Compra de votos en la costa está institucionalizada

La práctica de la compra de votos en la costa está tan institucionalizada que unos votantes en Atlántico a quienes les pusieron conejo instauraron una demanda por estafa. Eso dio pie a la exhaustiva investigación sobre corrupción electoral que el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo pública la semana pasada. En la operación más sofisticada, denominada Casa Blanca descubrieron un organigrama digno de cualquier empresa con administradores, punteadores, pagadores, coordinadores y hasta didactas, encargados de enseñar a la gente a votar. Por estas actividades pueden haber cometido delitos como violación de los topes y financiación ilegal de campañas, pero al incluir concierto para delinquir tienen cárcel de entre 4 y 9 años. El tope legal para esa campaña era de 900 millones de pesos. Los hermanos Julio y Mauricio Gerlein están en interrogatorio porque se han encontrado giros de ellos a intermediarios de la Operación Casa Blanca superiores a esa cifra.