Congresistas del Pacto Histórico acudieron a la ONU para denunciar supuesto golpe de Estado contra Gustavo Petro

Los integrantes del Pacto Histórico acudieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar, según ellos, una persecución política en contra de Gustavo Petro.

Por esa razón, entregaron la denuncia y enviaron una carta a António Guterres, secretario general de la ONU, en la que exponen los argumentos de la acción presentada.

El representante Alejandro Toro aseguró que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de la campaña Petro Presidente, que incluyó a Gustavo Petro, es la muestra de que se quiere sacar del poder al mandatario.

“Es impulsada por poderosos grupos económicos y políticos que, al no aceptar el resultado democrático, han decidido forzar la interrupción del mandato presidencial mediante acciones jurídicas y políticas antidemocráticas. Uno de los eventos más alarmantes es la reciente apertura de una investigación por parte del CNE, que ha iniciado un proceso contra el presidente Petro por supuestas infracciones relacionadas con su participación en asuntos políticos. Consideramos que esta actuación del CNE extralimita sus funciones, utilizándose como un instrumento político para intentar deslegitimar y debilitar al presidente y constituye un ataque frontal contra la decisión soberana del pueblo colombiano”, dicen en la carta.

Junto a Toro estuvo la senadora Esmeralda Hernández y otros integrantes del Pacto Histórico que tienen la misma tesis de Petro sobre un supuesto golpe de Estado.

“Nos preocupa profundamente que estas acciones constituyan una violación tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos fundamentales en el ámbito de los derechos humanos y de los cuales Colombia es parte”, reiteran.

Finalmente piden a la ONU que haga un llamado internacional para la defensa del mandato de Gustavo Petro y que se activen “mecanismos de observación y seguimiento, como los establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para garantizar que los derechos políticos y democráticos en Colombia sean respetados, y que las instituciones del país actúen conforme a la Constitución y los tratados internacionales”.