Pekín y Ottawa en crisis por condena de muerte a un canadiense

El lunes pasado se produjo un nuevo episodio que marca negativamente las relaciones diplomáticas entre Canadá y China. Esta vez, el protagonista de la historia es un hombre de 36 años que fue acusado por tráfico de drogas ante el Tribunal Popular Intermedio de Dalian, en la provincia nororiental china de Liaoning, y quien para el gobierno canadiense fue sentenciado de “manera arbitraria”.

Se trata de Robert Lloyd Schellenberg, un canadiense que fue detenido en diciembre de 2014 por tener 200 gramos de metanfetamina en su poder cuando ingresó al país asiático, donde lo condenaron a 15 años de prisión y a pagar una multa de 150.000 yuanes (unos 19.000 euros), en noviembre del año pasado.

Pero un mes después, el Tribunal Supremo consideró que el veredicto había sido demasiado "indulgente", por la gravedad de los hechos imputados al canadiense, y decidió reconsiderar la sentencia al imponerle la pena de muerte. De acuerdo con los fiscales, existen nuevas pruebas que conectaban a Schellenberg con una red criminal internacional que planeaba enviar 222 kg de metanfetamina a Australia; motivo por el cual el Tribunal no dudó en aplicar este fallo. 

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La discordia entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau y el gobierno de Xi Jinping, se debe a la ágil y sospechosa mediatización del juicio de Schellenberg. Pues Trudeau calificó como "muy inquietante" que China haya decidido una "aplicación arbitraria" de la pena capital, ya que el tráfico de drogas no está contemplado por el Derecho Internacional como un delito donde puede ser contemplada la pena de muerte. Sumando a esto, que el juicio tardó solo un día y permitió el ingreso de tres periodistas -incluído uno de AFP- para conocer el veredicto, algo poco común en China.

Acontecimiento inusual que para la profesora de derecho en la Seton Hall University de Estados Unidos, Margaret Lewis, “deja en claro que el gobierno chino quiere que el caso alcance la atención internacional” debido a que “la oportunidad del momento es sospechosa y la nacionalidad del condenado hace que sea más flagrante".

Pues según la explicación de la docente, la condena sería una represalia contra Canadá por el arresto que hicieron las autoridades de ese país a Meng Wanzhou, la directiva de Huawei, sobre quien pende un pedido de extradición de Estados Unidos vinculado a la violación de las sanciones a Irán.

Hipótesis que se refuerza porque las autoridades chinas detuvieron al ex diplomático Michael Kovrig y al consultor Michael Spavor, a nueve días del arresto de Meng. Según el gobierno chino, por representar un riesgo para la seguridad nacional.

Desde entonces, las advertencias hacia los ciudadanos respectivos de ambos países no se detienen. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Yang Jiechi, recomendó “evaluar los riesgos vinculados a los viajes a Canadá” con el argumento de que “ciudadanos chinos fueron detenidos de manera arbitraria por exigencias de otros países", en el país norteamericano. Esto como respuesta a la misma solicitud que hizo Justin Trudeau a los canadienses.

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Pero fuera de estas rencillas aún sin superar, lo cierto es que el caso de Robert Lloyd Schellenberg inquieta a la comunidad internacional porque China sigue siendo el país que más práctica la pena de muerte a nivel global. Amnistía internacional, en 2016, reveló que la política radical del gigante asiático cobró la vida de más de 1.000 personas. El informe afirma que “ejecutó a más personas que todos los demás países del mundo en conjunto”, durante ese año.

Esta organización también también cuestiona la condena impuesta al ciudadano canadiense. “La condena a muerte a Robert Schellenberg no sirve a la justicia. Instamos a las autoridades chinas a que la anulen. Los delitos relacionados con las drogas no cumplen las normas internacionales sobre el uso de la pena capital”, mencionó William Nee, investigador de Amnistía Internacional, en su portal web.

¿Qué podría hacer la defensa de Schellenberg para librarlo de esto? El panorama es desalentador. Cuenta con tan solo 10 días para apelar la sentencia y demostrar su inocencia en un país que rara vez se retracta en este tipo de casos.


*Con información de AFP.