Emilio Tapia reconoció que firmó un preacuerdo en el caso de Centros Poblados para “obtener pronta justicia”

En medio de un intenso contrapunteo de preguntas y respuestas, el empresario Emilio Tapia Aldana, uno de los mayores protagonistas de escándalos contra los recursos públicos en Colombia, soltó una confesión.

El contratista, oriundo de Sahagún, Córdoba, reconoció que había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía General en el caso de Centros Poblados “para obtener pronta justicia”.

Esto pese a que fue detenido y enviado a una cárcel en septiembre de 2021 después que se descubriera que había sido el contratista bajo la sombra del billonario convenio con el cual el MinTIC buscaba llevar internet a escuelas rurales de las zonas más apartadas del país.

En medio de las preguntas del juez de conocimiento, Tapia aseguró que era consciente de lo que había negociado junto a su familia y las consecuencias del preacuerdo, entre esto, el hecho que seguirá privado de su libertad en centro carcelario cumpliendo su sentencia.

El preacuerdo fija una pena de seis años y tres meses de prisión, así como el reintegro de los cinco mil millones de pesos que recibió como anticipo del contrato.

Este dinero fue utilizado para la compra de obras de arte, apartamentos, vehículos de lujo, así como el pago de deudas y abogados que lo representaron en otros procesos de corrupción.

Tapia será testigo de cargo de la Fiscalía General en los otros procesos que se adelantan por las irregularidades en la celebración del contrato de Centros Poblados.