Política Pública
Innovar para innovar
Aunque hay interés por crear un sistema efectivo y operante para impulsar este aspecto en el país, el método de trabajo aún tiene mucho por cambiar.
Es claro que la innovación empresarial es cosa de las empresas. Sin embargo, en la fórmula de conocimiento más acción productiva que el tema implica, entre sus factores más poderosos se descubre que no provienen del interés comercial del sector empresarial. Es decir, existe conocimiento y acción productiva específica que las empresas no desarrollan, ni impulsan, ni buscan, ni financian, no al menos por impulso propio. Las empresas invierten poco en innovar porque cuestan mucho los insumos y porque no entienden que generan valor, si se arriesgan a hacerlo.
Entre los insumos necesarios, la educación y la investigación científica son básicos, pero el primero es insuficiente sin una visión y percepción acertada de la realidad y el segundo, casi huérfano de recursos financieros sin la intervención estatal. Ambos determinantes, para crear conocimiento y acción productiva que trasciende al mercado mediante un trabajo con las empresas, todo en manos de un Estado innovador y consciente de su papel de articulador del sistema que desea. En este caso de uno nacional de innovación.
En el tema podríamos quedarnos en una discusión política o filosófica; sin embargo, la cuestión es sencilla: un sistema de innovación nacional requiere el trabajo de las empresas, de las universidades, de las instituciones, gremios y academias científicas y la intervención del Estado para financiar y orientar unas, regular e incentivar otras, y articularlas a todas para que trabajen y funcionen como el sistema que se quiere (ver gráfico).
Innovación científica
La afirmación de que este tipo de sistema requiere el amparo estatal para funcionar no es parla paternalista ni socialista, es una cuestión de lógica del mercado. Las empresas invierten en lo que les da rédito en un tiempo definido, existe investigación y desarrollo (I&D) empresarial sostenible en esas condiciones. La lógica: innovación comercializable en corto plazo. Pero hay áreas de I&D en las que el beneficio comercial no cumple este plazo, y requieren un conocimiento diferente al mercadeo, la administración, el diseño, economía o cualquier otro que sea propio de las empresas. Es el conocimiento de matemáticas y ciencias.
De hecho, en Estados Unidos, el gobierno ha tenido que responder con proyectos y planes de impulso en áreas científicas, a las denuncias de analistas que han alarmado sobre la caída libre del número de estudiantes de ciencias y matemáticas, y la pobre capacitación de los profesores en estas áreas, que identifican como el soporte de la calidad de vida de su nación.
La respuesta es que para el presupuesto anual que empezó el 1 de octubre, Bush destinó US$5.900 millones a un plan de competitividad que comprende estímulos para estudiar en las áreas descritas. Además, unos US$4.600 millones compensarán el crédito tributario que las empresas estadounidenses reciben por proyectos de investigación y desarrollo.
Es bueno recordar que la inversión en ciencia y tecnología (base para la innovación) en Colombia es del 0,2% del PIB, en Brasil es del 1,0%, en China del 1,2% y en Estados Unidos y Japón es del 3,0%. Colombia ocupa el puesto 74 entre 117 países en el Índice de Tecnología que calcula el Foro Económico Mundial y el puesto 87 en disponibilidad de científicos e ingenieros en el territorio. No hay duda de que se requiere un aumento sustancial en la inversión.
Innovar en lo que se estudia
En el análisis estadounidense para robustecer su sistema de innovación, identifican que la falla no es el presupuesto para educación (Colombia invierte en primaria y secundaria más que Argentina y Brasil, y un poco menos que México, según cifras de la UNESCO), sino la insuficiente preparación de los profesores de materias claves como ciencia y matemáticas. ¿Nosotros cómo vamos? Como es costumbre, las cifras que tenemos no son confiables.
El estudio "Education Science and Technology in Latin America and the Caribbean, 2006", del BID, calcula que la rentabilidad privada de la educación universitaria es 21% en Colombia, y que la rentabilidad privada del bachillerato es 8%. Esto justifica la preocupación por el vacío estratégico del Estado en qué se estudia y para qué.
El estudio señala que de cerca del 55% de los desempleados del país, el 25% tiene educación superior. Administradores, educadores y abogados conforman el 41% de los graduados en el país. Un 40% se concentra en ingenieros de sistemas, contadores, ingenieros industriales, policías, militares y economistas. Es decir, la mayoría de los privilegiados (solo el 7% de la población culmina estudios universitarios) se concentra en 9 ó 10 áreas. La relación entre lo que se estudia, el desempleo, la debilidad del sistema de innovación y el desarrollo del tema en las empresas puede empezar a solucionarse por aquí.
Innovación en las empresas
Los expertos de Colciencias destacan que el Estado colombiano ha definido una política de innovación y ha impulsado acciones estratégicas en el área. Entre ellas, el apoyo a los centros de desarrollo tecnológico. La implantación de modalidades e instrumentos para dinamizar la innovación, como crédito, cofinanciación a partir de la cooperación entre universidad y empresa, incentivos fiscales, cofinanciación para proyectos de carácter precompetitivo y cofinanciación de programas estratégicos con impactos en cadenas productivas y en los centros de desarrollo tecnológico.
Colciencias, el Sena y el DNP logran acuerdos para incentivar la innovación y han anunciado recursos por $40.000 millones para el cumplimiento de las metas de la Ley 812 del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.
De otro lado, destaca el gobierno, que una de las bases de la nueva política de innovación es la conciencia de acordar una política selectiva de desarrollo productivo que, enmarcada en el alcance de la Visión Colombia II Centenario, y expone una serie de planes de financiación y fomento de la innovación que son muy interesantes y amplias.
Sin embargo, la pregunta es si las empresas en el país entienden de qué se les habla y los empresarios saben cómo y para qué pedir los recursos.
Innovar en la forma en que se divulgan las características del sistema y el lenguaje en que se habla sobre innovación desde el Estado, puede ser un buen paso para empezar a innovar.