La existencia de contratos de prestación de servicio que se están pagando con recursos de los colombianos sin que la actividad que realizan los contratados represente un aporte para el Estado es parte de lo que el Gobierno tiene en la mira, de cara a la construcción del Plan de Desarrollo para el cuatrienio.
En ese contexto, durante el Congreso de Camacol que se realiza en Cartagena, donde participan representantes del sector constructor, Gobierno y analistas del tema, el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, hizo una denuncia.
En la entidad halló 1.500 contratistas, algunos de ellos viven en Sídney (Australia) y París (Francia), por lo que catalogó el hecho como “una herencia mala”.
Para el funcionario, el Estado no va a cargar con burócratas ni con empleos militantes, por lo cual el compromiso del Gobierno es hacer una transformación que será incluida como uno de los ejes del Plan de Desarrollo que está en construcción, con el fin de que se eliminen los puestos inoficiosos pagados con recursos públicos.
Buitrago aseguró que no se trata de despidos, sino de tener un Estado eficiente con los empleos necesarios.
Otras entidades, como el Ministerio de Trabajo, también han hablado de situaciones similares con las órdenes de prestación de servicios y, de hecho, la ministra Natalia López aseguró que a diciembre se tenían al menos 700.000 contratos de prestación de servicio que no iban más.