Líderes ambientales advierten que proyecto de jurisdicción agraria puede implicar un deterioro ambiental para el país

Un grupo de 34 líderes ambientales publicó una carta en la que le advierten al país que el proyecto de ley de jurisdicción agraria que está en trámite en el Congreso, y para el que el Gobierno nacional envió mensaje de urgencia, podría significar un deterioro ambiental para el territorio colombiano.

Los expertos aseguran que el contenido de ese articulado significaría un retroceso en las conquistas que se han conseguido en la normatividad ambiental y en la protección de la naturaleza del país, lo que terminaría afectando la respuesta que da el Estado colombiano al cambio climático.

“Con este proyecto convertido en ley, se generaría el mayor debilitamiento de la normatividad ambiental en su historia. No solamente se desconocen la Constitución Ecológica, el Código de Recursos Naturales, la conformación del Sistema Nacional Ambiental y los consiguientes desarrollos normativos, sino que se someten a una visión agraria prevalente la función ecológica de la propiedad y en general la protección de la naturaleza. Además, se desconocen las obligaciones adquiridas por Colombia en las convenciones de biodiversidad y de Cambio Climático, que buscan superar la aguda crisis ambiental por la que atraviesa el planeta”, comentaron los expertos en la misiva.

Entre los firmantes están académicos, exministros, exsecretarios de ambiente, congresistas y voceros de organizaciones defensoras de la naturaleza que se unieron para enviar el llamado de alerta de que se necesitan cambios estructurales en el proyecto de jurisdicción agraria para evitar las graves consecuencias que este tendría para la biodiversidad colombiana.

Los firmantes aseveran que el proyecto de ley contiene disposiciones sustantivas agrarias que modifican el marco normativo colombiano en contravía de las luchas que se han alcanzado en términos de justicia ambiental.

El proyecto de jurisdicción agraria propone trasladar los asuntos ambientales que son competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a la Jurisdicción Agraria, una instancia en la que desde su concepción no prevalecerían los derechos ambientales. Además, señalan que ese articulado terminaría creando una “superjurisdicción”.