El muerto de la habitación 23 del Club el Nogal

El 27 de agosto de 2015 hubo gran revuelo en el hotel del Club El Nogal, en el norte de Bogotá. Había aparecido muerto en su habitación el mexicano Luis Fernando Campos Yanelly, de 42 años, jefe de Tecnología de una firma internacional. La historia ocupó titulares de prensa y abrió un debate sobre la sospecha de que la víctima hubiera fallecido por cuenta de una fuga de gas, hipótesis que el club rechazó: “En relación con las versiones sobre una supuesta fuga de gas, la administración del club reitera que hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del ciudadano mexicano, y por lo tanto manifestaciones como esa seguirán siendo rumores carentes de fundamento”. Han pasado tres años y aunque en el expediente ahora hay pruebas que determinan lo que ocurrió, ni el proceso civil ni el penal han avanzado.

La prueba reina es el informe definitivo del Instituto de Medicina Legal. Los forenses practicaron la autopsia y tomaron muestras para examinar en el laboratorio. Ese peritaje los llevó a la conclusión de que Campos murió tras inhalar inconscientemente monóxido de carbono. Según el dictamen no se hallaron signos externos de violencia y se descartó también el consumo de cocaína, alcohol o cualquier otro estimulante. Pero Medicina Legal, analizando la sangre de la víctima, sí halló “carboxihemoglobina” en una concentración de un 60 por ciento. Este tóxico, más conocido como gas carbono, es inodoro e incoloro por lo que la víctima no lo percibe ni se percata de haberlo inhalado. El informe explica que en concentraciones de entre 50 y 60 por ciento produce “coma, convulsiones, y respiración irregular, mayor de un 60 por ciento paro cardiorrespiratorio y muerte”.

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Esto se suma a lo revelado por las cámaras de seguridad del club y decenas de testimonios. Campos pasó su primera noche allí el 26 de agosto. En la mañana, tras insistentes llamados, las directivas del hotel ingresaron a su habitación y lo encontraron tendido en su cama vivo, pero inconsciente y lavado en su vómito. Lo llevaron de emergencia a la Clínica del Country, donde estuvo todo el día, le practicaron varios exámenes y le diagnosticaron una “enfermedad general”, atribuida al cambio de altura tras el viaje de Ciudad de México a Bogotá. De regreso en el club, el ejecutivo fue a su habitación y recibió en la puerta un pedido del restaurante (un caldo, una bebida hidratante y un té) a las 8:38 p. m. No volvió a salir de allí ni nadie entró. Pero a la mañana siguiente, nuevamente tras insistentes llamados, los directivos del hotel entraron a la habitación 23, pero esta vez encontraron al huésped sin signos vitales.

Al escándalo le siguió una agria disputa entre miembros de la junta directiva del club. Discutían por el manejo dado al asunto luego de que la prensa reveló un e-mail de otro huésped que se hospedó en los mismos días y aseguró haber sufrido desmayos consistentes con un “envenenamiento con gas”, es decir, la misma sintomatología de la víctima fatal. A pesar de todo esto, el club sigue negándose a aceptar responsabilidad alguna. El abogado Jorge Santos Ballesteros, su apoderado, allegó al expediente un extenso memorial con el cual rechaza el informe de Medicina Legal y sostiene que: “No se infiere de ninguna manera y ni por asomo que existiera una fuga de gas en las instalaciones del Club El Nogal para la época de los hechos y en concreto en la habitación 23”.

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Entre tanto, los dolientes de Campos en México –sus dos padres mayores y tres hijos menores de edad que dependían de él económicamente– exigen una indemnización cercana a 3.000 millones de pesos. Pero el proceso penal apenas está en la etapa de indagación preliminar, mientras que en el civil recién se programó la primera audiencia para el 14 de agosto. Aun así, lo más probable es que no se realice, pues se requiere que los padres de Campos comparezcan, y estos han dicho no tener ni recursos ni salud para hacer el viaje. Solicitaron participar vía Skype, como lo permite la ley, pero el juzgado respondió que una cosa dice el código y otra la realidad. Una respuesta sorprendente de quien debe aplicar la ley para impartir justicia.