Eminencia colombiana en la extinción de dominios presentó sus lineamientos

En el marco del ‘Taller sobre investigaciones patrimoniales, seguimiento de activos y administración de activos obtenidos ilegalmente: herramientas para detección, investigación y confiscación’ participó el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Pedro Oriol Avella Franco y presentó sus lineamientos frente a las acciones que se deben realizar para que el proceso sea más efectivo.

El magistrado, considerado una verdadera eminencia sobre el tema, participó en el foro con la ponencia ‘Temas controversiales en el control de legalidad de las medidas cautelares en extinción de dominio’. Esto debido a su experiencia en la Sala de Decisión Penal de Extinción de Dominio del Tribunal que ha adelantado varias acciones para controlar bienes obtenidos de manera ilícita en diferentes procesos.

Avella Franco es abogado de la Universidad Libre de Colombia. Cuenta con una especialización en Derecho Público, Derecho Administrativo y Responsabilidad Penal del Servidor Público. Es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Egresado del Curso Especial de Posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España).

Cuenta con una experiencia de años la Rama Judicial, siendo oficial mayor de juzgado especializado, juez promiscuo municipal, secretario de Unidad de Fiscalías, fiscal delegado ante Juzgados Penales del Circuito, fiscal delegado ante el Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad es capacitador para el Sistema Penal Acusatorio.

En el foro convocado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT/OEA), la Oficina para Asuntos Internacionales sobre el Narcotráfico y Aplicación de las Leyes (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y la Fiscalía General se presentaron varias ponencias para evaluar los marcos normativos a los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Así como las acciones para detectar, identificar plenamente, investigar y confiscar los activos obtenidos mediante actividades ilícitas. Esto con el fin de hacer un balance y lograr una mayor efectividad e impacto en su desarticulación.