Carolina Giraldo, la concejal a la que le cayó un aluvión de demandas

Toda buena acción trae su castigo’, dice una frase popular. Ese parece ser el caso de Carolina Giraldo Botero, una que hoy es el blanco de una suerte de ‘demandatón’. Se trata de una mujer de la academia, outsider política, que decidió hacer algo por su ciudad. Pero hacer las cosas bien le ha costado caro. Se dedicó a destapar varias ollas podridas y los implicados no tardaron en cobrarle la valentía.

“Carolina está haciendo algo poco frecuente en las regiones: control político. Cuida los intereses de la ciudad, y la reacción ante la veracidad de sus pruebas es la intimidación jurídica”, dijo a SEMANA la congresista Angélica Lozano. “La retaliación por su gestión es el acoso judicial”, añadió.

Como ella dice, llegó al Concejo “sin haber pensado en mi vida lanzarme a un cargo, soy historiadora y politóloga, pero creo que la ciudad nos necesita”. Pero la ciudadanía le creyó, y la eligió. Los opositores no se hicieron esperar. Para noviembre de 2015, Giraldo ya era objeto de dos demandas de nulidad electoral, con el argumento de que estaba inhabilitada por un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Risaralda y el Consejo de Estado concluyeron que tal inhabilidad no existía, pues se celebró antes de los 12 meses anteriores a la elección.

Pero ese fue solo el comienzo. En febrero, en la plenaria, ella mencionó que un aspirante a representante ante el Área Metropolitana tenía antecedentes penales según una carta llegada al Concejo. El afectado la denunció ante la Procuraduría por presunta violación al debido proceso y buen nombre, aunque, en efecto, ese personaje tiene un juicio penal en curso.

Y aunque ha salido bien librada, Giraldo tiene peleas casadas en dos de los temas pilares de su campaña: el medioambiente y la vivienda. Por un lado, en abril el Frigorífico del Otún S.A.S. le interpuso una acción de tutela por vulnerar su honra y buen nombre. Giraldo había publicado en su Facebook una denuncia ante la Corporación Autónoma Regional (Carder) con la evidencia, respaldada en un estudio de la Universidad Tecnológica, de que el agua que salía del frigorífico superaba los niveles de contaminación permitidos. Un juzgado penal del circuito falló a favor de la concejal, y protegió el derecho a la libertad de expresión y el deber de los funcionarios públicos a denunciar conductas que afectan a la comunidad. No obstante, hace unos días, Frigotún S.A.S. volvió a citarla en la Fiscalía para conciliación por una nueva querella que responde a los mismos hechos.

Por otro lado, en junio la Asociación de Vivienda Ciudadela de la Paz (Asovipaz) la denunció por injuria y calumnia. Lo hizo porque, en uno de los debates, Giraldo solicitó investigar los proyectos que esa entidad ofrecía a las víctimas del conflicto, ya que según Planeación Municipal supuestamente estaban en lotes de áreas rurales no urbanizables y sin servicios públicos. La han citado dos veces a audiencias de conciliación por calumnia, la más reciente la semana pasada, y aunque ella asistió, el querellante no apareció.

Como dijo a SEMANA la abogada constitucionalista Catalina Botero Marino, “los jueces deben ser sensibles a la libertad de expresión y rechazar de entrada los procesos que sin motivo razonable intentan censurar los debates de interés público a través de la persecución”.

Lo más inquietante es que aunque es una concejal atípica, su caso, a pesar de ser poco común no es aislado. Algo similar ya le había pasado a la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo, con una avalancha de demandas ante el Consejo Electoral y el de Estado. Aunque a veces siente que no va a poder contra el asedio y las advertencias de que “vaya viendo cómo son las cosas aquí”, Carolina Giraldo está segura de que no se va a quedar callada.