Cemento Argos tras daño ecológico

El corregimiento La Playa, ubicado en la vía que conduce de Barranquilla a Salgar y Puerto Colombia, ha cobrado desde hace unos años el interés de los urbanizadores porque allí termina el corredor académico (universidades y colegios), sus tierras tienen magnífica vista sobre Bocas de Ceniza (desembocadura del río Magdalena) y el mar, pero sobre todo porque son baratas y en cercanía a una zona de 1.200.000 metros cuadrados de humedales y arroyos que van a morir a la Ciénaga de Mallorquín, cuerpo de agua polucionado y convertido en laguna de oxidación.

Desde 2006 los habitantes del corregimiento –pescadores, desempleados, desplazados y últimamente profesionales de clase media– vienen denunciando la desecación y relleno del cauce del Arroyo León (que cuando llueve alcanza un caudal rugiente y monstruoso) y, en especial, el cegamiento de uno de sus brazos próximo a la ciénaga, lo que ha causado daño irreparable al ecosistema por desaparición del bosque seco tropical y pérdida de humedales, como resultado de la intervención de la Urbanizadora Villa Santos (Cemento Argos).

El entonces director de la CAR (Corporación Autónoma Regional del Atlántico) Thonny Palencia, apoyado en fotos satelitales y un peritazgo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, presentó la queja al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, (Damab) señalando un desarrollo de vivienda, el Adelita de Char, y la proyección de uno nuevo, Brisas de Mallorquín, como ubicados sobre el antiguo humedal.

A mediados de 2006 el Damab impuso sanción de 3.296 millones de pesos a la constructora Villa Santos pero, inexplicablemente, la notificación nunca llegó a la empresa; ahora los funcionarios y ex funcionarios del ente ambiental están trenzados en declaraciones y contradicciones sobre su ineficiencia, aunque el gerente de la época, Alberto Borelli, reiteró la semana pasada la existencia y validez de la multa. Por su parte la constructora, que dice desconocer la sanción, interpuso oportuno recurso contra el peritazgo del Igac, que confirmaba la afectación indebida del cauce y los irreparables daños ecológicos. El concepto fue modificado meses más tarde por el mismo ingeniero que lo emitió, esta vez dubitativamente, lo que es motivo de investigación por parte de la Contraloría General, cuyo delegado para el medio ambiente, José Manga, dijo al diario El Heraldo que los funcionarios públicos implicados en la aprobación de esos proyectos urbanísticos son responsables y deberán pagar de su peculio el daño causado. Mientras tanto, Urvisa interpuso tutela contra el Damab por considerar que se violó la presunción de inocencia y el debido proceso: pero las fotos satelitales no mienten.

Pero, no sólo hay daño ecológico en esta noticia: presupone un conflicto de intereses para el alcalde Alejandro Char, quien deberá nombrar un alcalde ad hoc para que intervenga en este proceso, porque como urbanizador ha estado asociado a Villa Santos en muchos proyectos; y aunque ha prometido que “no le temblará la mano” para aplicar la sanción, la opinión pública prefiere su distanciamiento en el marco de la ética, ahora que los barranquilleros esperamos un cambio rotundo en los usos y costumbres de la administración pública.

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