“Los incendios en Boyacá son provocados”: Juan Carlos Losada

El congresista Juan Carlos Losada calificó como una tragedia ambiental los incendios que han ocurrido durante el año en el páramo Tota-Bijagua-Mamapacha en Aquitania, Boyacá, y además resaltó que, según las características del ecosistema de páramo, es “evidente que los incendios han sido provocados por manos criminales”.

“Si ustedes ven las imágenes de los frailejones quemándose, lo que ustedes verán ahí claramente es que hay gasolina siendo el motor de ese incendio; es evidente que los incendios en los páramos de Boyacá son autoría de manos criminales”.

De igual manera, el representante Losada hizo un llamado urgente a la Fiscalía para que haga presencia en el territorio e investigue los hechos.

“Si se está quemando de manera repetida un páramo en el departamento de Boyacá –enero y febrero, y en marzo ya van cuatros incendios de magnitudes realmente preocupantes–, cómo puede ser que no se aplique la Ley de Delitos Ambientales. ¿Para qué hicimos la Ley de Delitos Ambientales si la van a dejar en el papel?”.

Del mismo modo, envió dos derechos de petición: uno a la Fiscalía General de la Nación y otro a CorpoBoyacá, con el fin de exigir respuestas sobre las acciones que dichas entidades han realizado en torno a frenar los incendios o conocer la justificación de por qué no se ha llevado a cabo ninguna.

La Ley de Delitos Ambientales, autoría del representante Juan Carlos Losada, fue sancionada en julio del año pasado, creando con ella la penalización de la deforestación, el tráfico de fauna, la apropiación ilegal de los baldíos, el ecocidio, entre otros.

Con esta nueva ley, la deforestación, así como su promoción y financiación se convierten en un delito sancionado hasta con 15 años de prisión. También se crean delitos como el tráfico de fauna y la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Además de las penas, se contemplan multas desde 134 salarios mínimos (121.742.484) hasta los 50.000 salarios que es el tope que maneja el Código Penal, una cifra que representa más de 45.000 millones de pesos.