¿Qué respondió la Policía al informe sobre masacre en Bogotá durante protestas del 9S?

Una relatoría entregó a la alcaldesa Claudia López un duro informe en contra de la Policía por los graves hechos que se presentaron en Bogotá y Soacha el 9 y 10 de septiembre de 2020, luego de que se diera la muerte de Javier Ordóñez durante un procedimiento policial.

Entre lo que reveló el informe se denuncia que hubo una masacre ocasionada por uniformados que hicieron uso ilegítimo de armas de fuego contra la población civil.

“Los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía de Colombia reaccionó en forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaron protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial. El uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal”, indica el documento de 182 páginas.

Relata, además, que “la masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia”.

Tras las fuertes palabras que contiene el documento, la Policía desempolvó como respuesta pronunciamientos que había hecho en el pasado el director de la Policía, el general Jorge Vargas.

“Esperamos que en la etapa de juicio las autoridades competentes tomen las decisiones que correspondan respecto a los uniformados que no han sido cobijados con medida de aseguramiento. Oportunamente fueron apartados del servicio de vigilancia”, dijo el general Vargas el pasado 9 de septiembre.

En su momento, el inspector general, el general Jorge Luis Ramírez, dijo que “por los hechos de septiembre del año pasado hay 18 policías sancionados y las investigaciones abiertas por la Inspección General de la Policía Colombia siguen avanzando”.

La Policía también desempolvó para referirse al informe de este lunes 13 de diciembre, el perdón que ofreció el general Vargas, por las actuaciones ilegítimas en las que pudieron incurrir uniformados.

“La Policía de Colombia pide una vez más perdón a todas las víctimas de hechos cometidos por integrantes de la Institución, que hayan sido probados por la justicia en el debido proceso. No toleramos ninguna clase de atropello que vulnere los derechos humanos”, señaló el mando policial.

Uno de los puntos que más se destaca del informa de la relatoría que le fue entregado a la alcaldesa Claudia López, señala que los policías atacaron a jóvenes de escasos recursos económicos.

“La escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos tuvo mayores impactos en las localidades de Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco homicidios), Engativá (dos homicidios), Kennedy (un homicidio) y el municipio de Soacha (tres homicidios). Para esta relatoría es claro que la acción violenta de los agentes de Policía se encarnizó en contra de los jóvenes de los sectores populares de Bogotá y Soacha, y que el resultado de esta tragedia deja ver que existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”, manifiesta el documento.

Añade que “al hacer un paneo de las víctimas mortales encontramos que comparten algunas características socioeconómicas: sus familias o ellos son provenientes de diferentes regiones y llegaron a Bogotá en busca de oportunidades (13 de los 14 casos), sus edades se encontraban entre 17 y 27 años (10 de las 14 víctimas), no eran profesionales (11 eran bachilleres, dos estaban haciendo una carrera y uno tenía formación técnica) o eran trabajadores informales o tenían contratos cuyos ingresos se encontraban cerca del salario mínimo (13 de 14). Dichos rasgos proponen una reflexión sobre si la Policía tiene un comportamiento más represivo y autoritario con los ciudadanos de bajos recursos”.