Reforma tributaria: el gremio gastronómico reitera su rechazo a los impuestos para los alimentos ultraprocesados

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) asegura que previo al estallido de la pandemia, en el país se reportaban abiertos cerca de 90.000 restaurantes y locales de servicios de comida. Pero, debido a la contingencia, se perdieron 235.000 empleos y se cerraron 48.100 establecimientos.

Hoy, cuando el sector presenta números un poco más alentadores, este gremio ve con preocupación algunos de los puntos que toca el proyecto de reforma tributaria radicado en el Congreso. El presidente de Acodres, Henrique Gómez, habló con SEMANA al respecto.

SEMANA: ¿Qué puntos de la reforma tributaria son negativos para el sector gastronómico de Colombia?

Henrique Gómez: Fundamentalmente, los que le ponen impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Estos son insumos de una cadena que está viviendo una escalada por precios de inflación desde el año pasado, lo cual ha impedido y ha postergado la recuperación económica. Nosotros somos un sector que no le puede estar aumentando los valores al consumidor al ritmo que crecen los costos porque, en ese sentido, perdemos muchos clientes. Cada vez que hay un alza en los costos de los alimentos, en los servicios públicos, en los arriendos, se estrecha la posibilidad de ingresos de un restaurante.

Si consideramos que los restaurantes que sobrevivieron a la pandemia traen sobre sí un alto endeudamiento con proveedores y con el sector financiero, pues esto dificulta aún más la recuperación. Entonces, hacemos el llamado a que se reconsideren esos impuestos a los alimentos.

S: En ese sentido, ¿los establecimientos más vulnerables son los pequeños restaurantes que tienen en sus cartas preparaciones con embutidos, por ejemplo?

H.G.: Sin duda, porque en el proyecto radicado por el Gobierno se expresa la intención de gravar alimentos que no tengan mucha preparación culinaria. Cosa que en principio aplaudiríamos como sector gastronómico, porque si la intención es propiciar que los productos tengan mayor elaboración o mayor preparación, pues estaría bien. Lo que pasa es que esto no es un proceso automático.

No todas las personas tienen la posibilidad de implementar técnicas culinarias en sus preparaciones para poder generar ingresos para sus familias. No solo por falta de conocimientos, sino de herramientas y de los utensilios necesarios.

Creemos que hay que tener una consideración con el gran número de familias que derivan su sustento de preparaciones rápidas como es el caso de las salchipapas, una de las preparaciones más vendidas en estratos populares y cuyos insumos se verían gravados por este impuesto. En consideración a ello no vemos conveniente y de impacto positivo este tipo de impuestos.

S: ¿Y qué pasa con las bebidas azucaradas?

H.G.: Son bebidas que tienen un arraigo popular muy grande y son accesibles al bolsillo de las personas. Además, poner un impuesto que desincentive su consumo no sería tan realista. Más bien, el impacto es para quienes viven de comercializarlas porque son fuentes de ingreso fáciles que, si se les quita la accesibilidad, pues un establecimiento pequeño no tendría la capacidad de migrar de manera inmediata a bebidas alternativas. Primero, porque el mercado no las consume, y segundo, porque el factor precio de hoy no marca esa competitividad.

S: ¿La inflación sigue siendo la otra gran preocupación?

H.G.: Tenemos serios problemas en materia de inflación de alimentos. Recordemos que los reportes mes a mes del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) nos han dado cuenta de este incremento escalado. Semanalmente también recibimos el reajuste de precios por parte de varios proveedores y, en ese escenario, el negocio tiene que sostener precios coherentes al mercado para que los clientes no se vayan.

Por eso la consideración de la inflación la debe tener presente el Gobierno. Nosotros insistimos en lo valioso que sería implementar herramientas de competitividad como es hacer que el impoconsumo se reactive de manera gradual.

Esa propuesta se la hicimos al Gobierno anterior, pero desafortunadamente no nos la escucharon. Uno de los argumentos (de la pasada administración) es que la inflación iba a parar en mayo, que aguantáramos, pero en dicho mes nos anunciaron que la inflación seguiría aumentando por dos años. De verdad es muy relevante que el Gobierno nacional considere la coyuntura de la inflación para garantizar la sostenibilidad de los establecimientos formales, que son los que recaudan y pagan impuestos.

S: ¿Qué otras peticiones le hacen al Gobierno?

H.G.: Nosotros creemos que hay una tercera muy importante que tiene que ver con la necesidad de una política pública en materia de gastronomía. Este es el sector que más acerca al campo con la ciudad. Es el que propicia integraciones de producción rural con dinámicas económicas y comerciales en las ciudades.

Detrás de un restaurante no solamente está el equipo de la cadena de servicio, el cual por ser intensivo en mano de obra se convierte en la principal fuente de oportunidades para jóvenes y mujeres en Colombia, sino que también está toda la cadena agropecuaria.

Entonces, con los nuevos propósitos que tiene el Gobierno como las prioridades en materia de seguridad alimentaria y de desarrollo agrícola, la gastronomía adquiere aún más relevancia como un sector estratégico. Esperamos encontrar eco, ya que coincidimos con estas propuestas centrales.

S: ¿Si no se hacen los cambios que como sector solicitan, se acentuaría aún más la crisis en esta industria?

H.G.: Sin duda. En el momento en el que estamos, un impuesto a los alimentos se convierte en un factor que tiene un impacto aún más inflacionario. Y volvemos al punto de la imposibilidad que tenemos de subir ilimitadamente los precios al público. Nosotros debemos tener precios que correspondan a la capacidad de consumo de nuestros clientes. En la medida que nos agreguen costos a las materias primas, con una inflación que no se detiene y se podría denominar como galopante, eso pone en jaque la sostenibilidad de los negocios. Especialmente los formales.

Cuando leemos el mensaje del Gobierno nacional, en el que se entiende que la prioridad de la reforma es el recaudo y el combate a la evasión, pues debería darse una especial consideración a los establecimientos formalmente constituidos, porque son la fuente de ingreso inmediato, sobre todo considerando un impuesto tan sensible y valioso como es el del impoconsumo.

S: En la otra orilla, ¿en qué favorece la reforma tributaria al sector gastronómico?

H.G.: No tocó nada. Por eso subrayamos que sería una muy buena oportunidad para escalar el impuesto al consumo. Hoy se está cobrando el 8 % para los que no son del régimen simple y los que están en régimen simple tienen exención del impuesto hasta el 31 de diciembre.

Entonces, el año entrante, los del régimen simple deberían asumir un 8 %, que es muy oneroso para la situación del sector. Por eso proponemos que en el 2023 baje al 4 %, en 2024 suba al 5 % y en 2025 se quede en 6 %.

A cambio, los establecimientos que están bajo régimen de franquicia se saldrían del régimen de IVA y volverían a impoconsumo. Esto es bueno para el Gobierno porque, insisto, se trata de un régimen tributario muy eficiente. Es importante que nos den una mano a los formales para resistir el embate de la inflación. Creemos que con esto hay un gana-gana.