Fijan nueva fecha para que Gustavo Bolívar responda por presunta financiación de la Primera Línea

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Instrucción, fijó una nueva fecha para la versión libre del senador Gustavo Bolívar. El congresista debe responder por una denuncia en su contra por, supuestamente, financiar la Primera Línea. La diligencia se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre ante el magistrado Francisco Farfán.

La denuncia inicial la presentó Víctor Mosquera, defensor internacional del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, Bolívar también fue denunciado por el abogado Bernardo Jaramillo. Aparte de la presunta financiación, otro argumento es que, como consecuencia de la supuesta campaña de Bolívar en redes, varios miembros del partido Centro Democrático “han recibido llamadas y mensajes amenazantes, que los hacen temer por su seguridad, la de sus familias, y que les impiden ejercer sus actividades políticas libres de coacción e intimidaciones”.

SEMANA consultó a la defensa del senador Bolívar sobre este tema, en cabeza del abogado Miguel del Río, quien señala que en este caso el debate se debe centrar en la motivación del congresista que era, según él, “proteger a los jóvenes” de la Primera Línea.

“Pareciera que esta denuncia acude a otro propósito que lo estrictamente penal”, señala. Del Río también explica que: “El senador pretendía comprar elementos de protección porque, cuando él hace la Vaki, había jóvenes que salían a proteger a otros de los embates de la fuerza pública, específicamente del ESMAD, y ya se tenían probados varios casos de agresiones. Esa fue la motivación”.

Cabe señalar que en este caso ha llegado a tal punto la polémica que, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia aseguró que el senador Gustavo Bolívar sí tendrá que terminar respondiendo por semejante aseveración. “Le quiero leer el artículo 345 del Código Penal, que creo que responde su pregunta: ‘Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada”.

Por ahora, el 30 de septiembre entonces será escuchado el Congresista. Los abogados, Víctor Mosquera y Bernardo Jaramillo, quienes presentaron dos denuncias diferentes, ya fueron escuchados por la Corte Suprema.