriminación y señalamientos injustificados”, pues consideran que las recientes medidas estigmatizan a sus repartidores.

“Nos sentimos orgullosos de poder ofrecerle oportunidades de generación de ingresos a un amplio y diverso grupo de personas a través de nuestra plataforma y hacemos un llamado para que situaciones lamentables como las que se han hecho públicas esta semana, que no comprometen a ningún repartidor, no se conviertan en motivos de xenofobia, discriminación o señalamientos injustificados”, indicó la compañía colombiana.

Además, aclaran que a pesar de su inconformidad van a acatar las normas de la Administración Distrital y están dispuestos a colaborar de manera permanente con todas las autoridades. Sin embargo, advierten que cada colaborador que hace parte de su empresa ha pasado por rigurosos filtros de verificación por parte de expertos en el tema, con lo cual reiteraron que los hechos delictivos son llevados a cabo por criminales y no por sus repartidores.

“Quienes llevan a cabo estas acciones atentando contra la vida y la integridad de la ciudadanía son delincuentes y no repartidores, que se aprovechan del uso y los distintivos de diferentes marcas para camuflarse, engañar a las autoridades y cometer actos criminales que deben ser rechazados, condenados y judicializados con todo el peso de la ley”.

Domiciliarios como Hector Piedrahíta, quien trabaja principalmente en el sector aledaño al centro comercial Titán Plaza, en el occidente de Bogotá, aclara que el problema no radica en la habilitación del parrillero en sus horas laborales, pero la restricción afecta gravemente la movilidad de su familia.

“Yo llevo y recojo a mi esposa todos los días en su trabajo y de ahí sí salgo a hacer mis labores. Pero ahora resulta que ella va a tener que usar un transporte que la demora el triple y en el que hay mayor riesgo de contagio de covid-19. Todo esto mientras yo tengo un puesto libre en mi moto”, explicó el motociclista.

Una investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes, analizó el impacto de medidas restrictivas impuestas a motociclistas entre 2010 y 2018 en cinco ciudades –entre ellas Bogotá–, y reveló que la restricción a parrillero no ha demostrado una reducción significativa en la reducción de hechos criminales.