Hora del revolcón arancelario

A la estructura arancelaria del país le llegó la hora de modernizarse. Tras 20 años de vigencia y algunos cambios puntuales -que según expertos han generado grandes distorsiones-, el pasado 29 de octubre el Gobierno anunció una profunda reforma para mejorar la competitividad, abaratar los costos para los productores y el consumidor final y simplificar la administración aduanera.

El actual esquema arancelario data de comienzos de la década de los 90, cuando entró en vigencia la apertura económica para modernizar el aparato productivo del país. Sin embargo, las fricciones generadas por el nuevo modelo convirtieron el tema arancelario en un asunto vedado y altamente sensible, tanto para el Gobierno como para el sector productivo.

Varias iniciativas en las últimas dos décadas han pretendido introducir cambios en los aranceles y han fracasado en su intento. La más reciente, que comenzó a negociarse a finales de 2007 y fue impulsada por el Ministerio de Comercio, no alcanzó a ver la luz pública debido al rechazo que generó en algunos sectores productivos.

Pero si bien la apertura económica introdujo una reducción sustancial de los impuestos fijados para importar productos, su nivel no ha sido del todo satisfactorio y estos gravámenes siguen siendo más elevados frente a los que registran otros países del vecindario. Para citar solo un ejemplo, Perú tiene aranceles que en promedio no superan el 6%, mientras en Colombia llegan al 12,2%.

Esta nueva realidad motivó al gobierno a formular una propuesta que, en términos generales, ha tenido buen recibo por parte del empresariado. La idea es reformar 4.024 de las cerca de 7.000 partidas arancelarias.

El costo de reducir estos aranceles se estima en $1 billón, que el Gobierno espera compensar con la dinámica por aumento en las importaciones cercano a 0,33%; estímulo en las exportaciones (0,51%); crecimiento de la inversión y del consumo privado (0,24%); creación de 150.000 empleos y crecimiento del PIB (0,22%).

El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, explica que los cambios permitirán que el arancel promedio pase de 12,22% a 8,29%.

Para la presidente de Andigraf, María Reina, "Colombia se había demorado en avanzar en esta reforma, pues mientras en países vecinos los aranceles para materias primas y maquinaria y equipo se han reducido para facilitar la competitividad, en el país se mantenían grandes distorsiones".

Por su parte, el presidente de Acoplásticos, Carlos Alberto Garay, cree que "es positiva la eliminación de aranceles para bienes de capital e insumos no producidos en el país", pero considera que no es suficiente para mejorar la competitividad. "Se hace indispensable la puesta en vigencia, de manera inmediata, de la eliminación de la sobretasa de contribución de energía; la eliminación de las tablas de fletes que inciden de manera significativa en el costo del transporte terrestre; la adopción de una estrategia para atender el mercado nacional con producción local y los grandes proyectos de infraestructura", asegura.

El ministro Díaz-Granados reconoce la necesidad de avanzar en acciones complementarias y asegura que en las próximas semanas, en coordinación con la Dian, se expedirá una reforma al estatuto aduanero "orientada a reducir la discrecionalidad de los funcionarios y facilitar los trámites de comercio exterior". Un tema importante en esta reforma es la reducción en las multas que se imponen por las infracciones, lo cual genera fuertes reclamos por parte del sector productivo.

Además de la reforma aduanera, el Gobierno trabaja en un paquete de medidas y acciones de lucha contra el contrabando, que afecta de manera particular a las confecciones, textiles, calzado y marroquinería.

Desde el Ministerio de Comercio, se buscará promover el uso efectivo de los instrumentos de defensa comercial, como las medidas antidumping o salvaguardias para enfrentar prácticas desleales.

Aunque la reforma está pensada esencialmente para lograr mayor competitividad y alivio en los costos de los industriales, los cambios deberían traducirse en mejores condiciones de precios para el consumidor final, quien, en últimas, será el gran beneficiario.