Buscan que más de 35.000 veteranos de la Fuerza Pública en Bogotá reciban beneficios de parte del Distrito

La concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, Diana Diago, presentó un proyecto de acuerdo para beneficiar a más de 35.000 veteranos de la Fuerza Pública que hoy hacen parte de las reservas activas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

La cabildante propuso reconocer a los veteranos de la Fuerza Pública por su labor, servicio y entrega al país. “La Fuerza Pública debe ser reconocida por su labor. Los veteranos contarán con beneficios para estudiar, movilizarse y obtener empleo”, mencionó Diago.

Por esto, la cabildante presentó un proyecto de acuerdo que busca beneficiar a los veteranos que se radiquen en Bogotá, así:

Prioridad en Educación Superior: los veteranos y su núcleo familiar tendrán prioridad para acceder a programas de educación superior en el Distrito, incluyendo la Universidad Distrital, en caso de empate con otros aspirantes que cumplan con los requisitos de ingreso.

Descuento en Transporte Público: los veteranos podrán acceder a los beneficios de la “Tarjeta Plus Especial” del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) presentando los documentos que los acrediten como veteranos. La Secretaría Distrital de Movilidad establecerá los mecanismos y requisitos para acceder a este beneficio.

Promoción del Empleo: los veteranos recibirán prioridad en los programas distritales de colocación de empleo, especialmente en áreas relacionadas con la convivencia y seguridad ciudadana, logística, prevención del delito y la violencia.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (Divri), Bogotá es la ciudad que más acoge reservistas en el país, ya que son casi 35.000 retirados.

Además, según un informe presentado por Divri con corte a 2022, en Colombia hay alrededor de 210.000 veteranos, el 87 % son adultos mayores y el 59 % viven en estratos 1 y 2, es decir, afrontan condiciones de vulnerabilidad. Por esto, Diago hizo un llamado al Concejo de Bogotá para debatir y aprobar el proyecto de acuerdo que luego pasaría a sanción de la alcaldesa y comenzaría su desarrollo 6 meses después de la firma de la mandataria.