Celebrando la Constituyente

Respecto a la historia de sus antecedentes y cómo se desarrolló la Asamblea se ha hecho bastante claridad: hasta dónde el cuento de la séptima papeleta es un mito mediático, que no existió ni jurídica ni físicamente, y que por eso no se reveló lo insignificante que fue la cantidad de ‘votos’ depositados (menos de doscientos mil); hasta dónde no fue esa ‘séptima papeleta’ la generadora de la Asamblea Constituyente, sino la voluntad y la decisión de Barco quien, tras dos intentos fallidos de tramitar la reforma por el Congreso, decidió jugársela apelando a un decreto de Estado de Sitio para invitar al referendo que ordenó convocarla; de cómo la Corte Suprema decidió dar vía libre a ese acto que ella misma reconoció inconstitucional, apelando al sofisma de que la causa de la perturbación del orden público era la falta de paz, y que la posibilidad de buscarla a través de las reformas cumplía el requisito de conexidad para aprobar esa contradicción; de que la solución encontrada para no confrontar fuerzas fue la de dividir la presidencia y aceptar indiscriminadamente todas las propuestas, votándolas en comisiones aisladas y creando una colcha de retazos; de cómo no existió lo que hubiera debido ser una instancia para dar coherencia e integralidad a la Carta, o sea el segundo debate en plenaria, porque se perdió lo trabajado por la Comisión encargada de ello; de por qué se firmaron unas hojas en blanco, y cómo se fueron corrigiendo posteriormente con fe de erratas, expidiéndose o excluyéndose artículos por simple decisión de la Secretaría.

Lo que complementa el estudio y lo que realmente interesa –aunque es a lo que menos despliegue se le ha dado– es en qué quedó o qué ha sido de esa Constitución. Se celebra su existencia sin dar importancia a su contenido.

Al respecto se podría argumentar que tan simbólico como fue la firma en blanco ha resultado la condición de Constitución, si se entiende por ello una guía, ancla o referente superior de un orden político y jurídico.

Con 30 reformas más seis que se completan en esta legislatura, tendremos casi dos cambios por año. De su texto y normas principales solo de la Corte Constitucional y la Tutela se puede decir que han pasado el examen. Otras como el Consejo de la Judicatura o la Comisión de Televisión, son consideradas fracasos indeseables y están en vías de desaparecer; las más polémicas –que prácticamente fueron las grandes decisiones en ese instrumento– es decir, la no extradición y la no reelección fueron reversadas; las más reivindicadas resultaron inoperantes, como es el caso de los mecanismos de participación ciudadana (referendos, revocación del mandato) que en 20 años no han sido usados ni una vez; y a las que se les ha intentado dar vida no han funcionado (la moción de censura a los Ministros fracasó incluso contra los mismos que hoy están siendo enjuiciados por los órganos de las diferentes jurisdicciones).

Ha sido tan manoseada que es fácil confundirse respecto a cuándo se habla de una Ley y cuándo de una Reforma Constitucional.

La Paz que se suponía traer se volvió meta inalcanzable con el bombardeo a Casa Verde el mismo día en que se elegían los miembros de la ‘Asamblea para la Paz’, y se convirtió en un enfrentamiento por encima del Estado entre unas guerrillas que se fortalecieron y un paramilitarismo que para mal de la Nación floreció al amparo o con la aceptación del establecimiento.

Lo que se llama ‘choque de trenes’ es solo uno más de nuestros eufemismos para decir que no hay un orden establecido y reconocido con reglas del juego para la confrontación entre los poderes; es decir, la definición misma de anarquía.

Consenso existía desde el fin del Frente Nacional alrededor de la necesidad de tres reformas: al sistema de los partidos, a la estructura de la administración de Justicia, y al régimen de ordenamiento territorial.

En lo primero vivimos fue la desaparición de los partidos, con el absurdo de un orden político que gira alrededor de la antipolítica y los individualismos; nacieron inicialmente 70 minipartidos, van dos reformas constitucionales (2003 y 2008), y hoy vamos para la tercera con el resultado a la vista de la desintegración de los partidos históricos y el caos en un supuesto Partido Verde, un supuesto Partido de la U, y un mal llamado Polo que poca convergencia muestra (partidos que como los antipolíticos serían solo antipartidos).

A la Administración de Justicia simplemente la suplantó la tutela, la que aunque se considera positiva también merece evaluarse. En esencia es un ideal: la protección de los derechos ciudadanos ante las autoridades y el amparo preferencial para los Derechos Fundamentales es lo mínimo que requiere un Estado. Pero lo que debía ser una vía de excepción se volvió no solo una rutina, sino que reemplazó a la Justicia ordinaria que acumula y acumula procesos tanto en la Fiscalía como en los Juzgados sin poder evacuar un porcentaje aunque sea simbólico de los existentes (en total 2,2 millones represados según el Ministro de Justicia, e ingresan anualmente 500 casos por fiscal y más de mil por juez). Además, está a punto de desaparecer, pues la famosa ‘sostenibilidad fiscal’ tiene por propósito específico retirarle ese carácter preferencial y prioritario.

Y en relación con la Ley de Ordenamiento Territorial, que junto con el Estatuto del Trabajo fueron considerados los más urgentes y más importantes que ordenó la Constitución, celebramos el vigésimo aniversario sin que aún se hayan expedido.

Del énfasis en la protección de los Derechos Humanos, la calificación de todos los órganos internacionales como ‘tragedia humanitaria’, con los informes permanentes sobre ‘violaciones sistemáticas’ lo dicen todo.

Se menciona que no es claro si de verdad tiene la orientación de un modelo económico –el neoliberal– o si por su carácter ‘garantista’ tiene también rasgos del modelo socialdemócrata. Al respecto vale aclarar que lo determinante más que lo que se incluyó fue lo que se eliminó: la reforma del 68 ordenó el manejo de la economía bajo el principio de ‘ingresos y salarios’ y se creó la Comisión del Plan para consolidar la intervención y planeación en lo que equivalía a un nuevo cuasi-poder responsable de una continuidad de un modelo de desarrollo (es verdad que nunca operó pero representaba el espíritu que la inspiró); la del 91 ni siquiera menciona la intervención estatal en la economía, y es tan poca la relevancia que se le dio que se aprobaron sin objeciones los Tratados de Libre Comercio que en la práctica son normas supraconstitucionales en las que el Estado renuncia a su soberanía para aceptar la soberanía de los mercados internacionales.

Respecto al título ‘Social de Derecho’, como Estado de Derecho ha sido desconocido más que nunca sobre todo por parte de quienes suponen encarnarlo, como no solo lo prueban los juicios y los choques de trenes sino el nivel de desinstitucionalización que todo el mundo reconoce. Y de lo Social ni se diga, cuando logramos avanzar hacia atrás, hasta llegar a ser el primer país del continente en desigualdad, en desempleo, en desplazados, etc.