Congresistas del Centro Democrático radican proyecto de ley contra la invasión de tierras para proteger la propiedad privada rural

Con el objetivo de proteger la propiedad privada de predios rurales en el país frente a la ocupación ilegal, los congresistas del Centro Democrático, Paola Holguín y Juan Espinal, radicaron este martes una iniciativa legislativa que tiene por objeto reforzar dicha protección, adoptando medidas que busquen garantizar el goce pacífico de este derecho.

La senadora Holguín explicó que lo que se pretende con esta iniciativa es desincentivar las vías de hecho y promover la cultura de la legalidad en todo el territorio nacional, ante el problema de estas invasiones, así como de terrenos baldíos, que ya es de vieja data en el país.

“Que quienes invadan o promuevan la invasión de tierras pierdan cualquier tipo de beneficio y que las tierras invadidas no puedan entrar al banco de tierras que reparte el Gobierno Nacional”, explicó la congresista.

Según un comunicado emitido por los legisladores desde hace aproximadamente un año, el fenómeno se ha agravado exponencialmente debido, fundamentalmente, “a la exacerbación del discurso antiempresa, de odio de clases y de conflictos sociales”.

“Se estima que la problemática afecta a 26 de los 32 departamentos del país, lo que supone un riesgo serio para la estabilidad y la seguridad jurídica de quienes ejercen la posesión o la propiedad legal y pacífica de miles de predios en el territorio nacional, así como la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo de miles de colombianos”, señala la misiva.

Por eso, Holguín y Espinal se unieron en este proyecto que contiene 11 artículos, pues “se requiere la adopción de medidas legales que refuercen el marco normativo vigente, que desincentiven las vías de hecho, promuevan la cultura de la legalidad y faciliten la labor de las autoridades”.

En la iniciativa también se pretende “incentivar el respeto de la propiedad privada, incorporando al ordenamiento jurídico medidas de tipo administrativo que afectan los intereses de quienes recurran a las vías de hecho en la reclamación de tierras”.

Asimismo, este articulado insta al Gobierno nacional “a diseñar e implementar una política que promueva en la población la cultura de la legalidad y prohíba incentivar la ocupación indebida de predios, especialmente rurales”.