No es cierto que más de la mitad de los vendedores informales de Bogotá tienen casa y carro

Este miércoles, en una entrevista con Canal Capital, la directora de la Defensoría del Espacio Público del Distrito, Nadime Yaver, hizo una polémica declaración sobre los vendedores informales de Bogotá que hasta el momento ha sido malinterpretada: “Se ha hecho un cruce de la real vulnerabilidad y se ha encontrado que más del 50 por ciento de los vendedores informales no son realmente vulnerables. Son propietarios de vivienda, de automóviles, están en el régimen contributivo”. En la emisión del noticiero también se pronunció Miguel Uribe, secretario de gobierno distrital, quien afirmó que estos vendedores distribuyen y recogen su mercancía en camionetas de alta gama y que la Alcaldía ha encontrado fenómenos de delincuencia, especialmente mafias de hurto y de venta de estupefacientes en los sectores de Plaza Imperial y El Restrepo, relacionados a las invasiones del espacio público.  

Rápidamente varios medios de comunicación reprodujeron las declaraciones de ambos funcionarios y asumieron que la cifra proporcionada por Yaver hacía referencia a toda la ciudad, por lo que se popularizó la idea de que más del 50 por ciento de los vendedores informales de Bogotá tienen casa, camionetas de alta gama, pertenecen al régimen contributivo y que, además, están relacionados a actividades delictivas que ocurren en su espacio de trabajo. Sin embargo, dicha información no es cierta y su reproducción ha estigmatizado a toda una población.

Las declaraciones de Yaver y Uribe tienen que ver con una intervención que la Secretaría de Gobierno hizo a finales de junio en el sector comercial del barrio El Restrepo -reconocido por la venta de calzado- en la que el Distrito recuperó 80.000 metros cuadrados de espacio público ocupado por vendedores informales que ubicaban sus negocios entre las calles 15 sur y 21 y las carreras 16 y 19. Por esos días la Secretaría de Gobierno trinó diciendo que, según una caracterización del Instituto Para La Economía Social (IPES), en esa zona los fines de semana podían ubicarse hasta 196 vendedores informales, de los cuales 29 presentan condición de vulnerabilidad alta. De ahí salió la cifra que la defensora del espacio público dio en la entrevista con Canal Capital.

Así mismo, en la página de la Alcaldía se publicó una nota sobre la intervención en El Restrepo que dice que en el sector conocido como CED Centenario, uno de los dos puntos que se despejaron, “fueron encontradas armas táser, cuchillos y navajas durante la última jornada de caracterización del Instituto para la Economía Social (Ipes)”, y que “en inmediaciones a los puntos intervenidos se registraron 170 delitos en 2017 y 70 casos en lo corrido del 2018 asociados a hurto y lesiones personales”. Esta sería la evidencia que la Alcaldía tiene sobre la existencia de supuestas mafias en las zonas donde permanecen los vendedores.

El problema es que ambos datos (el porcentaje de condición de vulnerabilidad alta de los vendedores informales caracterizados y los hechos delictivos presentados en la zona intervenida), utilizados por Yaver y Uribe en sus declaraciones a Canal Capital, solo corresponden a los 80.000 metros cuadrados de espacio público que la Alcaldía recuperó en el El Restrepo. No a todo Bogotá.

Si bien desde que el gobierno de Enrique Peñalosa empezó, el IPES ha realizado jornadas de caracterización de vendedores informales en 19 de las 20 localidades de Bogotá (Sumapaz es la única donde no se ha hecho), los únicos datos sobre condición de vulnerabilidad alta de estos vendedores que se han publicado son los de El Restrepo, uno de los 15 barrios que componen la localidad Antonio Nariño.

De hecho, según el Registro Individual de Vendedores Informales que tiene el IPES (la base de datos sobre vendedores informales que esta entidad ha tenido siempre), a junio de este año esta localidad comercial solo representa el 2,65 del total de vendedores registrados (51.725), lo que dejaría en evidencia una vez más que las declaraciones de la defensora del espacio público resultaron desproporcionadas e imprecisas. SEMANA logró comunicarse con ella y afirmó que ese día debió dar varias entrevistas y que en algunas especificó que los últimos operativos de recuperación del espacio público -de los que había salido la cifra en cuestión- habían sido realizados en El Restrepo. Lo desafortunado fue que en la entrevista que dio a Canal Capital no lo hizo, como se puede ver en el video, y esa fue la declaración que se viralizó. 

Sin embargo, Yaver agregó que el caso de El Restrepo no debe desestimarse por su imprecisión, pues sí es cierto -dice- que más del 50 por ciento de los vendedores informales de la zona comercial intervenida no están en condición de vulnerabilidad alta, es decir no son personas sin casa, pensión, salud, víctimas del conflicto o adultos mayores. Incluso, la funcionaria advirtió que luego de la recuperación de los 80.000 metros cuadrados en cuestión, un vendedor informal entuteló la intervención del Distrito y este resultó siendo dueño de dos bienes inmuebles -uno en Subachoque y otro en Bogotá- y pertenece al régimen contributivo desde 1990.

Aunque en su declaración a Canal Capital, el secretario de gobierno Miguel Uribe especificó que los indicios de la existencia de mafias en las zonas donde ocurre el comercio informal provenían de las intervenciones que la Alcaldía hizo en El Restrepo y Plaza Imperial, varios de los medios que replicaron la noticia difundieron la idea de que el Distrito encontró una relación directa entre delincuencia y vendedores informales.

Lo cierto es que el IPES encontró datos sobre la condición de vulnerabilidad de los vendedores en El Restrepo que no parecían tan evidentes. Sin embargo, una imprecisión y la manera en que se viralizó la información, terminó estigmatizando a miles de bogotanos que a diario salen a las calles a tratar de sobrevivir por medio del rebusque.

*Luego de que SEMANA publicara esta nota, la defensora del espacio público solicitó publicar la siguiente declaración:

Luego de que la opinión pública y algunos medios de comunicación realizarán una malinterpretación sobre las declaraciones entregadas el pasado 11 de julio por la directora de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, Nadime Yaver Licht, sobre los registros encontrados después de los operativos adelantados en las últimas semanas en Plaza Imperial, localidad de Suba y El Restrepo, en Antonio Nariño, en las que señaló: 

"En los últimos operativos y en las últimas caracterizaciones que ha hecho el IPES, se ha realizado un cruce de la real vulnerabilidad y se ha encontrado que más del 50% de los vendedores no son realmente vulnerables: son propietarios de viviendas, de automóviles y están en el régimen contributivo".

Al respecto, la Defensoría del Espacio Público se permite aclarar que la directora de la entidad estaba entregando un balance referente, como ella bien lo manifiesta al iniciar su intervención, a los últimos operativos realizados en la ciudad y no a un informe general de la situación económica de los vendedores en Bogotá. 

En dichos operativos, como el llevado a cabo el pasado 28 de junio de 2018 en el sector de El Restrepo, en la localidad Antonio Nariño, se encontró que 66 vendedores que se ubicaban en ese sector se encuentran afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

A su vez, se comprobó que 34 vendedores registran como propietarios de bienes inmuebles, predios y vehículos.

De igual manera, es importante señalar que, luego de los operativos de recuperación de espacio público adelantados por el Distrito, la Defensoría del Espacio Público ha recibido 245 tutelas de las cuales el cien por ciento han sido falladas a favor de la administración distrital dado que los jueces no han encontrado argumentos suficientes que demuestren la vulnerabilidad de los tutelantes.