La estrategia de la Registraduría para evitar que ingresen dineros ilícitos a campañas electorales, ¿de qué se trata?

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, firmaron un convenio interadministrativo de cooperación que tiene como finalidad blindar las elecciones territoriales que se realizarán el 29 de octubre de 2023, sobre la filtración de dinero ilícito en la financiación de campañas políticas.

Durante la firma del convenio, el registrador nacional afirmó que la entidad pondrá a disposición toda la tecnología y las bases de datos de los colombianos para la detección del ingreso de dinero del narcotráfico y grupos armados al margen de la ley, en campañas políticas durante el proceso electoral, con el propósito de evitar eventos de corrupción.

“Vamos a compartir nuestras bases de datos con fines investigativos para evitar que dineros ilícitos intervengan en las campañas, también se busca impedir que familiares de candidatos sean usados para operaciones ilegales. Voto libre y transparente, sobre todo en regiones que están incluidas en el mapa de riesgo electoral”, señaló Alexander

Por su parte, el director general de la UIAF celebró la firma de dicho convenio y reiteró que la Unidad viene trabajando de la mano con todas las autoridades de la Comunidad de Inteligencia y de la Registraduría Nacional para monitorear, prevenir y detectar el financiamiento de campañas políticas con dineros de origen ilícito y así blindar las próximas elecciones regionales, para que la ciudadanía pueda votar con la mayor tranquilidad.

La tecnología de la Registraduría Nacional, con apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero, será clave para revisar todo tipo de alarma frente a la posible financiación ilícita, que tendrá además de sanciones administrativas, investigaciones de tipo penal con procesos ante la Fiscalía General de la Nación.

La entidad permitirá a la UIAF, a través de mesas técnicas de trabajo presenciales, el acceso a información para fortalecer los mecanismos que coadyuven en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo.