“No es cierto que nos hayan quitado las camionetas”: congresista liberal responde a presidente de la Cámara, David Racero

En medio del debate que se ha generado por los amplios privilegios de los que gozan los congresistas, el representante liberal Carlos Ardila salió a confrontar al presidente de la Cámara, David Racero, a quien acusó de querer “sacar réditos personales” a partir del desprestigio de sus compañeros.

En concreto, Ardila hizo referencia a la resolución que emitió Racero de suspender los vehículos que le entrega la corporación a los secretarios de comisiones constitucionales, legales y especiales, las camionetas que estaban en poder del secretario general, el jefe de la Oficina de Información y Prensa, el coordinador de la Oficina de Control Interno de la Cámara, entre otros.

SEMANA conoció que en total son 15 camionetas propiedad de la Cámara de Representantes y que en adelante dejarían de prestar su servicio a dichas oficinas.

“Las camionetas blindadas deberían ser para los líderes sociales amenazados, asesinados en los territorios y no como Uber personal utilizado para hacer mandados”, apuntó Racero cuando hizo este anuncio.

Sin embargo, en la opinión pública se dio a entender que la suspensión de los vehículos sería también para los congresistas, lo cual, según el representante Ardila “es falso”.

“Eso es falso”, porque “las camionetas de los congresistas dependen del convenio que se suscribe con la UNP y del esquema de seguridad que se haya asignado, más no de la mesa directiva de la Cámara”.

Ardila también criticó que se suspendió entonces el uso de los automotores que forman parte de los activos de la Cámara, “sin que sea claro cuál es el uso que ahora tendrán, si se van a liquidar y en qué condiciones, o si simplemente se van a deteriorar”.

El congresista agregó que “con este tipo de pronunciamientos parece notarse un afán de obtener créditos personales y mediáticos por parte del señor presidente de la Cámara”.

Actualmente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) les asigna a los senadores y representantes vehículos, agentes de la Policía Nacional y escoltas para garantizar las condiciones de seguridad requeridas.

La magnitud de la seguridad depende del riesgo que cada uno corra, pero existe un llamado “kit básico” que proporciona dos camionetas, una en Bogotá y otra en territorio, dos hombres de la Policía y un escolta de la UNP que conduce el vehículo. Mensualmente, los dos vehículos tienen un costo de 26′400.000 pesos.