Encuentra aquí lo último en Semana
El nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller está en la cuerda floja, todo por un viejo fantasma que lo persigue y que ya lo había sacado de su cargo cuando fue elegido gobernador de Chocó, en 2013. El motivo es que Murillo fue condenado, en 1997, por “peculado por aplicación oficial diferente”, cuando firmó un contrato por 5 millones de pesos con el fin de reparar el techo de la escuela Pascual de Andagoya, pero los recursos salieron del fondo que tenía Codechocó para saneamiento minero. El asunto es espinoso, pues el argumento es claro y, según la demanda, el nombramiento iría en contravía de la Constitución, que señala que “no podrán ser designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado”.
Noticias relacionadas
