Cartas

Gracias a lo publicado en SEMANA en el informe ‘El diablo me tiene miedo’ (edición n.° 1656) la organización política y religiosa Mira quedó completamente cuestionada y más aún su principal líder en la presente época, María Luisa Piraquive... Lo sucedido con esta organización ocurre con base en la Constitución Política de Colombia y su norma sobre ‘libertad de cultos’ (artículo 19). Muchos habitantes y familias de este macondiano país están afectados por lo que podría denominarse como el Cartel del Diezmo, practicado por avivatos en esta clase de iglesias. La disposición sobre la libertad de cultos está muy bien, pero lo que sí resulta malo es que en todo el país personas con alguna facilidad de palabra se dediquen a leer la Biblia y la interpreten a su acomodo o forma de pensar. En la actualidad, mediante estos métodos son muchas las personas inocentes que, agobiadas por algún problema, asisten a estos cultos y allí, mediante terapia de grupo y lectura acomodaticia de la Biblia, las trasquilan al módico 10 por ciento, mejor dicho, con el llamado diezmo. Los llamados ‘pastores’ nacen y se hacen de la noche a la mañana y son las mismas personas que otrora no conseguían ni para un almuerzo y hoy día son millonarias, andan con guardaespaldas, tienen bienes en varias ciudades de Colombia y el mundo y todo esto es a costa del pueblo ignorante. Ha habido casos de personas que no compran el mercado diario del vital sustento para poder pagar el consabido diezmo los fines de semana. Entonces, ¿cuál de las múltiples autoridades colombianas se atreverá a controlar el creciente mercado de la religión o el Cartel del Diezmo?

En referencia a ‘El diablo me tiene miedo’ (edición n.° 1656), observo lo siguiente. Las religiones en todo el mundo se han distanciado de la verdad de Cristo y de sus enseñanzas. Numerosas y brutales guerras se originan en el mundo debido a intereses políticos y económicos, invocando el nombre de Dios. Se trata de verdaderas organizaciones criminales sobre las que a menudo se señala que practican el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de divisas, las discriminaciones, las violaciones de niños y niñas, y la evasión de impuestos. La mezcla de religión, negocio y política ha invadido el mundo actual alcanzando imperios de gran calado, con el auspicio de los Estados. El Estado colombiano está en mora en revisar y decretar políticas públicas que limiten sus ansias y suspendan sus objetivos peligrosos y dañinos, destructores de la dignidad humana, que erosionan conciencias desprevenidas con el fin de saquearlas y mantenerlas para sus beneficios materiales.

De pastores y otros demonios‘El diablo me tiene miedo’, carátula edición n.° 1656 de SEMANA. Actora: María Luisa Piraquive. Y yo le creo. Debe ser por aquello de la conciencia. Pero como bien lo da a entender la revista, el video publicado será apenas el orificio de desfogue de esta olla a presión que ya falló y amenaza explotar con un ‘cocinado’ bien caliente.Dejemos pues el tema de ‘la hermana Piraquive’ quieto por ahora y analicemos el poder que ejerce sobre la masa, capacitada o no, un buen pastor. En nuestra patria, un político llegó a aglutinar a casi el 90 por ciento del universo ‘pensante’ del país. Terminado su mandato y con su popularidad intacta llevó a la Presidencia a alguien que de pastor no tiene nada, que no convence ni aglutina. En mi concepto tiene muy buenas ideas, pero no las sabe transmitir; deberían incapacitarlo, que no suba al púlpito. Pero por las ironías de la vida, nuestro pastor político, contra su voluntad, volverá a llevar a la presidencia al que no lo es. Como quien dice: ‘Cuando quise, lo hice elegir; ahora que no quiero, lo hago elegir de nuevo’. Al pastorcito, eso le pasa por mentirosito.

En la sección Confidenciales de la edición n.° 1656 de SEMANA, en el aparte ‘Polémica por una frase’, hacen referencia a la intervención del presidente Santos: “Si atentan contra una figura importante, explota el proceso de paz”. Cuando leí el título pensé que la reflexión giraría en torno del concepto de ‘gente importante’. Me sorprendió que no fuera así, que a nadie le indignara el uso de esa categoría, pero igual me quedé pensando: ¿qué es una persona importante? ¿Hay gente más importante que otra?

Evidentemente, tanto para el presidente Santos como para las Farc sí. ¿Por qué un atentado contra la población no hace que explote el proceso de paz? ¿No son importantes, por ejemplo, los habitantes de Pradera? Un muerto y 56 heridos, además de daños a viviendas y locales comerciales, y el proceso de paz no ‘explotó’. ¿Por qué las Farc atentan cobardemente contra los habitantes de Pradera? Porque entendieron perfectamente quiénes son los importantes, entendieron a quiénes pueden aterrorizar sin que el proceso de paz –su último recurso para entrar a la vida política– peligre.

Con esto no quiero decir que el gobierno debe terminar los diálogos de paz: hay que buscar acabar la guerra lo antes posible. Lo que digo es que un proceso de paz en el que se divida a la población entre ‘importantes’ y ‘no importantes’ no vale la pena, pues no solucionael problema que siempre ha usado las Farc como excusa y que el gobierno Santos ha reconocido: la desigualdad. El gobierno no debe permitir que se atente contra nadie en el país, y las Farc, para no caer una vez más en la hipocresía que los ha caracterizado como organización –asesinando y torturando a la población que dicen defender y representar–, deben dejar el terrorismo. Solo partiendo de esa base puede haber un proceso de paz exitoso.

Hasta ahora hemos visto que –incluso en SEMANA– los columnistas especializados, los políticos, los periodistas y el público en general han mencionado casi todo respecto a la destitución del alcalde Gustavo Petro. Pero se han olvidado quizá de lo más importante: la muerte de los operarios de las volquetas del Distrito bajo el nuevo esquema de recolección de basuras. ¿Quién responde penalmente por eso? En nuestro concepto, el directo responsable debe ser el alcalde, Gustavo Petro, pues fue él quien consciente, libre y soberanamente impartió la orden de llevar a cabo la recolección de las basuras utilizando volquetas a sabiendas que su decisión iba en contra de la ley y que, por tanto, asumía todos los riesgos implícitos con esta decisión.

En cuanto a la ‘tutelatón’ orquestada por el alcalde y sus seguidores, tenemos la siguiente apreciación: los que han interpuesto la tutela manifiestan que les han sido vulnerados sus derechos. Formulamos la siguiente pregunta: los que no votamos por Petro –que llegamos casi al 70 por ciento de la población hábil para votar– ¿no podemos también argumentar que se nos están vulnerando nuestros derechos? Nuestro voto no fue por este alcalde y se nos pretende obligar a continuar con él, pasando por alto la sanción de un organismo de control simplemente por darle gusto a una minoría.

Por último, ¿el fiscal general de la Nación puede públicamente salir a tomar partido por alguien que está siendo investigado o que ya ha sido sancionado por un organismo de control, como sucede con el alcalde Petro? ¿No se supone que el fiscal general no puede tomar partido absolutamente por nadie y que simplemente debe investigar y atrapar a los criminales y ponerlos en manos de los jueces, quienes son los que finalmente deben tomar una decisión?