ProBogotá se unió al llamado para que alcaldesa Claudia López no emita el POT por decreto

A pocas horas de agotarse el tiempo para que el Concejo de Bogotá decida sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), algo que ya es completamente imposible teniendo en cuenta que el plazo máximo para su aprobación es este miércoles 8 de diciembre y hasta ahora ni siquiera se ha realizado el primer debate, ProBogotá se unió al llamado de muchos sectores para que la alcaldesa, Claudia López, no expida el POT por decreto.

En una carta enviada a la mandataria distrital, la presidente ejecutiva de ProBogotá, María Carolina Castillo, lanzó varias advertencias sobre el impacto de esta decisión en campos como gestión del suelo, servicios públicos y movilidad, por las cuales, según ella, el POT no debería emitirse por decreto, sino que debería volver a presentarse al Concejo.

En la misiva, Castillo señala que la delimitación del perímetro urbano que establece el POT inicialmente radicado desconoce las sentencias del Consejo de Estado sobre la Reserva Forestal de los Cerros Orientales.

Dijo que clasificar como rurales 36 barrios legalizados e incorporados a suelo urbano en las últimas cinco décadas desconoce la sentencia sobre Saneamiento del Río Bogotá, al imponer un modelo de análisis y mitigación de riesgo, predio por predio, y no un único modelo para el río, como corresponde con su realidad hidráulica y ecosistémica.

Tal como está la norma haría que las personas emigren y busquen alternativas de vivienda fuera de la ciudad, lo que afectaría la movilidad.

Y que “reducir el suelo urbano -como reza el proyecto actual- impediría que 500 mil familias puedan vivir en Bogotá y se vean obligadas a buscar vivienda afuera. La migración -añade- aumentaría los tiempos de desplazamiento, afectaría la calidad del aire, desmejoraría la calidad de vida sobre todo de los ciudadanos de menores ingresos”.

“El impacto más alto de ese modelo de ocupación sería el ambiental. Si se tiene en cuenta las tipologías históricas de ocupación del suelo de Bogotá y la sabana, la densidad de los desarrollos nuevos en los municipios es de alrededor de 25 habitantes por hectárea mientras que dentro del perímetro del Distrito Capital son algo más de 200. Se estaría decidiendo que, en vez de ocupar 7.000 hectáreas nuevas de suelo, se ocupen 52.000. Las 45.000 adicionales equivalen a una Bogotá y media”, advirtió.

En relación con la gestión del suelo, ProBogotá advierte que, pese a que el POT prevé la construcción de 589.000 viviendas, éstas serían insuficientes para la cantidad de hogares que se crearían en Bogotá para los próximos años.

“En materia de gestión del suelo existiría un desequilibrio entre el suelo de expansión y el suelo propuesto para el tratamiento de renovación urbana, lo que generaría que se habilite menos suelo del necesario respecto al crecimiento de la población estimado por el Dane para los 12 años de vigencia del POT. De 1.067.525 viviendas solo propone habilitar 589.000″, se lee en la carta enviada a la alcaldesa López.

De otra parte, en cuanto a movilidad, ProBogotá argumenta la necesidad de respetar la planeación de largo plazo y conservar las reservas viales para la ALÓ Norte y la Avenida Ciudad de Cali en el tramo entre la calle 80 y el municipio de Chía.

“La primera, prevista para recorrer la ciudad de sur a norte por el occidente y permitir que los productores de alimentos y bienes al norte de Bogotá, accedan al mercado más grande del país. Sobre la reducción de carriles de uso mixto en vías de gran afluencia, insistimos en que afectaría los servicios de seguridad, bomberos, ambulancias, logística o escolares, actividades que no se pueden realizar en bicicleta o caminando”, precisó Castillo.

En materia de servicios públicos, ProBogotá observa que la propuesta para que el uso de las canaletas subterráneas sea cobrado a las empresas prestadoras, sería ilegal.

“Esta medida sería ilegal por consistir en un aumento en la tarifa que se cobra a los usuarios adoptada por una autoridad municipal y no por la comisión de regulación sectorial, de esta forma se viola la Constitución, puesto que la facultad tarifaria es exclusiva del Presidente de la República y la ejerce a través de las comisiones de regulación. Para mejorar la calidad y la cobertura del internet y la telefonía móvil, recomendamos eliminar las restricciones para la localización de antenas e incluir las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa dentro de las zonas priorizadas para el acceso”, dijo.

Por todas esas razones, la presidenta de ProBogotá afirmó que lo más conveniente es que el POT se vuelva a radicar nuevamente ante el Concejo.

“Señora alcaldesa, adoptar por decreto el plan de ordenamiento territorial cuando, a través de maniobras antidemocráticas, al Concejo Distrital le fue sustraída la oportunidad de adelantar el debate, es permitir que los intereses detrás de esos artificios logren su objetivo. Usted puede impedir que se impongan”, comentó.

La carta concluye pidiendo a la mandataria local a que “convoque a la ciudad entera, a los ciudadanos y sus organizaciones, a la academia, a las distintas expresiones políticas, a los gremios, a los centros de pensamiento para que, entre todos, construyamos el plan de ordenamiento territorial que los 11 millones de colombianos que habitamos la sabana necesitamos”.