Enfoque Nacional

La Declaración de la ONU sí protegería a los campesinos colombianos

Aunque Colombia se abstuvo de votar la Declaración de los Derechos Campesinos, esta puede convertirse en una herramienta clave para las decisiones que afectan a los habitantes del campo. Dejusticia y la Red Nacional de Agricultura Familiar explican cómo.

19 de diciembre de 2018
El 17 de diciembre la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos Campesinos, que se discutía desde 2012. | Foto: LEÓN DARIO PELAEZ/ SEMANA

Tras más de 17 años de arduo trabajo de los movimientos campesinos para que sus derechos fueran reconocidos, el pasado 17 de diciembre la Asamblea General de la ONU adoptó formalmente la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Esta es una herramienta del marco normativo internacional que brinda ciertos lineamientos y que permitirá a los países desarrollar y fortalecer políticas específicas que atiendan las particularidades de campesinas y campesinos, pues trae al escenario internacional tres derechos vitales: el derecho a la tierra, el derecho al agua y el derecho a las semillas.

A su vez, la Declaración protege los derechos esenciales del resto de la población, incluyendo la urbana, pues las complejidades del sistema alimentario tienen una estrecha relación con el derecho a la alimentación, a la salud y a un ambiente sano.

La ruta hacia la Declaración inició desde la década de 1990 cuando la Vía Campesina, con el apoyo de FIAN Internacional, el Centre Europe – Tiers Monde (CETIM) y otras organizaciones iniciaron la discusión hasta consolidar el camino para que sus derechos fueran reconocidos por todos los países. El camino se afianzó cuando en el año 2008 estas organizaciones presentaron ante la ONU la Declaración de los derechos de las campesinas y campesinos, el documento que en el 2010 sirvió para llevar a cabo este debate en el seno del Consejo de Derechos Humanos del organismo.


 

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Desde los 90 varias organizaciones campesinas en el mundo han impulsado esta Declaración. © DANIEL REINA | REVISTA SEMANA.


 

 

«Ha sido un camino largo y duro, pero como campesinas, como personas que han visto la cara más amarga de la pobreza y el olvido, también somos resistentes y nunca damos nuestro brazo a torcer».

 ELIZABETH MPOFU, coordinadora general de La Vía Campesina


 

El texto se había discutido desde 2012 durante cinco sesiones de trabajo intergubernamental. Tras la aprobación del texto, la Comisión Tercera de la Asamblea General lo sometió a votación el pasado 19 de noviembre, y la adopción se formalizó el 17 de diciembre con 121 votos a favor, 54 abstenciones y 8 votos en contra. Al finalizar el acto de formalización la Asamblea General de la ONU se dirigió a los Estados miembro e invitó a los gobiernos y a sus agencias a promover la Declaración.

El documento aprobado contiene 28 artículos, los cuales están guiados por seis ejes fundamentales:

 

 -Derecho a un nivel de vida adecuado

 -Derecho a la soberanía alimentaria, lucha contra el cambio climático y conservación de la biodiversidad.

 -Adopción de reformas agrarias estructurales y protección frente al acaparamiento de tierras

 -Derecho a que las y los campesinos puedan conservar, utilizar,  intercambiar y/o vender sus semillas.

 -Derecho a recibir una remuneración digna por sus cosechas y trabajo.

 -Derechos colectivos para contribuir a la justicia social sin ningún tipo de discriminación.

 


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El alcance de la Declaración en Colombia

Colombia fue uno de los Estados que se abstuvo de votar la Declaración de Derechos Campesinos, por lo cual recibió varias críticas de diferentes sectores de la población. Incluso organizaciones sociales, congresistas y académicos enviaron cartas en dos oportunidades al Presidente Iván Duque y a la Cancillería solicitando su respaldo a la Declaración. Sin embargo, el 17 de diciembre en la Asamblea General, el Gobierno de Colombia reiteró su abstención.

Al respecto, César Augusto Bello, funcionario de la Cancillería de Colombia, manifestó que “la posición de Colombia obró en consonancia con el concepto técnico sectorial allegado al Ministerio de Relaciones Exteriores el 17 de noviembre, para cuya elaboración fueron consultadas diversas Entidades del Estado, y en el que se propone que el pronunciamiento de Colombia sea de abstención”.

A pesar de la decisión del Gobierno de abstenerse de votar, la Declaración le da un importante respaldo al campesinado colombiano. El documento será una herramienta fundamental de principios y parámetros de interpretación a la hora de tomar decisiones judiciales, legislativas y/o comunitarias que afecten a la población campesina. Existen tres niveles de incidencia que se podrían ver impactados por la Declaración:

 

Incidencia Normativa. Sobre el reconocimiento de los derechos campesinos la ley colombiana contiene varios vacíos que el Congreso aún no ha llenado. Al tener carácter de normativa general, la Declaración incluye principios que pueden ser usados como herramienta interpretativa de jueces y magistrados para resolver conflictos que involucren al campesinado.

Incidencia Política: El hecho de que la ONU haya adoptado la Declaración es importante en la arena política. Primero, porque genera presión para que los tomadores de decisión a nivel nacional y regional ejecuten herramientas de política pública que sean útiles para resolver asuntos que involucren al campesinado. Segundo, porque ayuda a impulsar aquellas iniciativas de ley sobre garantía y protección de los derechos del campesinado que han estado estancadas en el Congreso de la República, así como también podría ayudar a fortalecer la implementación de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz.

Incidencia en el trabajo de comunidades campesinas: Sin duda la Declaración ayudará a fortalecer los procesos que han liderado las organizaciones campesinas. Al ser reconocidos como sujetos de derechos ante la ONU, las y los campesinos tendrán mayor respaldo para negociar directamente aquellas decisiones y/o políticas que sean de su interés. Además, la Declaración puede servir como instrumento para fortalecer al campesinado en sus procesos de organización.


A pesar de que esta declaración no es de carácter vinculante, desde Dejusticia y la Red Nacional de Agricultura Familiar celebramos su adopción en la ONU e invitamos al Gobierno nacional y a los gobiernos regionales a que se comprometan con el campesinado mediante un proceso de implementación de políticas públicas que reconozcan y garanticen el goce efectivo de sus derechos.


Este artículo fue elaborado por Dejusticia y la Red Nacional de Agricultura Familiar.