Terminó la pesadilla para el exgobernador de Casanare Miguel Pérez

La condena del exgobernador de Casanare Miguel Ángel Pérez por vínculos con paramilitares fue uno de los primeros llamados por ‘parapolítica‘ que hizo la Corte Suprema de Justicia cuando declaró al exmandatario culpable de recibir 100 millones de pesos de las AUC.

Durante mucho tiempo Pérez insistió en que había caído en una trampa y manifestó a las autoridades que devolvió el dinero cuando supo el origen. Aun así, la Fiscalía solicitó la suspensión del cargo y le cayó todo el peso de la ley por sus actuaciones.

Esta semana el caso dio un giro radical. La Fiscalía delegada ante la Corte precluyó la investigación por concierto para delinquir que adelantaba en su contra por recibir dineros de Héctor Germán Buitrago Parada, alias ’Martín Llanos’, y Miguel Arroyave, miembros de las AUC.

Para el tribunal, Pérez no sólo se negó a celebrar contratos que favorecían grupos paramilitares, sino que procedió a revisar y a liquidar toda la contratación que, se sospechaba, favorecía los intereses económicos de los grupos al margen de la ley y que asignaron en administraciones anteriores.

Según la versión que entregaron dos miembros de las autodefensas, todo fue de un complot contra el mandatario. De acuerdo con uno de los declarantes, Carlos Guzmán Daza, alias ‘Salomón‘, "el Plan B consistió en llevar a cabo un montaje en donde Miguel Ángel Pérez sería grabado en video recibiendo unos supuestos dineros de las AUC para financiar su campaña política a través de un supuesto ganadero que trabajaba clandestinamente al servicio de ‘Martín Llanos‘ conocido como alias ‘Fox‘.

Durante las audiencias de Justicia y Paz, alias ‘Solín’, otro de los declarantes en contra del exmandatario, confesó que el video que registró el momento en que Pérez recibía el dinero hizo parte de un complot y aportó pruebas de cómo se organizó todo para hacerlo caer, entre ellas un croquis del lugar de la grabación, una descripción física del exgobernador y la grabación de la reunión.

“Recibo con enorme satisfacción este fallo de la justicia. Espero que con esta decisión se cierre este doloroso capítulo para mí y mi familia y, en general, para todos aquellos que siempre han creído en mi inocencia”, afirmó Miguel Ángel Pérez Suarez.

¿Cómo empezó?

La historia de Pérez comenzó en el 2004 cuando llevaba pocos meses en el cargo. A mediados de julio de ese año, los rumores sobre la existencia de un video en el que el mandatario aparecía reunido con paramilitares empezaron a sacudir la región. Los rumores dejaron de serlo y se convirtieron en realidad en noviembre de ese mismo año, cuando Noticias Uno transmitió una cinta en la que el gobernador aparece con un personaje que se hace llamar ‘Fox‘.

Pérez reconoció la autenticidad del video, pero insistió en que se trataba de una celada del grupo paramilitar y que no sabía con quién estaba reunido ni de quién recibía el aporte. Aunque aseguró que devolvió la plata cuando supo el origen, el 22 de diciembre el ente investigador libró una orden de captura preventiva en su contra.

El 16 de junio del 2005, la Policía de Bogotá lo capturó en un asadero de pollos del norte de la capital. Desde entonces ha permanecido en la cárcel La Picota en espera de que la Corte Suprema de Justicia, que tiene la competencia para fallar el caso, tomara una decisión.

Después de varias audiencias, los magistrados de la sala de casación penal del alto tribunal lo condenaron. En la sentencia dijeron que "para la sala es evidente que el doctor Pérez Suárez acudió a la cita conociendo la identidad de sus gestores y de su vinculación con grupos armados ilegales, por lo que al aceptar y recibir el aporte económico incurrió en la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares".

En Casanare la decisión del alto tribunal fue recibida con sorpresa. Sus seguidores siempre dijeron que Pérez había caído en una trampa del grupo político opositor que perdió las elecciones en el 2003. Por eso esperaban que fuera absuelto y hoy ponen en tela de juicio la decisión: "Es una muestra de que hubo intereses políticos oscuros detrás del proceso. Evaluaremos la posibilidad de llevar el caso a una corte internacional", dijo Flavio Vega Barrera, secretario general de la Gobernación de la administración de Pérez.